El Congreso de la República ha presentado una nueva propuesta de ley que busca extender el plazo para la obtención del grado de bachiller de manera automática hasta el 21 de diciembre de 2026.
Esta iniciativa modifica la disposición complementaria final de la Ley 31971, que anteriormente permitió la obtención automática del bachillerato hasta el 23 de diciembre de este año. Durante la pandemia, la normativa fue objeto de varias modificaciones excepcionales que permitieron diferentes extensiones.
El congresista Paul Gutiérrez, miembro del Bloque Magisterial, es el impulsor de este proyecto de ley. Su principal objetivo es facilitar a los estudiantes universitarios la obtención del título de bachiller y minimizar las prácticas deshonestas en la elaboración de tesis.
En la actualidad, el proyecto se encuentra en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, donde se debate y se investiga antes de la emisión de un dictamen final.
Objetivos del proyecto
La propuesta legislativa tiene como uno de sus pilares promover la investigación académica como requisito para obtener el grado de bachiller o título profesional, así como fomentar la incorporación de los graduados de universidades públicas y privadas al mercado laboral.
Para garantizar este enfoque, la normativa establece que únicamente las universidades licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) podrán emitir los bachilleratos automáticos. Esto quiere decir que las instituciones en proceso de licenciamiento o aquellas que no han obtenido la licencia no podrán otorgar este grado de manera automática.
Según la Sunedu, hasta la fecha se han otorgado 97 licencias a instituciones de educación superior que cumplen con los estándares mínimos de calidad educativa necesarios para operar. Estas universidades están habilitadas para emitir los títulos de bachiller de manera automática. Los interesados pueden consultar la lista de universidades licenciadas y aquellas con licenciamiento denegado en el portal oficial de la Sunedu.
Implementación y vigencia de la ley
En las disposiciones complementarias finales del proyecto de ley, se especifica que el Ministerio de Educación (Minedu) tendrá un plazo de 30 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de la ley en el Diario Oficial El Peruano, para establecer las normas reglamentarias. Sin embargo, la falta de reglamentación de alguna disposición de la ley no impedirá su aplicación y cumplimiento.
Actualmente, el Congreso ha remitido el proyecto de ley a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para un análisis y debate exhaustivo. Tras este proceso, se emitirá una resolución definitiva.
Paul Silvio Gutiérrez Ticona, congresista y autor de la propuesta, señala que aunque la Ley Universitaria y sus modificaciones (Leyes 31803 y 31971) han establecido un marco normativo para mejorar la calidad educativa y fomentar la investigación, no se han considerado adecuadamente los obstáculos que enfrentan muchos estudiantes para concluir sus estudios en los plazos previstos. Entre estos impedimentos se mencionan huelgas, paralizaciones y las repercusiones de la pandemia de COVID-19.
Según Gutiérrez, el objetivo fundamental de esta ley es simplificar el proceso de obtención del grado académico de bachiller para los estudiantes universitarios, promoviendo la investigación y asegurando la integridad académica mediante la regulación estricta de la elaboración de tesis y la prohibición de prácticas deshonestas.
Repercusiones y expectativas
La extensión del bachillerato automático hasta 2026 es vista como una medida que podría beneficiar a miles de estudiantes universitarios que enfrentan dificultades para cumplir con los requisitos tradicionales debido a diversas circunstancias, según expertos.
La propuesta busca proporcionar un camino más accesible para la obtención del título de bachiller, garantizando al mismo tiempo que no se comprometan los estándares académicos.
La comunidad universitaria y diversos sectores educativos están atentos al desarrollo y eventual aprobación de esta ley, que promete ser un alivio significativo para quienes buscan culminar su formación superior en un contexto aún afectado por las secuelas de la pandemia y otros factores sociales y económicos.
La Comisión de Educación, Juventud y Deporte tiene ahora la responsabilidad de evaluar detalladamente esta propuesta y considerarla en el contexto más amplio de las necesidades y circunstancias actuales del sistema educativo superior. Se esperará su dictamen para conocer el futuro de laposible extensión.
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