La Academia de la Magistratura (AMAG) expresó su desacuerdo con la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura y del Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia. El rechazo se debe a que estos nuevos organismos, aprobados por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso implicarían la desaparición de la entidad constitucionalmente reconocida en el Perú.
La votación fue respaldada por Martha Moyano, Alejandro Aguinaga y Patricia Juárez de Fuerza Popular; Gladys Echaiz de Honor y Democracia; Lady Camones y Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso; José Elías y Juan Burgos de Podemos Perú; Alex Paredes del Bloque Magisterial; Alejandro Muñante de Renovación Popular; Héctor Valer de Somos Perú y la legisladora no agrupada María del Carmen Alva.
En un comunicado, la AMAG afirmó que es una entidad que desempeña funciones de capacitación, perfeccionamiento y actualización de magistrados. Por tanto, su desaparición no sería recomendable y, en cambio, propone que se le fortalezca con un presupuesto autónomo para mejorar sus responsabilidades constitucionales.
La AMAG destacó que la creación de la nueva escuela sería contraria al principio fundamental de la separación de poderes. Según el comunicado, la propuesta busca “desacertadamente” centralizar funciones y competencias distintas en una sola entidad. Por un lado, la responsabilidad de selección y nombramiento, y por el otro, la capacitación y formación, requieren especialidades diferentes.
Asimismo, la entidad señaló que se intenta fusionar a la Junta Nacional de Justicia con la AMAG en un solo organismo constitucionalmente autónomo, a pesar de que la misión de la Academia es exclusivamente la capacitación de magistrados.
Finalmente, la Academia de la Magistratura expresó su confianza en que los parlamentarios devolverán la propuesta a la comisión para un análisis más profundo, un debate detallado y una reflexión adecuada.
JNJ también expresó su rechazo
A través de un comunicado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) expresó su inquietud por la rápida aprobación del proyecto de reforma constitucional que propone su disolución. La reforma fue aprobada en la Comisión de Constitución con el respaldo de 13 votos y contempla la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura.
La JNJ destacó que esta medida podría representar un retroceso en la administración de justicia y advirtió sobre posibles riesgos de corrupción y repetición de problemas del pasado. El proyecto también permitiría la intervención política en la designación de autoridades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), ya que asigna estas funciones al Senado, que además podría remover a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Cabe mencionar que, en la víspera, el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al gobierno peruano a garantizar la efectividad e independencia de la JNJ. Asimismo, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados manifestaron preocupación por la interferencia del Poder Legislativo, basada en un informe de la Misión Internacional de Observación (MIO).
El documento advirtió preocupaciones respecto a la interferencia política en el funcionamiento de la JNJ, identificando el uso reiterado de juicios políticos sin fundamentación adecuada contra sus miembros, lo cual amenaza su independencia y la del sistema judicial peruano.
Entre las recomendaciones preliminares de la misión se incluyen el ajuste de la regulación sobre el uso del juicio político y la reconsideración de las reformas propuestas que podrían socavar el mecanismo constitucional vigente para la elección de miembros de la JNJ. La misión también recomendó un estudio técnico exhaustivo previo a cualquier modificación en la estructura de la JNJ, que fue establecida tras un referéndum en 2018 con amplia aceptación.
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