La presidenta Dina Boluarte fue denunciada constitucionalmente por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, como autora de delito de cohecho pasivo impropio (soborno), según un documento difundido este lunes por Latina. La acusación, presentada el último viernes ante el Congreso, deberá ser evaluada por la Comisión Permanente, la cual determinará si hay suficientes indicios para admitirla.
De ser aceptada, se creará una Subcomisión de Acusaciones Constitucionales encargada de investigar y emitir un informe, que posteriormente será debatido y votado por la Comisión Permanente. Si se aprueba, el pleno pasaría a revisarla, lo que podría resultar en la suspensión, destitución de la mandataria y un juicio político.
De acuerdo con el documento fiscal citado por la televisora, los artículos de lujo entregados por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a la presidenta —entre ellos tres relojes Rolex y una pulsera Bangle con 94 brillantes— fueron una contraprestación para que emitiera una serie de decretos que beneficiaban a esa región mediante el aumento de sus partidas presupuestarias.
La Fiscalía ha determinado que las joyas utilizadas por Boluarte, valoradas en aproximadamente US$ 32,000, representan “el cuerpo del delito” y que la aceptación de estas “donaciones” constituye un “modus operandi” de acciones ilegales que implican un abuso de su función pública.
El Ministerio Público interpreta estas autorizaciones como “evidencia del ejercicio de poder” en favor de Ayacucho. Villena sostiene, además, que el papel de Boluarte fue crucial para asegurar el presupuesto regional. El destape del caso, conocido como ‘Rolexgate’, la llevó a devolver los artículos de lujo y la enfrascó en un silencio mediático que aun se mantiene.
El Congreso ha rechazado las siete mociones de vacancia presidencial presentadas en menos de dos años, tres de las cuales se fundamentaron en la investigación periodística de La Encerrona, que evidenció el escándalo. Fuerza Popular votó en bloque y en contra de las siete solicitudes. También se reflejó un apoyo significativo de Alianza Para el Progreso (APP), Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú, cuyos integrantes mayoritariamente rechazaron las mociones.
En tanto, el Ejecutivo dispuso la semana pasada presentar una demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público ante un “menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones” de la presidenta. El premier Gustavo Adrianzén designó al Procurador Público Especializado en Materia Constitucional para representar al Gobierno en el proceso ante el Tribunal Constitucional (TC).
Otra demanda anunciada
Por su parte, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) anunció que presentará una denuncia constitucional contra la presidenta por ausentarse del cargo durante 12 días debido a un postoperatorio de intervenciones estéticas. La diputada solicitó al Despacho Presidencial información para corroborar la presencia de Boluarte en actividades oficiales entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, sin poder acreditar su participación presencial.
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