La Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Lava Jato solicita que los apristas Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Luciana León, Hernán Garrido-Lecca, Javier Velásquez Quesquén, Mercedes Cabanillas, Luis Alva Castro, César Zumaeta y Luis Gasco Bravo paguen una reparación civil ascendente a más de 69 millones de soles y un millón 435 mil dólares por los supuestos aportes de Odebrecht a la campaña aprista de 2006.
El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, admitió la participación de la Procuraduría Pública Ad Hoc, como actor civil, en el proceso que se le sigue a los apristas por presunta asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
En esa línea, Concepción Carhuancho también admitió los montos propuestos por la Procuraduría como reparación civil. Estos montos son provisionales, es decir, podrían variar mientras se desarrolle la investigación preparatoria.
Según la declaración de Jorge Barata, Luis Alva Castro era el intermediario de Alan García para recibir aportes de Odebrecht. El exsuperintendente de la empresa brasileña aseguró haber aportado 200 mil dólares. Alva Castro rechazó dicha versión: “Nunca gestioné, solicité y menos recibí aporte alguno del señor Jorge Barata ni de la empresa Odebrecht”.
En tanto, según la tesis del Equipo Especial Lava Jato, Del Castillo, Mulder, Garrido-Lecca y otros representantes del APRA habrían participado en la etapa inicial del delito de lavado de activos: los actos de conversión.
Apristas se defienden
Cuando se formalizó la investigación preparatoria, los apristas acudieron al Congreso de la República a protestar por una supuesta persecución política luego de que el partido recuperara su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
A su turno, el expremier Jorge del Castillo negó que Odebrecht haya aportado 200 mil dólares. No obstante, alegó que, en caso sí haya ingresado dicho dinero, no se habría configurado el delito de financiamiento prohibido de partidos políticos, delito incorporado en el Código Penal en 2019.
La controversia entre lavado de activos y financiamiento prohibido de partidos políticos fue debatida, vía casación, por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. El tribunal supremo estableció que la donación a partidos no es un delito, pero sí constituiría lavado de activos si se determina que el monto aportado tiene un origen ilícito.
Exigen antejuicio
Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén formularon recursos de cuestiones previas ante el Poder Judicial para que la disposición de formalización de investigación preparatoria sea anulada y el caso sea derivado a la Fiscalía de la Nación.
Los excongresistas apristas afirman que el Congreso debe acusarlos constitucionalmente y levantarles el antejuicio político para ser procesados penalmente. En sus recursos, Del Castillo, Mulder y Velásquez alegan que fueron congresistas hasta setiembre de 2019, cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso, por lo que el antejuicio se extendería hasta setiembre de 2024.
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