El Poder Judicial evaluará este jueves a partir de las 5:30 p.m. la solicitud del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) para imponer una medida de 36 meses de prisión preventiva contra Miguel Girao y Abel Hurtado, quienes fungieron como asesores de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La petición de Eficcop se inscribe en el marco de las investigaciones por presunta corrupción vinculadas a Girao y Hurtado, cuyas acciones estarían relacionadas con su desempeño como asesores de Benavides.
Pero no solo esto, la solicitud de prisión preventiva por 36 también alcanza al abogado José Luis Castillo Alva, además de a los empresarios Mirtha Gonzales Yep y Giancarlo Valer Enciso. Asimismo, se ha requerido la misma medida cautelar en contra del oficial de la PNP Jorge Rodríguez Menacho; quien es conocido por el rol que cumplió como el ‘topo’ de la Diviac, el equipo de policías liderado por Harvey Colchado.
La situación de los implicados en la organización criminal de Patricia Benavides
De todos los implicados para los que se solicita la medida cautelar de prisión preventiva por 36 meses, cabe destacar que solo cinco de ellos se encuentran detenidos cumpliendo la medida de detención preliminar que vence este mismo 9 de mayo. Estos son los investigados Miguel Girao, Jose Luis Castillo Alva, Giancarlo Valer Enciso, Jorge Rodríguez Menacho, y Jorge Luis Palomino Quesada, un exfuncionario de la Fiscalía de la Nación.
Por otro lado, de grueso de imputados, también se conoce que tanto Abel Hurtado, como el Mirtha Gonzales Yep lograron salir en libertad el pasado viernes 3 de mayo, luego de que la Quinta Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial dispusiera revocar las órdenes de detención preliminar en su contra.
Como se sabe, todos los intervenidos en el operativo Valkiria XI han apelado el procedimiento de allanamiento; sin embargo, son apenas unos pocos los que han logrado ser eximidos del requerimiento fiscal. La decisión final sobre todos ellos respecto a la solicitud de prisión preventiva será evaluada este jueves por la tarde, en una audiencia que se encuentra programada para las 5:30 p.m.
Los presuntos delitos de cada investigado
Entre las actividades ilícitas, se destacan los sobornos para la destitución de fiscales del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto y el direccionamiento de compras del Ministerio Público hacia proveedores específicos, implicando una suma mayor a S/7,5 millones en equipos de cómputo.
Girao, identificado como el operador político clave de la estructura, habría gestionado influencias ante congresistas para asegurar la estabilidad de Benavides en su posición de poder. Paralelamente, se le acusa de recibir pagos ilícitos por orquestar la remoción de fiscales encargados de investigaciones comprometedoras contra ellos. Hurtado y Castillo, por otro lado, se señalan como colaboradores en estas operaciones, buscando beneficios personales a través de la influencia en procesos constitucionales y judiciales. La pareja de Castillo, Gonzales Yep, es mencionada por su participación activa en la conspiración para remover a fiscales, junto con sobornos al oficial Rodríguez para favorecer a Benavides.
La investigación revela también el papel del empresario Valer y Palomino, este último desde su posición en la gerencia de logística del Ministerio Público, quienes coordinaron el direccionamiento de contrataciones hacia Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C.
Es por estos hechos, que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder ha dispuesto el inicio de investigaciones en contra de cada uno de ellos por el presunto delito de organización criminal. La misma que estaría liderada por Patricia Benavides y que, en el marco de las pesquisas ha sido comprendida en el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’ emprendido por Marita Barreto.
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