La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha dado luz verde a procesar una nueva denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra. Esta acusación, vinculada a la disolución del Congreso en 2019, también implica al ex primer ministro Salvador del Solar y a todos los integrantes de su gabinete. La decisión se tomó durante la sesión del martes 7 de mayo, liderada por Lady Camones, y contó con una aprobación mayoritaria.
Esta medida surge luego de unificar tres acusaciones previas: la número 384 de Alejandro Muñante (Renovación Popular), la 400 propuesta por Patricia Chirinos (Avanza País) y la 466, impulsada por legisladores de Fuerza Popular correspondientes al periodo 2020-2021.
Los cargos se centran en supuestas infracciones constitucionales cometidas durante el proceso que culminó con la disolución del Legislativo, incluyendo también a ex miembros del Tribunal Constitucional por haber validado dicha medida. Sin embargo, la subcomisión ha declinado proceder contra ellos por los delitos específicos de abuso de autoridad y otros señalamientos más graves.
El informe, que resultó en una votación de 15 a favor, uno en contra y una abstención, pasará ahora a la Comisión Permanente para determinar el plazo de investigación. Posteriormente, el caso regresará a la subcomisión para concluir la investigación y elaborar un informe final que deberá ser votado y, de ser aprobado, presentado tanto a la Comisión Permanente como al pleno.
Durante el debate, se argumentó la importancia de incluir a todos los miembros del Consejo de Ministros en las investigaciones. Según la legisladora Patricia Juárez, de Fuerza Popular, es crucial examinar la responsabilidad de Vizcarra y Del Solar en el “quiebre del orden constitucional”.
“Que se investigue la irresponsabilidad de Vizcarra y Del Solar, que quebraron el orden constitucional que claramente fueron contrarias a la ley”, sostuvo. La Subcomisión espera que la investigación aclare los hechos y establezca las responsabilidades pertinentes.
30 de septiembre de 2019
Como se recuerda, el pasado 30 de septiembre de 2019, el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, tomó la decisión histórica de disolver constitucionalmente el Congreso de la República. Esta medida se dio en un contexto de crecientes tensiones y conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, principalmente sobre reformas anticorrupción propuestas por el gobierno de Vizcarra.
La decisión de disolver el Congreso se basó en el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, que otorga al presidente la facultad de disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.
El presidente Vizcarra argumentó que el rechazo a la cuestión de confianza presentada por su gobierno, respecto a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, constituía el segundo caso de negativa a la confianza, después de la censura al gabinete de Fernando Zavala en 2017.
La disolución del Congreso fue seguida inmediatamente por la convocatoria a elecciones legislativas extraordinarias, que se realizaron el 26 de enero de 2020, resultando en una nueva composición del parlamento peruano.
Esta medida, aunque controversial, fue avalada días después por el Tribunal Constitucional, que rechazó las demandas presentadas contra la disolución del Congreso. La decisión de Martín Vizcarra marcó un precedente en la historia política del Perú, siendo interpretada por algunos sectores como un necesario golpe a la corrupción legislativa, mientras que otros la vieron como una medida extrema que puso en riesgo la estabilidad democrática del país.
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