La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos, liderada por Delia Espinoza, estimó la posible condena que afrontaría la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides, implicada en múltiples actos de corrupción.
El aproximado del plazo que pasaría al interior de una cárcel se expuso en el requerimiento de 36 meses de impedimento de salida del país al que accedió El Comercio. En él, se presentaron 183 elementos de convicción para sostener la existencia de graves y fundados elementos, así como el peligro procesal de fuga.
Si bien la defensa legal argumentó que asistieron a todas las citaciones, de acuerdo al documento Benavides Vargas no solo tendría las facilidades para fugar del país, sino que también contaría con relaciones en el ámbito político para lograr sus fines.
“Tomando en cuenta las reglas de sumatoria de penas por el concurso real de delitos que se habrían cometido, que conforme al Art. 50 del Código Penal, no puede ser superior al doble de la pena concreta del delito más grave, esta podría superar los treinta (30) años de pena privativa de libertad en el presente caso. Por lo que, la imposición de una pena grave puede influir en la conducta procesal de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas y en consecuencia evadir la acción de la justicia”, se lee.
¿Cuáles son los elementos de convicción contra Patricia Benavides?
A Patricia Benavides se le acusa de encabezar una supuesta organización criminal, enfrentando investigaciones por varios delitos, incluyendo organización criminal, cohecho pasivo y activo en sus distintas modalidades, y tráfico de influencias agravado.
Las imputaciones específicas comprenden la formación de esta presunta red delictiva, interacciones indebidas con distintos congresistas para, entre otras cosas, influir en la designación del Defensor del Pueblo, lograr la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y la destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia, así como intentos de remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.
A todo ello se le sumó una nueva prueba: el testimonio de un testigo protegido que reveló detalles sobre la conexión de Patricia Benavides Vargas con el abogado Luis Castillo Alva, quien fue arrestado recientemente en el operativo Valkiria XI realizado por la Diviac y Eficcop.
Este afirmó que Benavides Vargas buscaba influir en el Equipo Especial de Fiscales encargado del caso “Cuellos Blancos del Puerto” debido a su vínculo y el de su hermana, Enma Rosaura Benavides Vargas, con implicados en el caso, como Antonio Camayo Valverde y Edwin Oviedo Picchotito.
Según la declaración, Castillo Alva, a través del testigo protegido, facilitó a Benavides Vargas una copia del Informe Policial Nro. 317-2020- DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC relacionado con el caso “Cuellos Blancos del Puerto”, y de la resolución judicial del juez Jorge Luis Chávez Tamariz, la cual autorizaba el envío de dicho documento desde la PNP a la Junta Nacional de Justicia.
“A cambio de los favores recibidos y ante lo solicitado por el TP- 1-2024-FSEDCF, Liz Patricia Benavides Vargas designó como fiscales adjuntos provinciales en el Equipo Especial de Fiscales que investigan el denominado caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, a tres o cuatro personas cuyos nombres le había trasladado dicho testigo protegido, quienes eran personas de entera confianza del abogado José Luis Castillo Alva, quien se encontraba investigado como presunto integrante de la organización criminal”, narró el testigo.
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