El Megapuerto de Chancay representa una infraestructura estratégica para el comercio internacional del Perú. La inaguración de esta obra está prevista en noviembre de este 2024 cuando arribe al país el presidente de China Xi-Jinping. Sin embargo, este portentoso proyecto viene siendo empañado por una serie de alertas relacionadas a una concesión exclusiva que iría en contra de la legislación peruana.
Recientemente se pudo conocer que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) alertó sobre una presunta exclusividad indebida concedida al consorcio Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. para operar el megapuerto de Chancay, lo que podría configurar una barrera burocrática. Este asunto ha llevado a que la titular de Ositran, Verónica Zambrano, considere la posibilidad de presentar una denuncia informativa ante las autoridades competentes, según un informe de Latina Noticias.
El conflicto se centra en la concesión, por 30 años, del uso exclusivo del terminal portuario a la firma china, lo que, según evaluaciones de diversas gerencias dentro de Ositran, contradice lo estipulado en la legislación peruana sobre la explotación de infraestructuras portuarias de uso público.
La Ley N°27943 establece que solo se podría dar bajo las modalidades de asociación en participación, contratos de arrendamiento, concesión, riesgo compartido, gerencia, societarios y entre otras.
Tras ello, la Comisión de eliminación de barreras burocráticas del Indecopi abrió una investigación tras recibir la denuncia informativa por parte de Ositran respecto a este caso. Sin embargo, de manera pública, la institución no se ha pronunciado al respecto.
Megapuerto de Chancay: plazos para que Indecopi resuelva denuncia
De acuerdo con RPP, el pasado 26 de febrero Indecopi tomó conocimiento de la denuncia informativa que cursó Ositran sobre la presunta barrera burocrática impuesta por la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Y en estos momentos, se encuentra evaluando la denuncia a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) de Indecopi.
El plazo máximo para emitir una respuesta es 45 días. Es decir, la decisión puede darse hasta el próximo 2 de mayo, fecha en que vence el plazo para definir si se inicia un procedimiento de oficio o se archiva el caso.
De ser el primer caso, el Indecopi tiene cuatro meses (120 días hábiles) como plazo máximo para definir si hay o no barrera burocrática ilegal. Es decir, para septiembre, habría mayores luces al respecto. Sin embargo, en caso de una apelación de la decisión de la Comisión de Indecopi, se llevará el tema a una Sala Especializada de la entidad como segunda y última instancia, la cual tendría 120 días hábiles como máximo para pronunciarse, lo que significa que el pronunciamiento se conocería recién en enero de 2025.
En palabras de Walter Tapia, presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), su sector ha propuesto una norma para otorgar la exclusividad en el Megapuerto de Chancay. Esto porque en la actualidad no pueden establecer esa prerrogativa mediante autorización administrativa, por ello han presentado un proyecto que no solo beneficiaría a la empresa china Cosco Shipping sino a todas las demás.
Por su parte, el alcalde de Chancay, Juan Álvarez, no cree que la concesionaria china Cosco Shipping tendrá toda la exclusividad para operar en el megapuerto ubicado en la localidad, que debe iniciar sus servicios en noviembre próximo.
“Las oportunidades de trabajo que se den que sea ampliamente deliberado y para todos. Yo creo que la empresa china no va a tener la exclusividad de todo ellos van a tener que decir: ‘bueno, ampliemos la cobertura para oportunidades de otras empresas peruanas que también se den’, pero quedará en manos del Indecopi que ha establecido ya un fallo aparentemente de barreras burocráticas y estamos esperando al Poder Judicial que se decida”, sostuvo.
Cosco Shiping cuestiona demanda de la Autoridad Portuaria Nacional
En respuesta, la concesionaria china Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. manifestó que la demanda realizada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) se presenta tres años después de la emisión de una Resolución pública, la cual “no recibió objeciones” por parte de ninguna entidad. Ante ello, advierten que esta acción plantea “preocupaciones sobre la seguridad y estabilidad jurídica de las inversiones realizadas”.
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