Acoso escolar en aumento: Minedu va registrando 237 casos de bullying, ¿cómo prevenirlo?

Desde que comenzó el 2024, se ha registrado en el Perú 237 casos de bullying o acoso escolar. Según el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (Siseve), del Ministerio de Educación (Minedu), la mayoría de los casos se encuentra en secundaria.

“Este problema tiene un impacto significativo de corto, mediano y largo plazo en la vida de los niños, niñas y adolescentes, ya sea como agresores, víctimas u observadores. Este tipo de violencia afecta negativamente a las víctimas porque disminuye su autoestima y confianza, lo que puede conllevar que padezcan de frecuentes estados de ansiedad, depresión, autoagresión e incluso conducir al suicidio”, dijo a RPP el Manuel Saravia Oliver, director del Instituto Guestalt de Lima (IGL).

En tota, el portal Siseve ha recibido más de 70 mil casos, desde que se creó en el 2013. De este número, 41 mil 400 corresponde a reportes de violencia entre estudiantes y 31 mil 314 de personal de la escuela hacia los mismos alumnos.

¿Cómo prevenir casos de bullying?

De acuerdo con el Ministerio Público, el bullying se puede manifestar a través de acoso físico o verbal de forma continúa hacia una víctima. Esto se presenta mayormente en colegios, pero también podría aparecer en otros entornos, como en la universidad y el trabajo.

“Hay que tener en cuenta que los niños y adolescentes son seres sociales que dependen del juicio de los demás. Por eso, cuando se sienten acosados o ridiculizados, no son capaces de afrontarlo ni comunicarlo, pudiendo generar en él un sentimiento que conduzca a la depresión y los pensamientos suicidas”, explicó Saravia Oliver.

“(Los padres) deben fomentar espacios de diálogo en el hogar y la escucha activa para dar confianza a sus hijos y detectar tempranamente estas situaciones de violencia”, añadió.

Asimismo, el especialista advirtió que entre las primeras señales que los padres deben observar están: la irritabilidad, frustración, no deseo de ir al colegio, tristeza acumulada, falta de higiene personal y cambios en los hábitos de sueño y la alimentación.

Faltan psicólogos en colegios públicos

En la última década, el acoso escolar en Perú ha dejado más de 72 mil estudiantes como víctimas de violencia física, sexual y psicológica, según las estadísticas recopiladas por el sistema SíseVe.

A pesar del esfuerzo de diferentes gobiernos, como la promulgación de la Ley N.º 29719, destinada a fomentar un entorno educativo libre de violencia, expertos señalan que siguen existiendo deficiencias legales que limitan la efectividad de estas medidas.

Una modificación significativa a la ley, realizada en octubre de 2023 mediante la Ley N.º 31902, enfatiza la importancia de los psicólogos en las instituciones educativas. Por ello, estipula que estos profesionales podrán cumplir su Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) en escuelas públicas.

Sin embargo, su implementación enfrenta obstáculos, como la asignación insuficiente de fondos para contratar, lo que reduce su presencia en varias instituciones educativas, especialmente en ciudades como Cañete.

Por otro lado, el ciberacoso ha surgido como un nuevo frente en esta batalla, con la legislación actual careciendo de medidas específicas para combatirlo. El incremento en el uso de redes sociales ha exacerbado este problema, permitiendo que el acoso se extienda fuera del entorno escolar.

“En las instituciones privadas sí podrás encontrar psicólogos, pero en las nacionales no hay. Esto ya escapa de las manos de la UGEL porque todo depende de la responsabilidad económica del Gobierno. Lastimosamente, falta implementar especialistas para todos”, menciona Rosa Marlene Mallma Serva, psicóloga y especialista en Convivencia Escolar en la UGEL 08 de Cañete.

En respuesta a la creciente preocupación por el acoso escolar, se han propuesto nuevas medidas legislativas, incluido un proyecto de ley que promueve la expulsión de estudiantes que incurran repetidamente en estos actos.

Sin embargo, la discusión se centra en encontrar un equilibrio entre sancionar el comportamiento negativo y asegurar el derecho a la educación para todos los estudiantes.