CIDH realizó audiencia exclusiva sobre situación de la Fiscalía en Perú: todos los detalles de las intervenciones

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villenas, aclaró que la finalización de los procesos no depende del Ministerio Público. “Tenemos muchos casos que se ha llevado la acusación o están en etapa intermedia y el señalamiento depende del Poder Judicial”, indicó.

Asimismo, cuestionó que el Parlamento demore en atender las denuncias constitucionales presentadas. “Hemos mandado algunas a las que no se han dado trámite y que se nos ha devuelto después de los cinco años que es el periodo que tienen los altos funcionarios y ahí es la demora, refiriéndome específicamente al caso Cuello Blancos”, declaró.

Posteriormente, se dio por finalizada la audiencia.

El relator para Perú de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón, advierte cómo afectaría la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), impulsada por el Congreso de la República.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, menciona que la Junta Nacional de Justicia fue la que designó al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. ”Si hubiera algún exceso, el mismo sistema tiene que corregirlo. En cuanto a los congresistas, tienen la prerrogativa de presentar proyectos según su leal saber y entender”, señaló Gutiérrez.

Al gobierno de Dina Boluarte se solicitó que “acepte y disponga los medios necesarios para el inmediato funcionamiento del mecanismo dispuesto en el informe de país de la CIDH y que se invite a la Comisión Interamericana a una visita de trabajo”.

Al Congreso de la República se invocó a abstenerse de realizar un uso abusivo de los mecanismos de juicio político contra altos operadores de justicia, incluyendo fiscales supremos.

Mientras que al Poder Judicial se le solicitó resolver oportunamente los casos pendientes que denuncian afectaciones a la independencia de operadores y al Ministerio Público que continúe pronunciándose en defensa de su autonomía.

Además, que se establezca un mecanismo institucional para informar de casos de alto impacto, que se adelanten las investigaciones acorde a los estándares interamericanos y que se evalúe la aprobación de reformas para disminuir el número de cargos provisionales.

Otro de los petitorios estuvo relacionado con el caso del exdictador indultado, “en abierto desacato a la Corte Interamericana”. Pidieron adoptar acciones de seguimiento y que se valore incorporar al país en el Capítulo IV B de su próximo informe anual.

Cruz Silva, integrante del Instituto de Defensa Legal, expresó su preocupación por proyectos de ley que buscan interferir en la independencia y autonomía del Ministerio Público.

Instó a la Fiscalía promover una política de defensa frente a fiscales que son víctima de grupos relacionados a las partes investigadas y cuestionó la actuación del jefe de la autoridad nacional de control, Juan Antonio Fernández Jerí, quien se reunió con congresistas investigados.

Al respecto, solicitaron a la Comisión Interamericana la presentación de un informe sobre la situación en Perú ante el Consejo Permanente de la OEA, monitoreo sobre la estigmatización de fiscales y que continúen pronunciándose públicamente.

El comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana mencionó que la “figura de la acusación constitucional contra los operadores forma parte de un catálogo con alto potencial de debilitar la separación y equilibrio de poderes”. Ante la preocupación por parte de la sociedad civil, sostuvo que aplicarán los instrumentos que la comisión tiene a su alcance.

“La eventual remoción de la Junta Nacional de Justicia afectaría seriamente su funcionamiento y la independencia judicial”, advirtió.

Katia Salazar, representante de la Fundación del Debido Proceso, mencionó que la crisis democrática en Perú se agrava con el debilitamiento de la Fiscalía, que enfrenta interferencia política y presiones externas.

“Vamos a enviar una comisión internacional a revisar el proceso de selección de candidatos a la Junta Nacional de Justicia” mencionó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará hoy viernes 1 de marzo, a las 4:00 pm, una audiencia pública en el que se abordará la situación por la que atraviesa el Ministerio Público de Perú.

La audiencia fue solicitada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Según informó el IDL, la audiencia fue requerida en diciembre de 2023, durante la gestión de la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien seguía en el cargo pese a que su asesor Jaime Villanueva había reconocido el contenido de los chats donde coordinaba con un congresista para interferir en votaciones del Parlamento.

También participará una delegación del Estado peruano, incluido el ministro Eduardo Arana (Justicia y Derechos Humanos) y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

El último miércoles, la CIDH realizó una audiencia de oficio en la que asociaciones civiles de diversos países dieron cuenta sobre la situación de la independencia judicial en sus respectivas naciones.

Por Perú, estuvo la abogada del IDL, Cruz Silva, quien relató las acciones que se han emprendido desde el Congreso contra la Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Silva mencionó los proyectos de ley que buscan declarar en emergencia el Ministerio Público y cesar a todos los fiscales supremos titulares, así como el acoso político y mediático a fiscales anticorrupción que investigan casos emblemáticos o figuras políticas.

La letrada también sacó a colación el intento del Congreso de destituir e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la permanencia de la doctora Inés Tello tras superar los 75 años.

Todas estas acciones fueron escuchadas por la relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, quien este viernes salió en defensa de la JNJ.