La Comisión Permanente del Congreso ha aprobado un plazo máximo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluya la investigación y emita un informe final respecto a las acusaciones contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Revilla Vergara.
Ambos son señalados en la denuncia constitucional 424, presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, bajo los cargos de negociación incompatible y nombramiento ilegal, según se recoge en los documentos oficiales.
El núcleo de la acusación radica en el supuesto nombramiento irregular de Daniel Soria como procurador general del Estado, argumentando que no cumplía con los requisitos necesarios para ejercer tal puesto, destacando la falta de experiencia en la defensa del Estado.
La denuncia fue admitida cumpliendo con los criterios de admisibilidad estipulados en el reglamento del órgano legislativo. La Comisión Permanente del Congreso sesionó desde las 10 a.m. y debatió también de otra denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, por el caso Richard Swing.
Se trata del informe final que recomienda acusar al expresidente y a Patricia Balbuena, exministra del Ministerio de Cultura, por los presuntos delitos de peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia. El documento fue derivado de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre la denuncia que presentó la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Congreso avanza contra Vizcarra por caso Richard Swing
La Comisión Permanente del Congreso aprobó con 25 votos a favor, la acusación constitucional contra el exmandatario Martín Vizcarra relacionada con la contratación presuntamente irregular del cantante Richard Cisneros, mejor conocido como Richard Swing, durante los años 2018 a 2020.
Esta decisión, que propone el levantamiento del derecho de antejuicio político para su prosecución en la Fiscalía, marcará el inicio de un proceso que podría llevar al expresidente a responder ante la justicia por los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para tercero y negociación incompatible.
El informe final, que procede de la recomendación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, destapa una serie de nueve contratos firmados entre el Ministerio de Cultura y Cisneros, sumando un total de S/175.400. Este proceder se encuentra en la mira de la justicia bajo la sospecha de haber constituido actos de corrupción. A pesar de que la exministra de Cultura, Patricia Balbuena, estuvo inicialmente incluida en el informe por delitos similares, la prescripción de los hechos ha llevado a archivar la acusación contra ella, recomendando únicamente el envío del caso al Ministerio Público para su investigación.
Este escándalo, que ya ha llevado a la Fiscalía a denunciar penalmente a 19 personas incluyendo a Cisneros y la exsecretaria general de la Presidencia Miriam Morales, resalta los entramados de corrupción que involucran a altos cargos del gobierno en períodos anteriores. Además, pone de manifiesto la inhabilitación de Vizcarra por 10 años en otro caso de corrupción conocido como el Caso Vacunagate. A pesar de las solicitudes de Vizcarra de levantar su derecho al antejuicio, estas fueron denegadas por falta de sustento legal, marcando un precedente en la lucha contra la impunidad en el país.
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