El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó este jueves 30 meses de prisión preventiva contra nueve implicados y presuntos integrantes de la organización criminal internacional “Los Aplicativos del Mal”, quienes operaban a través de la fachada de Call Center para extorsionar a sus víctimas, quienes eran clientes morosos que tomaban préstamos mediante aplicativos en línea.
De acuerdo a la imputación, esta organización delincuencial estructurada de manera vertical y con distribución de roles, captaba operadores para que realicen llamadas exorsivas y cobros ilegales de dinero, con intereses de más del 40% a sus víctimas, cuyas deudas incrementaban mes a mes y se hacían imposibles de pagar.
La operación se realizaba a través de una oficina rentada en un conocido edifcio en el distrito de Lince, donde los operadoes telefónicos enviaban mensajes intimidatorios y de muerte, de forma masiva a la lista de clientes morosos tanto del Perú como de otros países de la región, para que “Los Aplicativos del Mal” obtengan ilegalmente ganancias, según la investigación de la Fiscalía.
Casi tres años de prisión preventiva
Asi, tras más de un mes de ser detenidos en un megaoperativo coordinado por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, la jueza a cargo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Margarita Salcedo, impuso prisión preventiva para Juan Kwo Leon Chan Pan, quien ha sido sindicado como el pricipal hombre de confianza del jefe de esta organización internacional o como el nexo con los principales integrantes de la organización y los jefes de operaciones en el Perú.
También se dictó esta medida contra Daniel Santeliz Salas, Laura Sánchez Borges, Jeremy Venegas Jara, Glendy Vásquez Azuaje, Jesús Silva Ordinola, Jaime La Puente La Hoz, Guadalupe Castro Barrera, Francisco Morales Cabrejos.
Además, la jueza a cargo del referido órgano jurisdiccional ordenó detención domiciliaria por 30 meses contra Frank Salazar Soto, así como el pago de una caución económica de S/ 5 mil. Además, se dictó comparecencia con restricciones para Hamilton Castro Álvarez y Cinthia De los Santos Vílchez, quienes deberán pagar una caución económica de S/ 3 mil.
La magistrada Salcedo tomo en cuenta la denuncia de las llamadas extorsivas, el testimonio del testigo protegido, el acta de visualización sobre mensajes extorsivos desde celulares, imágenes de trabajadores del call center arrojando sus celulares durante el allanamiento, entre otros, para tomar la decisión de la prisión preventiva.
Operaban desde una oficina en Lince
El pasado 12 de enero, la PNP desmanteló en un megaoperativo a una red criminal internacional que operaban en los distritos de Lince, San Isidro y Cercado de Lima. En el interior de oficinas, estos locales eran utilizados presuntamente para ejercer actividades ilícitas relacionadas con el préstamo ‘gota a gota’. Uno de los puntos de este operativo se encontró en la cuadra 24 de la avenida Arequipa, más precisamente en el edificio El Dorado.
El comandante general de la PNP, Jorge Luis Angulo, resaltó la magnitud de esta operación al identificar a más de 300 personas involucradas con el grupo criminal ‘Los Aplicativos del Mal’, señalando a más de una decena de individuos que ejercían roles de liderazgo dentro de la organización.
Según el Ministerio Público, el líder de la organización fue identificado como Juan Kwo León Chan Pan, quien fue uno de los 14 detenidos durante el operativo. La fiscalía ha detallado que los métodos de extorsión empleados por el grupo incluían llamadas y mensajes de texto amenazantes desde diferentes números de móviles, dirigidos a individuos que previamente habían accedido a préstamos mediante la plataforma ‘Alpacash’.
Las víctimas de esta red solían ser personas en busca de préstamos que prometían facilidad, rapidez pero que implicaban un alto riesgo. La trampa estaba en que estas operaciones financieras se gestionaban con dinero proveniente de actividades ilícitas, principalmente ligadas a mafias criminales.
La disponibilidad de estos préstamos ‘gota a gota’ a través de sitios web y aplicaciones de mensajería como WhatsApp facilitaba a la organización el acceso a información personal de sus víctimas e incluso de sus familias, agravando aún más el impacto de sus acciones delictivas.
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