La Primera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María investiga al alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, omisión de funciones y abuso de autoridad. Ello por el despido de trabajadores del régimen de contratación administrativa de servicios (CAS) indeterminado al inicio de su gestión. Infobae Perú accedió a la resolución fiscal que apertura el caso.
La denuncia fue formulada por un exservidor de la MML, cuya identidad se mantendrá en reserva, que fue despedido arbitrariamente el primer día que López Aliaga piso la Municipalidad de Lima.
La carta con la que se le comunicó el despido fue firmada por la entonces subgerente de personal de la MML, Maritza Cecilia Casaverde Méndez, quien, según la denuncia, no tenía la facultad de dar por finalizados contratos CAS. Ella también viene siendo investigada por presunta usurpación de funciones, omisión de funciones y abuso de autoridad.
El 2 de enero de 2023, personal de seguridad impidió el ingreso al exfuncionario, así como otros cientos de exservidores CAS indefinido cesados intempestivamente por la administración de Rafael López Aliaga.
Según fuentes de Infobae Perú, la Fiscalía citó a Rafael López Aliaga a dar su declaración indagatoria para la quincena de setiembre de 2023. El alcalde de Lima, invocando sus labores como burgomaestre, pidió declarar de manera virtual. Sin embargo, durante el encuentro, habría optado por acogerse a su derecho a guardar silencio.
Respecto a Maritza Casaverde, las mismas fuentes aseguran que la actual jefa de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la MML no se habría presentado a las primeras 3 citaciones que le hizo la Fiscalía, alegando problemas de salud.
Pese a que el plazo inicial de la investigación preliminar —plazo inició en agosto del año pasado— era de 40 días, el Ministerio Público sigue realizando diligencias. Por ejemplo, a mediados de diciembre último, la Fiscalía recibió del Poder Judicial copias del recurso de nulidad que planteó la MML contra la resolución de SERVIR que ordena reincorporar al exservidor que denunció penalmente a López Aliaga y a Casaverde.
La defensa de Rafael López Aliaga
A raíz de esta investigación preliminar, el alcalde Rafael López Aliaga solicitó a la Municipalidad de Lima costear los honorarios del abogado de su elección, el letrado Javier Alarcón Prieto. Infobae Perú se contactó con el doctor Alarcón a fin de obtener los descargos de su patrocinado; sin embargo, invocó la reserva del caso.
En su propuesta de honorarios a la que accedió Infobae Perú, el abogado sí elaboró una “apreciación preliminar de la defensa a desplegar”, que pasaremos a reproducir a continuación:
Esta apreciación preliminar del caso podría caerse con la propia exposición de Maritza Casaverde en la conferencia de prensa del 2 de enero de 2023. En su intervención, la funcionaria, además de negar la pandemia por la COVID-19, reconoce que el cese masivo de trabajadores es una iniciativa de Rafael López Aliaga para destinar recursos a otras áreas.
El fiscal a cargo del caso deberá evaluar lo actuado y decidir si continúa y formaliza la investigación preparatoria contra el alcalde de Lima por presunta usurpación de funciones, omisión de funciones y abuso de autoridad.
Victorias en tribunales
El exservidor que denunció penalmente a Rafael López Aliaga presentó una apelación ante Servir contra el despido arbitrario dispuesto irregularmente por la Subgerencia de Personal de la MML.
El Tribunal del Servicio Civil falló a favor del exservidor: determinó que efectivamente tenía la condición de CAS indefinido y nunca hubo una causa justa debidamente comprobada para dar por concluida la relación laboral.
Por ello, se declaró fundada la apelación y se ordenó a la Municipalidad de Lima a reponer al exservidor en el cargo en el que se venía desempeñando.
Sin embargo, la gestión de López Aliaga hizo caso omiso al mandato de Servir, por lo que el extrabajador decidió demandar a la comuna ante el Poder Judicial. En esta instancia también obtuvo un fallo favorable: un Juzgado de Trabajo ratificó la resolución de Servir y ordenó a la MML restituir al demandante “en el puesto de trabajo que ostentaba u otro de similar naturaleza, respetando la remuneración que tenía antes de su cese”.
En paralelo, la comuna también judicializó la resolución de Servir a favor del exservidor. Se trata de un proceso de nulidad de resolución administrativa. Infobae Perú pudo conocer que, a la fecha, aún no ha sido resuelto por el Juzgado de Trabajo a cargo.
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