Gobierno de Dina Boluarte designa a nuevo procurador general que está investigado por presunta corrupción

El Gobierno de Dina Boluarte decidió en la noche de ayer oficializar la designación del abogado Javier Pacheco como nuevo procurador general del Estado. Este encargatura será de manera provisional ante la suspensión de Daniel Soria Luján, quien fue apartado del cargo el 24 de noviembre pasado a través de una medida cautelar dictada por una comisión ad hoc del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La resolución del nombramiento de Pacheco lleva las firmas de la presidenta Boluarte y del titular del Minjus, Eduardo Arana. En el mismo documento se anota que el funcionario venía desempeñándose como procurador anticorrupción. Precisamente, su gestión en esta oficina se vio involucrada en un escándalo que ha llegado hasta el Ministerio Público.

El programa Panorama emitió en abril pasado un reportaje que detalló que Pacheco contrató de manera irregular a una egresada de administración para su despacho. Se trataba de Katia Portugal Zevallos, quien obtuvo órdenes de servicio que suman alrededor de S/ 35 mil en el 2022 pese a que no registraba mayor experiencia en el Estado.

Ahora, lo más grave de este asunto es que Portugal se vio favorecida con estos contratos porque aparentemente sostendría una relación sentimental con el flamante procurador general del Estado de acuerdo a unas conversaciones de WhatsApp que se transmitieron en el dominical de Panamericana Televisión.

A raíz de esta revelación, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos decidió abrir una investigación preliminar contra Javier Pacheco por el presunto delito de negociación incompatible.

De otro lado, la Procuraduría General del Estado dispuso por intermedio de la resolución D000261-2023-JUS/PGE-PG que Pacheco sea sustituido de su puesto por la abogada Silvana Carrión que está al mando de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato.

“Al encontrarse en calidad de investigado en la investigación seguida en la Carpeta Fiscal N° 104-2023, genera una situación procesal que evidentemente podría afectar su imparcialidad y objetividad en la defensa jurídica del Estado en la referida investigación, siendo inviable que ejerza la defensa del Estado, agregando que por consideraciones similares, tampoco sería razonable que lo sustituya la abogada Yudith Villegas Espinoza, procuradora pública adjunta especializada en delitos de corrupción”, dice el documento del cambio de Carrión por Pacheco.

Sin cabeza por casi un mes

Luego que se removiera a Daniel Soria hace dos semanas, la Procuraduría General del Estado estaba sin un titular fijo. El 29 de noviembre pasado se buscó sin éxito colocar al mando de esta institución a la abogada Nory Marilyn Vega Caro, quien estuvo cinco días en el puesto tras ser destituida por el ministro de Justicia, Eduardo Arana.

Fuentes de Infobae Perú conocieron que Vega fue sacada porque se notó una incompatibilidad en su nombramiento y prensentó su renuncia al cargo al día siguiente de haber tomado conocimiento; ello al constatar que los procuradores públicos no pueden pertenecer al Consejo Directivo de la Procuraduría.

Es así que la procuradora ah hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, determinó que el nombramiento de Vega podría generar cuestionamientos, pues el desempeño de sus funciones no cambiaría a avocarse a ello, sino que comprendería ambas labores, lo que correspondía a una incompatibilidad.

Mientras esto ocurría, Daniel Soria apeló a la resolución que lo suspendió como procurador general del Estado ante el Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Allí interpuso una medida de amparo para que se dicte la nulidad de la medida cautelar que supuso su alejamiento de la institución que lideraba al considerar que se ejecutaron “actos lesivos” contra su persona.

El cambio sorpresivo en la Procuraduría General del Estado llama poderosamente la atención porque desde allí se ha insistido ante la Fiscalía que se llamen a más testigos en la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas antigubernamentales de hace un año. Igualmente, esta institución presentó una serie de denuncias contra congresistas por los sucesivos escándalos que se han registrado a lo largo de este año.