El suspendido procurador general del Estado, Daniel Soria, recusó al viceministro de Justicia, Walther Iberos Guevara, y, en consecuencia, solicitó que se abstenga de intervenir en la comisión del Ministerio de Justicia que lleva el proceso disciplinario en su contra.
El argumento de Soria Luján para solicitar el retiro del viceministro de Justica es por ser una persona cercana a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, cuyo proceso penal por las muertes en protestas cuenta con una participación activa por parte de la Procuraduría.
“El suscrito, en su condición de Procurador General del Estado, viene teniendo una participación activa, pues solicité diversos actos de investigación, tales como la declaración de 40 testigos claves, así como exigimos intervenir en las declaraciones indagatorias de la señora presidenta de la República y del presidente del Consejo de Ministros, lo cual se logró luego de ganar una tutela de derechos en la Corte Suprema”, recordó el letrado.
Los otros integrantes de la comisión ad hoc que lleva el proceso disciplinario contra Daniel Soria son el viceministro Luigino Pilotto, viceministro de Derechos Humanos; y Tiberio Robles, jefe de la Oficina General de Administración.
Pide intervención del PJ
En paralelo a su defensa ante la Comisión ad hoc, el suspendido procurador Daniel Soria solicita al Poder Judicial anular la suspensión que se le impuso en el proceso disciplinario.
Daniel Soria introdujo el recurso de “represión de actos lesivos homogéneos” frente a las resoluciones del Minjusdh que dieron lugar a su suspensión provisional. Esto ocurre en un contexto donde ya había ganado un proceso de amparo en doble instancia para ser restablecido como titular de la Procuraduría luego de ser destituido, lo que fue considerado ilegal, por el expresidente Pedro Castillo y el ex primer ministro Aníbal Torres. Ahora, dentro de la fase de ejecución de sentencia, Soria pide al juez Jonathan Valencia invalidar tanto la formación de la comisión ad hoc como la medida preventiva que lo suspende de su función.
Daniel Soria sostiene que las resoluciones administrativas en cuestión son “actos lesivos manifiestamente homogéneos” a aquellos previamente dictaminados inconstitucionales, según la sentencia a su favor. Su exigencia se centra en que se ordene su restitución inmediata al puesto de procurador general del Estado, haciéndolo bajo las previsiones legales correspondientes. En sus palabras, exige que el Minjusdh lo restablezca en el cargo “bajo apercibimiento de ley”.
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