La Comisión de Fiscalización y Contraloría solicitará ante el Pleno del Congreso de la República que se le otorgue facultades para investigar por un plazo de seis meses a Nicanor Boluarte y la notoria influencia política que tendría en el gobierno de su hermana, la presidenta Dina Boluarte, tal como se ha evidenciado en recientes denuncias periodísticas.
Con 6 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones se pudo sacar adelante la moción. Hay que recalcar que los parlamentarios fujimoristas Vivian Olivos, David Jiménez y Fernando Rospigliosi se opusieron a profundizar en la indagación a Boluarte.
Entre los temas que el grupo de trabajo, liderado por el legislador Wilson Quispe (Perú Libre), buscará indagar está la reunión del alcalde del distrito cajamarquino Nanchoc, Nixon Hoyos, quien resultó beneficiado con 20 millones de soles para obras en su comuna tras reunirse con Nicanor Boluarte en su casa de San Borja el 18 de octubre pasado.
Precisamente, tanto Hoyos como Boluarte no asistieron a la Comisión de Fiscalización que los citó el jueves pasado para brindar sus descargos por este asunto. El primero alegó que no podía acudir por motivos de su agenda en la municipalidad, mientras que el otro dijo que se encontraba curiosamente “mal de salud”. Sin embargo, estas excusas no han servido para evadir a la justicia.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Ministerio Público abrió un expediente a Nicanor Boluarte por la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión. Ayer tenía que rendir su testimonio a las 9:30 horas, pero al final nunca llegó. Situación distinta a Nixon Hoyos, quien declaró el último lunes.
Designaciones y prefectos bajo la lupa
Otro tema que ha sido incluido en el petitorio que se trasladará desde la Comisión de Fiscalización al Pleno son las designaciones de algunos funcionarios vinculados a Nicanor Boluarte en entidades públicas del Estado. Un caso es de Walther Iberos Guevara, quien es el actual viceministro de Justicia.
Según el programa Punto Final, Iberos fue abogado de Boluarte en una investigación fiscal por irregularidades en el recojo de basura de la municipalidad de Comas en el 2019. Sin embargo, el detalle estaba en que cumplía dicha labor cuando asesoraba al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
En su descargo, el letrado aseguró que solo acompañó a una diligencia a Boluarte y no supo más.
No obstante, el portal Epicentro TV difundió una serie de audios de Boluarte con la profesora Maritza Sánchez, a quien le decía que tenía un especial interés en poner a ciertos personajes en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), que depende del Ministerio de Educación.
“Mira, yo te voy a ser franco. Si vamos a administrar lo que tiene Pronied hasta ahora, nos vamos a demorar. Yo en Pronied tendría que cambiar cosas. Yo he estado en la Oficina de Diálogo y permanentemente hemos estado conversando con Pronied para todo el tema de la mesa de diálogo por el tema de infraestructura educativa. Yo siempre a Pronied le he dicho: ‘no podemos cambiar esto, no podemos cambiar esto’. Hay cosas que ajustar, hay cosas que ajustar en Pronied”, se le escucha decir al hermano de la mandataria.
Finalmente, se incluye las denuncias aparecidas en el programa Cuarto Poder y el diario El Comercio que dieron cuenta que Nicanor Boluarte estaría usando a prefectos y subprefectos de diversas regiones del país para recolectar firmas de militantes y dinero que sirvan en la inscripción de su nuevo partido político Ciudadanos por el Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Dicha plataforma apuntaría a participar en las elecciones generales del 2026.
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