
A lo largo de la historia económica del Perú, existe una vasta evidencia sobre el pésimo desempeño de las empresas estatales. Pérdidas monetarias, corrupción, copamiento de cargos públicos, y la ineficiente provisión de bienes y servicios que se quiere atender, han sido características intrínsecas del “Estado Empresario” en nuestro país, sin mencionar el costo que ha representado para todos los peruanos mantener estas empresas y compensar sus pérdidas. Por ejemplo, en el sector hidrocarburos, el Estado en su aventura empresarial, entre los años 1986 y 1992, registró pérdidas por USD 3.912 millones.
Hoy, Petroperú, empresa estatal dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros derivados del petróleo, que en el primer semestre del año perdió USD 380 millones, ha solicitado la capitalización del apoyo financiero de USD 750 millones que se le otorgó en 2022. Es decir, pide no pagar la deuda que tienen que todos los peruanos. Además, pide un aporte de capital de S/ 5.573 millones. ¡Qué fácil es pedirle plata al Estado, a los contribuyentes, a los peruanos, sabiendo que no la va a devolver! Esto tiene que parar.
Se deja de hacer mucho con los cuantiosos recursos que invertimos en empresas estatales ineficientes. Según cálculos de ComexPerú, tan solo los S/ 5,573 millones representan 5.6 veces el presupuesto anual de programas como Pensión 65 y 2.7 veces el de QaliWarma; o, siguiendo con el ejercicio de equivalencias, dicho monto serviría para financiar el 75% de la brecha de infraestructura de saneamiento del departamento de Piura.
Resulta anecdótico, por decir lo menos, que una empresa cuya participación en el mercado de combustibles es de 31%, le vaya tan mal. Incluso, según datos expuestos en su memoria anual, en años anteriores su participación en el mercado era del 50%. ¿Qué clase de empresa que sea principal jugador de su mercado presentaría resultados paupérrimos? Distintas experiencias, actuales y pasadas, evidencian que el Estado Empresario es sinónimo de ineficiencia, lo cual no solo perjudica a la economía peruana, sino claramente a la población y su bienestar. Seguir siendo permisibles con Petroperú le demandará mayores recursos al Estado, peor aún en un escenario donde la economía peruana pierde dinamismo.
Para colmo de males, el Gobierno pretende adjudicar de manera directa a Petroperú los lotes petroleros I, VI y Z-69 en el norte de nuestro país. ¿Es esto acaso una nacionalización del recurso? El Ejecutivo, encabezado por el Ministerio de Energía y Minas, sostienen que Petroperú cuenta con “capacidades” para operar dichos lotes. Viendo los resultados de la empresa estatal, ¿será que tenemos una definición errada de la palabra “capacidades”? Además, señala que necesitaría un socio estratégico para invertir en la parte exploratoria y así aumentar la producción. Es decir, Petroperú no tiene dinero para aumentar la producción en los lotes.
Al respecto de lo anterior, debemos tener en cuenta que la inversión en exploración petrolera no llega ni a US$ 3 millones; mientras que en la década pasada superaba los USD 300 millones. Una Ley de Consulta Previa, sumada a una serie de normativas y trámites engorrosos, habrían terminado por desalentar la inversión en el sector. A la fecha, el Perú produce 40.000 barrilles de petróleo diarios; mientras que en la década de los años 2000 se producían 80.000 barriles, y la demanda actual sería de 250.000 barrilles.
Toda actividad productiva necesita de inversión para producir y crecer; es decir, invertir desde el minuto cero. ¿Realmente vamos a dejar el sector hidrocarburos en manos del “Estado Empresario”? Esperamos que el Gobierno recapacite en su intención y convoque una licitación pública para tales lotes, y así no seguir metiéndole la mano a los bolsillos de todos los peruanos.

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