Economía y democracias zombies: el caso de Perú

El 7 de diciembre de 2022 nos liberamos del gobierno más inepto y corrupto de nuestra historia. Pero hoy la economía y la democracia peruana están en modo zombi. De los problemas económicos, será más o menos fácil salir. De los golpes dados por el Congreso y el Tribunal Constitucional (TC) al estado de derecho, el sostén de la democracia, con la complacencia del gobierno, va a ser difícil.

El PBI de enero-mayo cayó en 0.5 %. Estamos en recesión, crecer más de 1 % este año va a ser complicado, y se vienen los efectos del Niño Costero y del Niño Global. El futuro de la economía, sin embargo, no es malo. Porque el daño principal de Pedro Castillo fue la degradación de la gestión pública, que puede revertirse rápido. Porque están diluyéndose las acciones contra la inversión privada de Castillo. Porque la solidez del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está intacta. Contamos con los actores y los recursos para salir de la recesión y enfrentar a los dos Niños.

En el campo del estado de derecho; es decir, de la sujeción a ley de todos los ciudadanos y las instituciones, se han producido varios atentados que pueden ser irreversibles. Sin su sostén principal, la democracia está, como la economía, en modo zombi.

Veamos por qué.

Porque el Congreso ha inhabilitado a la fiscal Zoraida Ávalos por no investigar a Castillo; a pesar que ella fue la primera que se atrevió a iniciar una investigación en su contra, cosa que ninguno de sus antecesores hizo con ningún presidente. El Congreso ha liquidado la autonomía de las decisiones judiciales: hoy un fiscal o un juez está bajo la amenaza de poder ser inhabilitado por sus votos. Dina Boluarte no ha dicho nada.

Porque el TC ha liquidado la cuestión de confianza, que permitía al Ejecutivo disolver el Congreso. A partir de ahora el Congreso tendrá que rogar al Ejecutivo que lo disuelva, pues el presidente del TC ha dicho, “para que haya disolución, el Congreso es el que debe tener la voluntad de ser disuelto”. Dina no sabe ni opina.

Porque el Congreso, con el apoyo del TC, quiere volarse a las cabezas de los organismos electorales (JNE, ONPE, y el Reniec). Según el artículo 99 de la Constitución, estos organismos no están sujetos al juicio político. Así debería ser, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero el TC, en una acción competencial del Congreso, ha dicho que el artículo 99 debe incluirlos. Con esta norma, al día siguiente de las elecciones de 2021 el congreso habría desaforado a los jefes de la ONPE, el JNE y el Reniec. Lo mismo pasará en el futuro. Dina Boluarte no opina.

Como parte del ataque a la JNJ, la congresista Patricia Chirinos presentó una denuncia constitucional contra sus tres integrantes por haber presionado al presidente del Poder Judicial para que se pronunciara en favor de Zoraida Ávalos.

Jugando en pared, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió investigación preliminar contra los tres integrantes de la Junta por la misma infracción. El móvil de la fiscal parece asociado con tres investigaciones que la JNJ tiene en su contra: el caso Cuellos Blancos (por llamadas telefónicas a Antonio Camayo, empresario implicado en el caso), por haber cambiado a la fiscal que investigaba a su hermana fiscal, por otro que al toque no encontró “elementos de convicción” para seguir investigándola, y por su tesis de maestría y doctorado, que no es habida, y ella no quiere mostrar a nadie.

Este paso a paso del ataque a la democracia cuadra con lo dicho por Chirinos: después de la inhabilitación de Ávalos, “el tercer gran paso será la Junta Nacional de Justicia”.

De la economía zombi vamos a salir. Del daño que el Congreso, el TC y el no sabe ni opina de Boluarte están haciendo a la democracia, no sé ni cómo ni cuándo saldremos.