
La inhabilitación por cinco años de Zoraida Ávalos no es lo único que deberá enfrentar la exfiscal de la Nación. Esta tarde del 8 de julio, se conoció que el Poder Judicial formalizó la acusación preparatoria a cargo del Ministerio Público.
Ávalos es acusada por los presuntos delitos de “omisión, rehusamiento o demora de actos” en la investigación del expresidente Pedro Castillo, quien hoy se encuentra recluido en el penal Barbadillo cumpliendo orden de prisión preventiva.
Esta decisión se dio luego de la formalización desde el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, despacho que preside Patricia Benavides, actual fiscal de la Nación.

Ante la aprobación de esta disposición, asume la competencia el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia. Además, se pidió precisar la dirección de su domicilio. Al igual que la defensa legal deberá asistir a las audiencias, caso contrario podría ser reemplazado.
Zoraida Ávalos inhabilitada
Por su parte, el Congreso de la República decidió inhabilitarla por cinco años a la exfiscal en la función pública, precisamente por este caso. Con 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones, los parlamentarios dieron visto bueno al informe.
Sin embargo, los jueces supremos pidieron una audiencia porque indicaron que se vulneraba “la independencia y autonomía” del sistema judicial. En una primera reunió se suspendió el debate, pero este continúo días después.
Luego de ello, se conoció que no emitirán ningún comunicado y que se da bajo la decisión por “mayoría” de los jueces. Entre sus fundamentos recae que se podría “judicializarse con el riesgo de adelanto de opinión en materia constitucional y penal”.
Como se recuerda, Ávalos pidió que se pronuncie la fiscal Patricia Benavides antes de ser inhabilitada, pero no hubo respuesta como institución. Además, denunció que habría una campaña en contra de ella.

“No se explica, que no solamente no me haya defendido, sino que la doctora Patricia Benavides haya permitido que su personal de confianza, sus asesores, sus coordinadores parlamentarios hayan estado haciendo campaña en contra mía. Han ido a conversar con congresistas ofreciendo archivar casos a cambio de que voten en mi contra”, reveló a RPP.
La exfiscal de la Nación calificó su inhabilitación como “atropello jurídico” y mencionó que se estaba “violando” la independencia del Ministerio Pública como uno de los poderes del Estado. Y señaló que apelará la decisión.
“[...] porque se está violando la independencia de la @FiscaliaPeru. La señal para fiscales - y jueces - es clara: o te alineas con mis intereses o te vas”, escribió en Twitter.
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