
Desde el 7 de diciembre de 2022, el jefe de estado de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha cobrado protagonismo en una arena inesperada: los corredores del poder peruanos. La sombra del mandatario mexicano sobre nuestra nación, sin embargo, no se materializó de forma súbita tras el intento de golpe de estado de su camarada ideológico, el otrora presidente Pedro Castillo. Vale la pena recordar que dicha fraternidad entre ambos políticos data desde los primeros meses de la presidencia del profesor. Después de todo, durante los primeros días de diciembre de 2021, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, visitó el territorio nacional.
Mientras que la visita de Ramírez de la O se dio dentro del marco del XV Congreso Nacional de Turismo celebrado en Lima; el jefe de estado mexicano declaró, en una de sus ruedas de prensa matinales, que el secretario de Hacienda se encontraba aquí con una misión adicional: ofrecerle a Pedro Castillo “ayuda ante la situación difícil” que enfrentaba entonces jefe de Estado.
La posición de AMLO en el Perú, sin embargo, se ha visto accidentada desde la caída de Pedro Castillo. En cuestión de meses, López Obrador pasó de ser el principal aliado del ejecutivo peruano a ser declarado persona non grata por el Congreso. La moción, aceptada primero por la Comisión de Relaciones Exteriores de dicho poder y luego ratificada con 65 votos a favor por el Pleno, fue aprobada en mayo del presente año.
Esto fue el resultado de meses de tensiones entre el gobierno mexicano y el gobierno de Dina Boluarte en el Perú. Hay que recordar que López Obrador se ha negado a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú, citando un supuesto “golpe de estado” contra el expresidente. Esto lleva a la pregunta: ¿por qué se decidió actuar solamente ahora? Si es que el Legislativo tuvo los 65 votos para condenar a AMLO en mayo de 2023; ¿por qué no lo hicieron en diciembre de 2021?

Es clave entender que la decisión de declarar a persona non grata es, inherentemente, una acción política particular que responde a ciertas necesidades. Los réditos políticos que el Legislativo intentaba obtener durante la presidencia de Pedro Castillo, entre julio de 2021 y diciembre de 2022, eran en gran medida dependientes de los desaciertos del gobierno.
Posterior al golpe de estado fallido, AMLO pasa a ser un mandatario que sostenía narrativas basadas en fake news (muy populares en la prensa alternativa local de extrema izquierda) y que atacan la institucionalidad misma de la democracia peruana. Los comentarios del jefe de Estado de México así lo indican: “Sostengo que (Castillo) es el presidente legal y legítimo”; “no aceptan a Pedro Castillo porque es serrano, es indígena” o “se cometió una injusticia al destituir a Pedro Castillo”.
Para entender de una manera más completa la incidencia de la política peruana hay que tener presente la actual naturaleza del espacio político de izquierda en el Perú.
Los votantes recurrentes de la izquierda pueden ser, de manera aproximada, puestos en dos grandes categorías. Existe una izquierda “progresista” fuerte en la academia, ONGs, entre los artistas, con presencia en Lima, urbana y que pone énfasis en causas como el feminismo, las minorías sexuales y el medio ambiente. También existe una izquierda “provinciana”, fuerte en los sectores rurales y en el sur del país, conservadora en lo social y con una mayor cercanía a los proyectos autoritarios de izquierda como Venezuela, Nicaragua o Cuba. Pedro Castillo era un representante del sector “provinciano” de la izquierda peruana.

Si bien los “progresistas” tienen una mayor influencia mediática-cultural, el grueso del electorado izquierdista peruano pertenece al sector “provinciano” y es justamente sobre este sector que López Obrador está mostrando un claro protagonismo.
Un análisis del contenido de los diversos medios digitales y contenido de redes sociales de la izquierda “provinciana” nos muestra claramente que AMLO es el presidente latinoamericano más mencionado en términos positivos.
Se describe al mexicano como un presidente nacionalista que defiende los intereses de su país y se le contrasta una supuesta “derecha vende patria”. Para este sector el populismo poco sofisticado del jefe de Estado norteamericano concuerda más con su visión que otros proyectos más ideológicos de la izquierda latinoamericana.
El sector del Legislativo, hostil a Castillo, pese a las mil y una carencias de ese gobierno, no tenía los votos suficientes para expulsarlo del sillón presidencial. Como bien se sabe, solamente se logró recolectar el número necesario de firmas para la vacancia tras su televisado y fallido intento de golpe de estado. En todo caso, por más criticable que pueda haber sido el accionar politico de este sector del Congreso, se mantuvieron dentro de los límites que la Constitución les permitía.
Y si lo vemos desde un punto de vista meramente pragmático, la mayoría del Parlamento, hoy en día, depende de la viabilidad del gobierno de Boluarte para sobrevivir, y de una forma u otra, llegar al 2026 todavía en sus curules. Condenando a los detractores del gobierno, en un intento de salvaguardar la permanencia de la presidenta en la Casa de Pizarro, estarían buscando apostar por su propia supervivencia, con la esperanza de llegar hasta el final del quinquenio ilesos.

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