La administración de Rafael López Aliaga aún no ha emitido una respuesta oficial sobre si otorgará el permiso para que la Marcha del Orgullo 2023 pueda concluir en la plaza San Martín, en el Centro de Lima, como ha sido tradición desde hace veinte años, pese a las solicitudes de activistas, la Defensoría del Pueblo y la legisladora Susel Paredes (Cambio Democrático - Juntos por el Perú).
En las plataformas sociales de la comuna no hay mención del evento. Tampoco se ha pronunciado el burgomaestre, concentrado últimamente en su polémica playa artificial en San Juan de Lurigancho y la reubicación de comerciantes informales de Mesa Redonda.
Los promotores habían denunciado el mes pasado que la administración de López Aliaga —desaprobado con un 63% en el sector con menos ingresos, según Datum— desatendió dos solicitudes cursadas el 22 de marzo y el 4 de mayo sobre el permiso para emplear uno de los principales emblemas del centro de Lima.
“De momento hemos hecho un trámite con el Ministerio del Interior [para que brinde las garantías en torno a la seguridad, cierre de vías y no afectación del tráfico], con lo cual podamos recibir no solo a personas LGBTI, sino a familias completas, autoridades y hasta representantes de embajadas. Porque la marcha empodera y es una oportunidad para cuestionar la legislación homófoba y transfóbica”, dijo semanas atrás Jorge Apolaya, representante del colectivo Marcha del Orgullo, a Infobae Perú.
Apolaya hizo mención que, con otras administraciones, “la respuesta fue pronta o indicaban que el pedido se derivaría al despacho correspondiente para iniciar los trámites”. Una dilación de este tipo podría ser vista como un rechazo anticipado.
Infobae Perú conoció que esta semana hubo un encuentro entre la comuna y los organizadores, y que eventualmente el término de la marcha sería en la plaza Alameda 28 de Julio. La Municipalidad de Lima no atendió a este medio. Detrás de la burocracia para admitir el permiso está también el conservadurismo de López Aliaga, un político contrario al feminismo y al enfoque de género.
La plaza San Martín se encuentra en una zona intangible para manifestaciones que pongan en “riesgo la seguridad y la salud pública” en el Centro Histórico, según una declaratoria de la Municipalidad Metropolitana de Lima elevada en febrero pasado.
La medida se enmarcó en el contexto de las protestas antigubernamentales y por pedido del burgomaestre, quien dijo que es un paso trascendental para convertir la capital en un centro de atracción turística a escala mundial. La decisión, sin embargo, generó críticas por parte de organizaciones que la consideran una afrenta al derecho a la reunión protegido por la Constitución.
Es la postura de un empresario devoto del Opus Dei, célibe y recurrente al uso del cilicio, quien, según ha declarado, reprime su deseo sexual pensando en la Virgen María.
En 2016, la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio ya había denegado el uso de la plaza San Martín para el término de la Marcha del Orgullo sin motivos técnicos y/o legales. Precisamente, cuando asumió el cargo de Lima, López Aliaga juró por dios y por el propio Castañeda.
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