El Congreso de la República analizará el caso de Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, que cuenta con una recomendación por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para acusarla por infracción constitucional y otros presuntos delitos.
El grupo de trabajo, liderado por la congresista Lady Camones, también le atribuye la comisión de omisión, rehusamiento y demora en actos funcionales tras suspender, en enero del año pasado, la investigación contra el exmandatario Pedro Castillo.
El Pleno evaluará el informe final de la SAC en su sesión de mañana jueves 25 de mayo. El documento también sugiere que Ávalos sea inhabilitada, por un plazo de cinco años, para ejercer cargos públicos.
Sobre este caso, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió un pronunciamiento el último martes 23 de mayo.
“[Nos permitimos] invocar respetuosamente al Congreso de la República la mayor reflexión en torno a la acusación constitucional que se tramita contra la exfiscal de la Nación. Teniendo a la vista que las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia”, se lee en el texto.
En el comunicado, además, se señala que “la judicialización de la política y politización de la justicia son fenómenos contemporáneos que laceran las instituciones y socaban la convivencia social y ciudadana”.
En este marco, también manifiestan que “la justicia no puede ser afectada por la política sin riesgo del quiebre de la autonomí de las instituciones”.
La titular de la SAC lamentó el comunicado emitido por la JNJ y cuestionó que, “quienes tienen que evaluar para ratificar a los fiscales, toman partido” en este caso.
“Las denuncias constitucionales que se ven en la SAC, en la Comisión Permanente y, posteriormente, en el Pleno no determinan la culpabilidad de quienes son denunciados. Nosotros vemos el antejuicio o juicio político para brindarle las facilidades al Ministerio Público para que se acuse ante el Poder Judicial”, precisó.
Camones Soriano añadió que el Parlamento no asegura que Ávalos Rivera haya “cometido un delito, pues eso lo tendrá que ver una sede jurisdiccional”, sino que este “solo facilita a la Fiscalía para que continúe las investigaciones y, formalmente, proceda a plantear una acusación”.
Detalles
El informe final contempla las denuncias 231 y 209, presentadas por el exprocurador Javier Pacheco (anticorrupción) y la legisladora Patricia Chirinos.
El documento, desarrollado por el congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), precisa que Ávalos Rivera cometió la presunta infracción constitucional del artículo 159, inciso 4, de la Carta Magna.
Además, alberga una recomendación para suspenderla tras el manejo de las indagaciones preliminares contra Pedro Castillo. La ex fiscal de la Nación suspendió este proceso, iniciado en enero del año pasado, por los casos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Petroperú y Provías.
“La disposición del 4 de enero de 2022 señala que hay mérito para investigar a Pedro Castillo Terrones por tráfico de influencias en calidad de autor; y colusión, en calidad de participe; y otros delitos que se determinen en el curso de la investigación, debiendose suspender hasta el final de su mandato”, recoge el texto que tuvo como delegado a Bustamante.
Asimismo, se asegura que Ávalos no actuó ante evidentes “hechos irregulares, con características delictivas”, durante la gestión castillista. En este marco, también se le atribuye “inacción” ante las reuniones que el exmandatario tuvo con sus familiares, allegados, ministros, entre otros, en la vivienda ubicada en el Jirón Sarratea, en el distrito de Breña.
“Pese a estos hechos la [entonces] fiscal de la Nación Zoraida Ávalos no abrió investigación preliminar, observándose así su inoperancia, pasividad, silencio y omisión de funciones”, se puntualiza.
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