María Jara fuera de la ATU: las razones de su salida y la contrarreforma que se quiere hacer con el transporte público

María Jara, extitular de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) fue retirada de su cargo en medio de una serie de iniciativas polémicas para favorecer al transporte informal, problemática a la que se enfrentaba constantemente como parte de la entidad autónoma. Una de las características más cuestionadas de esta decisión fue el causal de su despido: la pérdida de confianza. Un término que se incluyó un día antes de su destitución.

Polémica tras polémica. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó una cuestionada norma que modifica el el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la ATU e incorpora el término de “pérdida de confianza de la autoridad proponente” en los causales de vacancia o remoción de los integrantes del Consejo Directivo.

Un día después de que se promulgue esta norma, mediante la Resolución Suprema Nº 009-2023-MTC, María Jara fue despedida por presunta falta de confianza.

“Nosotros no hemos sido designados por confianza, sino de manera regulada, por lo que hay un procedimiento que se tiene que seguir (...). Se está dejando de lado el criterio técnico, la estabilidad y la institucionalidad para privilegiar la afinidad y tener un funcionario sumiso que le diga amén a todas las decisiones de los ministros”, afirmó la exrepresentante.

También se pronunció luego de que fuera destituida del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano y afirmó que el carácter autónomo de esta entidad siempre fue incómodo para aquellos funcionarios públicos que pretendían intervenir en las decisiones de la institución. Sobre todo, de aquellos proyectos de inversión que manejaban altas sumas de dinero.

Contrarreformas y coincidencias

El retiro del cargo de María Jara se dio en el contexto de una serie de polémicas medidas a favor de la formalización de colectiveros de Lima y Callao proveniente del Congreso y la Municipalidad de Lima (MML). Las iniciativas pretenden que los taxis colectivos tengan autorización para circular han sido impulsadas por el propio alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el parlamentario Segundo Montalvo, de Perú Libre (PL). Este último es el autor de la denominada ‘Ley Mordaza’ que atenta contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

La ATU, como entidad especializada en transporte urbano, se ha opuesto en más de una ocasión a estas medidas por el caracter informal, mafias y denuncias de extorsión que traen consigo. Sin embargo, los actores que impulsan estas normas se han mostrado firmes en continuar rumbo a su aprobación.

Una de las muestras de estas disputas se dio recientemente, cuando el alcalde de la MML, el derechista López Aliaga, anunció su intención de formalizar a los autos colectivos y pidió a la Autoridad de Transporte Urbano que realice el empadronamiento de quienes integran estos servicios. No obstante, la entidad dejó en claro que no realizarían ningún registro a estos vehículos porque están prohibidos.

“La ATU no realizará ningún empadronamiento de autos colectivo porque estos están prohibidos en Lima y Callao, según Ley n.° 31096. Como parte de una segunda etapa del programa ‘Pasajero Seguro’, la ATU viene registrando las viviendas que tienen autos particulares a fin de realizar, con la Municipalidad de Lima, una restricción en la av. Arequipa para que circulen sólo buses y vehículos autorizados”, detalló mediante Twitter.

Pese al peligro inminente que representan para los pasajeros, los colectiveros informales cuentan con apoyo de parte de ciertos congresistas. Este poder del Estado ha adquirido un rol particular en esta situación, pues, durante la semana que se modificó el ROF de la ATU y se retiró del cargo a María Jara, Segundo Montalvo (PL) se mostró a favor de legalizar a los taxis colectivos.

El legislador forma parte de la bancada del lápiz, cuyo partido político quiso desmantelar la ATU para ganar la aprobación de más de 200 mil conductores informales.