La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este martes admitir a trámite la denuncia constitucional contra Betssy Chávez, exministra de Trabajo y Promoción del Empleo, por supuestos contratos a allegados para cargos públicos.
La medida obtuvo 18 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. El Ministerio Público la sindica como presunta autora de los delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias agravado.
Según la acusación, el padre del empresario, Antonio Sotelo, fue nombrado como representante de la cartera de Trabajo ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) en el período en que Chávez estaba al frente de ese despacho.
Posteriormente, el mismo Antonio Sotelo fue designado como jefe del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) en Tacna, pese a que contaba con denuncias por supuestos vínculos con mafias del tráfico de terrenos.
El informe periodístico mencionó, de igual modo, que el hermano del empresario, Marco Antonio, fue colocado durante cinco meses como asistente en la oficina de la exministra, pese a que no cumplía con los requisitos formales para el puesto.
Antes de asumir la jefatura del Consejo de Ministros, entre noviembre y diciembre de 2022, Betssy Chávez ejerció como titular de Cultura y de Trabajo en la administración de Pedro Castillo, un cargo por el que fue censurada por el Congreso.
En simultáneo, también era congresista hasta marzo, cuando aprobaron suspenderla de sus labores parlamentarias y acusarla constitucionalmente por rebelión y conspiración ante su supuesta participación en el fallido autogolpe que dio Castillo el 7 de diciembre pasado.
El único legislador que, en esta jornada, se opuso a declarar procedente la denuncia fue Hamlet Echeverría (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), quien integró la disuelta bancada de Perú Democrático, a la que también perteneció la exministra.
Prisión preventiva
De acuerdo con el magistrado Juan Carlos Checkley, existían elementos que la vinculan con los delitos imputados, pero no peligro de fuga ni obstaculización de la investigación.
Entre las medidas de restricción dictadas para la investigada se encuentra el impedimento de salida, comparecencia mensual ante el Poder Judicial, no comunicación con coinvestigados o testigos del caso, y el pago de una caución económica de 100 mil soles.
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