Los 295 bienes incautados por miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional (PNP) a Joaquín Ramírez, alcalde provincial de la ciudad de Cajamarca y exsecretario general de Fuerza Popular, se distribuyeron a nivel nacional. Es así que, por ejemplo, en Trujillo se intervino a doce que le pertenecerían al también empresario.
Según el diario Correo, la primera se trató de la otrora sede de la Universidad Alas Peruanas (UAP), ubicada a menos de diez cuadras del centro histórico de la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’, que está en la avenida Húsares de Junín. Sin embargo, no era la única sede de la mencionada institución.
Había otra sede de la UAP en el distrito trujillano de Víctor Larco y dos inmuebles más en La Esperanza, vinculados con la sociedad conyugal conformada por Joaquín Ramírez y su esposa bajo la empresa Capricornio Import.
Adicionalmente, también los fiscales y policías intervinieron otros inmuebles en las cuadras 14 y 15 de la avenida Túpac Amaru que le pertenecerían al exhombre de confianza de Keiko Fujimori.
A pesar de que a Joaquín Ramírez se le ha vinculado que la Universidad Alas Peruanas es uno de sus bienes más importantes, pues se obvia que el empresario es dueño de varios grifos.
El alcalde de Cajamarca tiene cuatro locales de la empresa Compañía General de Combustibles S.A.C., ubicados en la urbanización Natasha Alta, Alto Mochica y la avenida América Norte.
Mil millones de dólares
El ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó que el operativo de incautación de bienes contra el alcalde de Cajamarca y exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, ha desentrañado el segundo “caso más grande de lavado de activos” en el Perú.
Romero indicó que esta investigación solo es comparada con el caso Orellana, que implicó al empresario Rodolfo Orellana, ahora encarcelado, y descubrió una poderosa red criminal extendida por casi todo el país, con casi 80 involucrados en 112 hechos de lavado de activos.
Según Romero, los resultados del operativo han mostrado “la efectividad y profesionalidad” de la Policía Nacional y la Fiscalía para enfrentar al crimen organizado.
Fiscales y policías se desplegaron en tres distritos de Lima (San Isidro, Surco y Jesús María), así como en Ica, donde incautaron siete aeronaves, propiedad del investigado, en un aeródromo que funcionaba como un “centro de capacitación de pilotos”.
Además, abarcó otros inmuebles vinculados a los 14 investigados, entre ellos Ramírez, quien fue congresista por el partido Fuerza Popular entre 2011 y 2016. Durante este periodo, la Fiscalía le abrió una investigación por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, aunque luego la acusación cambió a lavado de activo.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Ramírez habría financiado con dinero ilícito la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016, cuando cayó en las urnas ante Pedro Pablo Kuczynski.
El empresario hizo uso de préstamos otorgados por la universidad para una serie de empresas suyas de importación, construcción e inmobiliarias por más de ocho millones de soles (dos millones de dólares), que ingresaron presuntamente a los fondos de la campaña de Fujimori, según la Fiscalía.
Investigaciones en su contra
El actual alcalde de Cajamarca afronta actualmente tres investigaciones, uno de ellos en Estados Unidos.
El primero es en La Libertad por presunta falsificación de documentos y fraude procesal. A Ramírez se le acusa de haber presentado documentación adulterada a la empresa Hidrandina sobre una poseción de terrenos en la Comunidad Campesina de Chepén.
Joaquín Ramírez también es acusado por el delito de lavado de activos, caso que lleva la Primera Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del Ministerio Público.
Al exsecretario fujimorista se le acusa por la compra de dos inmuebles valorizados en más de 2 millones de dólares cada uno y por haber recibido, presuntamente, 15 millones de dólares por parte de Keiko Fujimori para lavar dinero en grifos.
También es investigado por la DEA, por pesuntamente haber comprado varios inmuebles en Miami valorizados en 20 millones de dólares y y por la adquisición de un avión en el que invirtió 2 millones 300 mil dólares, cuyos fondos, se sospecha, habría obtenido de manera ilegal.
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