Panamá registra 16,775 denuncias por violencia familiar hasta agosto

El deterioro de la convivencia familiar dejó 16,775 denuncias en Panamá entre enero y agosto de 2026, un incremento de 21.2% frente a las 13,846 registradas durante igual periodo de 2025.

Las cifras preliminares del Ministerio Público revelan que el país acumuló casi 69 casos diarios relacionados con el orden jurídico familiar, aunque no todos corresponden al mismo delito ni involucran las mismas conductas.

La violencia doméstica continuó concentrando la mayor parte de los expedientes, con 12,281 denuncias, equivalentes al 73.2% del total. El resultado supone 2,011 casos adicionales y un crecimiento interanual de 19.6%, al compararlo con los 10,270 reportados hasta agosto de 2025. En términos prácticos, las fiscalías recibieron un promedio de 50 denuncias cada día por este delito.

Los registros se mantuvieron elevados durante todo el periodo, sin que aparezca una reducción sostenida entre los meses analizados. Enero encabezó la estadística con 1,602 denuncias, seguido de mayo con 1,618 y abril con 1,572. Después de bajar a 1,510 en julio, los casos volvieron a subir hasta 1,531 en agosto, unos 49 reportes diarios.

El artículo 200 del Código Penal establece que la violencia doméstica ocurre cuando una persona hostiga o agrede física, psicológica o patrimonialmente a otro integrante de la familia. La disposición comprende matrimonios, uniones de hecho y relaciones de pareja cuya intención de permanencia pueda demostrarse.

La sanción contempla entre cinco y ocho años de prisión, además de tratamiento terapéutico multidisciplinario y medidas de protección para la víctima.

Los datos territoriales muestran que la provincia de Panamá concentró 3,302 denuncias exclusivamente por violencia doméstica, seguida de Panamá Oeste, con 2,892; Chiriquí, con 1,639; y Colón, con 913. En conjunto, estas cuatro zonas reunieron 8,746 expedientes, aproximadamente siete de cada diez casos registrados en el país. Coclé acumuló 826; Veraguas, 695, y San Miguelito, 550.

Sin embargo, el volumen absoluto no muestra por sí solo dónde creció con mayor rapidez el conjunto de delitos familiares. Panamá Oeste pasó de 2,602 expedientes en 2025 a 3,950 en 2026, un salto de 52%. San Miguelito y Veraguas aumentaron 30% cada uno, mientras la comarca Ngäbe Buglé registró un alza de 32% y Los Santos avanzó 23%.

Las cifras geográficas también incluyen maltrato infantil, incumplimiento de deberes familiares y abuso contra adultos mayores.

Después de la violencia doméstica, el maltrato de niños, niñas y adolescentes fue la segunda categoría con mayor incidencia, al sumar 3,019 denuncias, 19% más que las 2,546 del año anterior. De ese total, 2,893 expedientes correspondieron a maltrato intencional y 126 a actuaciones culposas o negligentes, estas últimas con un aumento de 103% en apenas un año.

La diferencia legal es sustancial. El maltrato intencional de una persona menor de edad puede castigarse con dos a cuatro años de prisión, pero la pena sube a entre tres y seis años cuando el responsable es un familiar, tutor, cuidador o educador.

Si la conducta ocurre por culpa o negligencia, la sanción oscila entre seis meses y dos años, arresto de fines de semana o trabajo comunitario.

Los delitos contra la familia llegaron a 606 denuncias, 53% más que las 396 contabilizadas hasta agosto de 2025. Casi todos los casos, 593, fueron por incumplimiento de deberes familiares, principalmente la negativa injustificada a cumplir obligaciones alimentarias o responsabilidades derivadas de la patria potestad. Esta conducta puede recibir de uno a tres años de prisión, arresto de fines de semana o trabajo comunitario.

Otro crecimiento relevante apareció en el maltrato al adulto mayor, que pasó de 624 a 860 denuncias, un aumento interanual de 38%. El artículo 212-A fija penas de tres a cinco años, que aumentan a cuatro o seis cuando el agresor es familiar, cónyuge, cuidador o responsable de una institución.

La legislación considera maltrato el daño físico o emocional, la negligencia, la mala alimentación y la privación de atención médica.

Aunque las estadísticas contabilizan denuncias y no condenas, la expansión simultánea de casi todas las categorías revela una presión creciente sobre fiscalías, tribunales y servicios de protección.

Agosto cerró con 2,164 expedientes relacionados con el entorno familiar, frente a 2,187 en enero. Más que un episodio aislado, los registros describen una incidencia persistentemente alta durante los ocho meses analizados, con menores y adultos mayores también expuestos.