Fondo de casi $13 millones para proteger el Canal genera dudas por su confidencialidad

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) destinará $12.9 millones durante la vigencia fiscal de 2027 a un fondo para reforzar la seguridad de la vía interoceánica, cuya creación ha provocado cuestionamientos entre diputados por el carácter reservado y confidencial de sus documentos, planes operativos y registros contables, así como por el manejo de recursos fuera del presupuesto ordinario de los estamentos de seguridad.

La controversia surgió tras conocerse que la Resolución 230 del 31 de agosto de 2026, publicada en la Gaceta Oficial 30611-A, creó una cuenta especial bajo titularidad del Ministerio de Seguridad Pública. El mecanismo recibirá los aportes de la ACP para financiar las operaciones del Comando Conjunto encargado de proteger áreas específicas e instalaciones relacionadas con el Canal.

Diputados como Jhonathan Vega, Betserai Richards y Patsy Lee cuestionaron la amplitud de la confidencialidad aplicada al fondo, las prioridades establecidas para utilizar el dinero y la identidad de los futuros proveedores.

También plantearon dudas sobre la necesidad de modificar un esquema mediante el cual los estamentos de seguridad han custodiado la ruta durante 26 años con recursos del Estado.

Uno de los principales señalamientos se concentra en que la resolución declara reservados los planes operativos, documentos y registros contables relacionados con el mecanismo financiero. Aunque el Gobierno asegura que existirán auditorías institucionales, los críticos advierten que esa disposición podría limitar la posibilidad de reconstruir públicamente la trazabilidad de las compras, contrataciones y desembolsos efectuados.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, rechazó que el convenio sea secreto. “Este acuerdo no es secreto ni guarda ningún tipo de reserva o confidencialidad que no esté establecida en las leyes del Canal de Panamá”, afirmó durante la sustentación presupuestaria ante la Asamblea Nacional. Agregó que las restricciones fueron incorporadas por solicitud de los directivos de la administración canalera.

Ábrego detalló que la ACP asignará $12.9 millones en el presupuesto correspondiente a 2027 para servicios de patrullaje, seguridad, protección y vigilancia de áreas bajo su competencia. El funcionario explicó que el acuerdo tendrá una duración de tres años y permitirá reforzar las capacidades operativas alrededor de la infraestructura estratégica.

La administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, sostuvo que la asignación de recursos para este propósito no es nueva, debido a que también fue incluida en el presupuesto de 2026. Indicó que la institución mantiene acuerdos con distintas entidades estatales para desarrollar conjuntamente actividades vinculadas con agua, ambiente, operaciones y seguridad.

“Esto fue aprobado en el presupuesto de 2026, el año corriente”, manifestó Espino de Marotta. La funcionaria aseguró que el monto se encuentra dentro del libro presupuestario entregado a la Asamblea Nacional y afirmó que el Canal gestiona sus recursos con transparencia. También confirmó que la vigencia actual ya contempla aportes destinados a estas labores.

Sobre la confidencialidad, explicó que la reserva se limita a los planes relacionados con la protección y seguridad de la vía interoceánica, debido a la sensibilidad de la información. “Más allá de eso, de lo que es la protección del Canal, la parte operativa, no hemos pedido nada más que eso”, señaló la administradora.

El fondo funcionará mediante una cuenta oficial custodiada por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Su administración operativa corresponderá a la Dirección Nacional de Finanzas del Servicio Nacional Aeronaval, bajo supervisión del Ministerio de Seguridad, que deberá registrar los movimientos y conservar los documentos de respaldo.

Antes de efectuar cada gasto, la ACP deberá aprobar un informe que justifique la utilización de los recursos, que posteriormente tendrá que ser validado por el Ministerio de Seguridad. Los desembolsos deberán guardar relación directa con los servicios prestados y contar con comprobantes sobre los bienes, equipos, obras o trabajos efectivamente recibidos.

Las autoridades aseguran que el mecanismo estará sometido a las normas de contabilidad gubernamental y a la fiscalización previa y posterior de la Contraloría General de la República. El Senan elaborará informes financieros periódicos, mientras el ministerio presentará los avances físicos y económicos ante la ACP y las instituciones responsables de supervisar el uso del dinero.

Los recursos podrán financiar patrulleras, lanchas, ambulancias, vehículos 4x4 y equipos para movilidad, vigilancia y atención de emergencias. También se autoriza la compra de radares, sensores térmicos, cámaras de alta definición, lectores de placas, escáneres de rayos X, sistemas biométricos y drones aéreos, terrestres, marítimos o subacuáticos.

El mecanismo permitirá pagar combustibles, mantenimiento, conectividad satelital, sistemas de radiocomunicación, seguros y equipos de protección para agentes que participen en operaciones de alto riesgo. Su alcance comprende siete áreas operativas, 123 comunidades y 26 corregimientos, donde las autoridades buscan ampliar la vigilancia y la capacidad de respuesta institucional.

El Comando Conjunto reúne a la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Sistema Único de Manejo de Emergencias, sin alterar las competencias legales de la ACP. Ábrego vinculó su fortalecimiento con el aumento de las amenazas internacionales y la necesidad de ampliar la capacidad del sistema antidrones.

El ministro recordó que las conversaciones entre ambas instituciones comenzaron en 2023 y fueron retomadas por instrucciones del presidente José Raúl Mulino. Aunque las autoridades defienden la legalidad, fiscalización y necesidad operativa del fondo, el debate seguirá concentrado en determinar si la protección de información sensible justifica mantener bajo reserva los registros contables de casi $13 millones aportados por el Canal.