BCIE financiará estudio para producir vacunas en Panamá

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó una asistencia técnica de $105,000 para Panamá, destinada a elaborar el estudio de factibilidad integral de una planta regional de vacunas y biofármacos.

La instalación tendría capacidad para producir hasta 30 millones de dosis anuales dirigidas a Centroamérica y el Caribe.

El apoyo corresponde a la segunda fase del Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (CRIVB AIP), desarrollado en coordinación con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Los recursos no financiarán todavía la construcción, sino los estudios técnicos, económicos, financieros y ambientales necesarios para establecer si la planta puede desarrollarse de manera sostenible.

La evaluación también deberá precisar los requerimientos de infraestructura, tecnología, operación y financiamiento. Sus resultados servirán para estructurar el proyecto y presentarlo ante potenciales inversionistas, organismos internacionales y aliados científicos, antes de avanzar hacia el diseño definitivo y la búsqueda de recursos para su construcción.

El CRIVB AIP fue creado en 2022 como una asociación de interés público impulsada por la Senacyt, con la misión de estudiar y desarrollar vacunas candidatas desde el laboratorio hasta la fase clínica. Su trabajo se concentra en enfermedades emergentes, reemergentes y otros problemas prioritarios de salud pública.

El centro contempla laboratorios dedicados a patogénesis microbiana, virología, inmunología de enfermedades infecciosas, biofarmacéutica y bioinformática. Sus plataformas tecnológicas incluyen vacunas de proteínas recombinantes y de ARN mensajero, además de anticuerpos monoclonales y otros productos biológicos orientados a la prevención y el tratamiento de enfermedades.

La iniciativa fue concebida en tres fases. La primera incluye el desarrollo de capacidades científicas y una planta piloto, destinada a producir vacunas para estudios clínicos de fase I y II.

La segunda comprende la factibilidad de la planta regional, mientras la tercera estaría relacionada con la manufactura a mayor escala para abastecer distintos mercados.

Cuando el proyecto fue anunciado en 2022, la Senacyt estimó una inversión global cercana a $100 millones para sus tres fases. En aquel momento se autorizaron $3.5 millones para desarrollar la fase inicial, que incluía infraestructura, equipamiento, formación de investigadores y la puesta en marcha de capacidades nacionales especializadas.

El CRIVB fue inaugurado en 2025 y mantiene una alianza con el Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos Bio-Manguinhos, perteneciente a la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil.

El memorando de entendimiento suscrito entre las partes busca facilitar conocimiento técnico y ampliar la capacidad regional de producir vacunas y biofarmacéuticos.

El proyecto también cuenta con respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La cooperación con Fiocruz resulta relevante porque Brasil posee una de las mayores plataformas públicas de producción de inmunobiológicos de América Latina y participa en iniciativas regionales para reducir la dependencia de tecnologías sanitarias importadas.

Centroamérica y el Caribe, con excepción de Cuba, carecen de instituciones industriales dedicadas simultáneamente a la investigación, el desarrollo y la fabricación de vacunas, según la información divulgada por la Senacyt. Esta limitación obliga a los países a depender del suministro externo y los expone a interrupciones durante pandemias o aumentos mundiales de demanda.

No existe una cifra pública consolidada y actualizada que permita determinar cuánto gastan exclusivamente los países centroamericanos en vacunas cada año.

Las compras se realizan mediante presupuestos nacionales, negociaciones directas y mecanismos conjuntos, por lo que sumar montos de diferentes ejercicios podría producir una comparación incompleta o metodológicamente incorrecta.

Como referencia regional, los Fondos Rotatorios de la OPS gestionaron durante 2024 más de $800 millones en vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias para América, pero esa suma incluye a numerosos países y otros productos médicos.

La relevancia económica del proyecto radica principalmente en la elevada dependencia regional de proveedores externos. Una planta con capacidad para 30 millones de dosis no eliminaría automáticamente las importaciones, pues la producción dependerá de licencias, transferencia tecnológica, certificaciones sanitarias y acuerdos de compra, pero permitiría responder con mayor rapidez ante futuras emergencias.

En el acto participaron el canciller Javier Martínez-Acha; el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; el secretario nacional de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría; el gerente del BCIE en Panamá, Mauricio Chacón, y la directora del CRIVB AIP, Paulina Franceschi. Las autoridades destacaron la cooperación institucional como condición para desarrollar la iniciativa.

El estudio deberá determinar si existe demanda suficiente, cuáles productos serían prioritarios y qué modelo financiero permitiría mantener la operación. La aprobación de los $105,000 constituye, por ahora, un paso preparatorio y no la autorización para construir la planta, cuyo desarrollo dependerá de los resultados técnicos y de la obtención del financiamiento necesario.