
La violencia volvió a irrumpir a plena luz del día en las calles de Panamá. Una niña de 10 años y su padrastro fallecieron este martes tras un ataque armado perpetrado en las inmediaciones de la Escuela República de Japón, en el sector de La Locería, corregimiento de Betania, un hecho que también dejó herida a la madre de la menor.
De acuerdo con los reportes preliminares, sujetos que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba la familia.
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La niña recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada de urgencia al Hospital Santo Tomás, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Su padrastro también murió producto de múltiples heridas de bala.
La madre de la menor resultó herida durante el ataque y permanece bajo atención médica. Las autoridades informaron que se encuentra fuera de peligro.

Horas después del crimen, la Policía Nacional confirmó que el hombre fallecido mantenía antecedentes penales. Según las autoridades, había sido condenado previamente por robo a mano armada y, aproximadamente hace un mes y medio, había sobrevivido a otro atentado con arma de fuego en el que también resultó herido.
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“Queremos destacar que mantenemos una línea de investigación y férreos operativos en el sector para dar con la captura de los involucrados en este hecho de sangre", señaló el subcomisionado Demetrio Martínez.
El ataque ha generado conmoción no solo por la muerte de la menor, sino porque vuelve a poner sobre la mesa una preocupación creciente entre la población: el aumento de los llamados daños colaterales en hechos vinculados a la criminalidad organizada y los ajustes de cuentas.
En los últimos meses, varios ataques armados dirigidos contra personas con antecedentes o bajo seguimiento de grupos criminales han terminado cobrando la vida de personas ajenas a los conflictos que originaron la violencia.
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Uno de los casos más recordados ocurrió recientemente cuando un conductor de plataforma digital fue asesinado mientras trasladaba a un pasajero que aparentemente era vigilado por estructuras criminales.
Las investigaciones apuntaron a que el verdadero objetivo del atentado era el ocupante del vehículo, quien mantenía antecedentes delictivos.
Otro caso que generó alarma fue el de un taxista que perdió la vida luego de que los pasajeros que transportaba fueran atacados por sicarios. Nuevamente, una persona cuya actividad estaba alejada de los conflictos criminales terminó convirtiéndose en víctima fatal de la violencia.
Ahora, la tragedia golpea a una familia y tiene como rostro a una niña de apenas 10 años que se encontraba dentro de un automóvil cuando ocurrió la balacera.
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Incluso durante las primeras horas posteriores al atentado circularon versiones sobre una posible segunda menor fallecida, aunque hasta el momento las autoridades únicamente han confirmado la muerte de la niña de 10 años y de su padrastro.
Las estadísticas oficiales muestran que los menores de edad continúan figurando entre las víctimas de homicidios en Panamá. Entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron cuatro víctimas de entre 10 y 14 años y otras 17 entre 15 y 17 años, según cifras del Ministerio Público. En total, 21 menores de edad fueron asesinados durante los primeros cinco meses del año.
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El informe también revela que Panamá registró 251 víctimas de homicidio entre enero y mayo de 2026, un incremento de 7% respecto a las 235 contabilizadas en el mismo período del año anterior. La provincia de Panamá concentra el mayor número de casos con 112 víctimas, seguida por San Miguelito con 46 y Colón con 45.
Otro dato que preocupa a las autoridades es el predominio de las armas de fuego en estos hechos. De las 251 víctimas registradas este año, 213 murieron por disparos, lo que equivale al 85% de todos los homicidios reportados en el país.
La muerte de la menor en La Locería ocurre precisamente en medio de este escenario de violencia armada que sigue golpeando distintos sectores del país.
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Aunque las investigaciones continúan y las autoridades mantienen hermetismo sobre los posibles responsables y móviles del ataque, el caso vuelve a evidenciar cómo las balas ya no solo alcanzan a quienes participan directamente en actividades criminales.
Cada vez con mayor frecuencia, conductores, familiares, pasajeros y personas que simplemente se encuentran en el lugar equivocado terminan atrapados en atentados dirigidos contra terceros.
Una realidad que incrementa la sensación de inseguridad entre los ciudadanos y alimenta el temor de que cualquier trayecto cotidiano pueda convertirse en escenario de una tragedia.
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