Panamá inicia evaluación técnica tras advertencia de la Unesco por posible impacto de proyecto portuario sobre Coiba

El Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente) anunció que inició un proceso de análisis técnico y científico tras la reciente Decisión 47 COM 7B.39 de la UNESCO, que evalúa el posible impacto del proyecto Puerto Barú sobre el Parque Nacional Coiba, un sitio declarado Patrimonio Mundial por su alto valor ecológico y su relevancia para la biodiversidad marina del Pacífico oriental.

La entidad indicó que, tras la recepción formal del pronunciamiento del Comité de Patrimonio Mundial, se activaron evaluaciones internas para determinar las implicaciones para el país y definir las acciones necesarias para salvaguardar el Valor Universal Excepcional (VUE) del área protegida.

Según el comunicado oficial, el ministerio emitirá un pronunciamiento definitivo una vez concluyan los análisis especializados, alineados con las recomendaciones internacionales.

Como parte de este proceso, MiAMBIENTE solicitó una misión de asesoramiento técnico al Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en la aplicación de la Guía y herramientas de evaluación de impacto en contextos de sitios protegidos.

Esta misión, prevista para mediados de 2026, busca asegurar que cualquier decisión futura se base en estándares internacionales rigurosos y en una gestión ambiental integral.

El pronunciamiento de la UNESCO pone énfasis en la necesidad de que Panamá revise la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIA) del proyecto portuario, considerando no solo los impactos directos, sino también los efectos acumulativos, como el aumento del tráfico marítimo y el riesgo de contaminación.

El organismo internacional advierte que cualquier decisión debe evitar afectaciones irreversibles sobre el ecosistema de Coiba y su zona especial de protección marina.

En paralelo, la empresa responsable de Puerto Barú en David rechazó las afirmaciones sobre posibles impactos al parque, señalando que “carecen de sustento científico” y que no reflejan los resultados de los estudios técnicos aprobados por las autoridades panameñas.

La compañía sostiene que su Estudio de Impacto Ambiental categoría III, avalado por MiAMBIENTE, incluye análisis oceanográficos que descartan cualquier afectación por sedimentación hacia Coiba.

Según la empresa, las corrientes marinas en el área del proyecto no se dirigen hacia el parque, lo que elimina la posibilidad de que los materiales suspendidos lleguen a sus ecosistemas.

Además, recordó que en una comunicación oficial de mayo de 2024, el propio Ministerio de Ambiente concluyó que el proyecto no generaría impactos directos ni indirectos sobre el área protegida, ni representaría un riesgo ambiental significativo.

En su página de internet la empresa indica que: Puerto Barú en David se desarrolla en terrenos 100% privados y titulados, fuera de las áreas protegidas. Estamos cerca de un ecosistema de manglares, que están esparcidos por la costa de Chiriquí. Por ley, los manglares están protegidos y dentro de nuestro Plan de Manejo Ambiental, se plantea su conservación y fiscalización.

El desarrollo de Puerto Barú ha estado rodeado de controversias adicionales, incluyendo tensiones con organizaciones ambientales que han cuestionado tanto el proceso de aprobación como los posibles efectos sobre los ecosistemas marinos y costeros.

Más de 60 organizaciones han expresado su rechazo al proyecto y han denunciado presiones legales por parte de la empresa promotora.

Por su parte, la UNESCO ha insistido en que Panamá debe fortalecer la regulación pesquera, ampliar las zonas de veda total y mejorar los mecanismos de monitoreo y control en la región de Coiba.

Estas recomendaciones responden a preocupaciones históricas sobre la presión pesquera, la presencia de especies invasoras y la necesidad de garantizar la conservación a largo plazo del área.

El ministerio subrayó que el objetivo es lograr un equilibrio entre desarrollo económico y conservación ambiental, especialmente en una zona que se proyecta como polo de ecoturismo sostenible en el sur de Veraguas.

El Estado panameño deberá presentar antes del 1 de diciembre de 2026 un informe actualizado sobre el estado de conservación del sitio y las acciones adoptadas, lo que será evaluado en la próxima sesión del Comité del Patrimonio Mundial.

Este plazo se convierte en un punto clave para definir el futuro del proyecto y su compatibilidad con la protección de uno de los ecosistemas más valiosos de la región.