Gobierno panameño ordena detener actividades en río Abajo por daño ambiental

Panamá ordenó la paralización inmediata total de todas las actividades en el cauce y áreas adyacentes del río Abajo, tras confirmarse un deterioro ambiental severo provocado por años de vertido ilegal de desechos.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución DM-0114-2026 del Ministerio de Ambiente, luego de una serie de inspecciones técnicas, operativos interinstitucionales y denuncias ciudadanas que evidenciaron el impacto acumulado sobre el ecosistema y las comunidades cercanas.

El documento oficial establece que se ordena el cese inmediato de actividades como rellenos con escombros, disposición de residuos, quema de desechos, construcción y manejo informal de materiales reciclables, al considerar que estas prácticas han generado afectaciones directas al cuerpo de agua, la servidumbre hídrica y los ecosistemas de manglar en la desembocadura hacia la Bahía de Panamá.

La medida tiene carácter precautorio, preventivo y de interés público, ante el riesgo ambiental identificado.

Las inspecciones realizadas por las autoridades detectaron que el río Abajo registra una alta contaminación acumulada producto de la mala disposición de desechos sólidos y materiales voluminosos, muchos de ellos provenientes de actividades de construcción y reciclaje informal.

En los últimos años, esta situación se ha agravado debido al aumento de operaciones clandestinas de reciclaje y desguace, que han convertido zonas cercanas al cauce en puntos de descarte ilegal, generando presión constante sobre el sistema hídrico.

Uno de los hallazgos más críticos fue la presencia de rellenos que obstruyen aproximadamente el 70% del cauce del río, alterando su dinámica natural y aumentando el riesgo de desbordamientos.

Esta situación ha sido vinculada directamente con inundaciones recurrentes en comunidades cercanas, como Puente del Rey y Villas del Rey, lo que evidencia que el problema ya no es solo ambiental, sino también social y de seguridad para la población.

Además, los informes técnicos confirmaron una afectación significativa al ecosistema de manglar, estimada en miles de metros cuadrados, debido al depósito de residuos y la alteración del sustrato natural.

Estas áreas forman parte de una zona de protección ambiental vinculada a la Bahía de Panamá, lo que agrava la magnitud del daño y refuerza la necesidad de intervención estatal inmediata para evitar consecuencias irreversibles en el equilibrio ecológico.

La resolución del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) también advierte sobre la presencia de actividades ilegales sin permisos ambientales, incluyendo talleres y operaciones que manejan residuos peligrosos como hidrocarburos y desechos sólidos contaminantes.

Estas prácticas, además de incumplir la normativa vigente, generan riesgos directos para la salud de la población y la calidad del aire y del agua, en una zona densamente habitada y con alta presión urbana.

Como parte de las medidas adoptadas, el Ministerio de Ambiente ordenó el retiro inmediato de maquinaria, equipos y estructuras utilizadas en estas actividades, así como el sellado de accesos y puntos de descarga ilegal.

Asimismo, se otorgó un plazo de 72 horas para remover escombros, limpiar el área intervenida e iniciar procesos de restauración ambiental, bajo supervisión de las autoridades competentes.

El incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en la apertura de procesos administrativos, civiles y penales, según lo establece la normativa ambiental vigente.

La resolución deja claro que las acciones detectadas podrían constituir delitos ambientales tipificados en el Código Penal, lo que eleva el nivel de gravedad del caso y abre la puerta a sanciones más severas contra los responsables.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, calificó la situación como “terrible” e “inaceptable”, al advertir que el río ha sido convertido en un vertedero clandestino. El funcionario subrayó que estas prácticas no solo destruyen ecosistemas clave, sino que también ponen en riesgo la salud de la población y aumentan la vulnerabilidad ante inundaciones, insistiendo en que el Estado actuará para evitar que estos hechos se repitan.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, señaló que durante las acciones operativas se logró documentar el delito ambiental mediante cámaras y entrevistas, lo que permitió evidenciar cómo se realizaban estas actividades ilegales en la zona.

Indicó que estas pruebas serán clave para sustentar las investigaciones y responsabilidades correspondientes, en coordinación con el Ministerio Público.

Las autoridades también confirmaron que el área será sometida a un proceso especial de control ambiental, con el objetivo de implementar medidas de recuperación del cauce, restauración ecológica y rehabilitación del ecosistema de manglar.

Este proceso incluirá inspecciones continuas, monitoreo técnico y acciones correctivas, en un intento por revertir el deterioro acumulado en el tiempo.

El caso del río Abajo refleja una problemática más amplia en el país, donde la gestión inadecuada de residuos y la actividad informal han generado focos críticos de contaminación en cuerpos de agua urbanos.

La intervención del Estado busca frenar este patrón, pero también pone en evidencia la necesidad de mayor control, fiscalización y responsabilidad ciudadana para evitar que situaciones similares sigan repitiéndose en otras zonas del país.