Capturan a exalcalde en Panamá por presunto manejo irregular de fondos públicos

La detención del exalcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, se convirtió este jueves en el más reciente capítulo de las investigaciones por presunto uso irregular de fondos públicos vinculados al proceso de descentralización en Panamá.

El exfuncionario fue aprehendido por las autoridades judiciales en el marco de una causa relacionada con el supuesto desvío de aproximadamente de $815 mil, destinados originalmente a proyectos comunitarios y obras locales en uno de los distritos de mayor crecimiento del país.

La aprehensión fue ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción, como parte de una investigación que se mantiene en curso y que apunta al manejo de recursos transferidos a juntas comunales y municipios durante los últimos años.

De acuerdo con los reportes oficiales, el caso está vinculado a contratos, pagos y asignaciones presupuestarias que habrían sido utilizados de forma irregular, sin cumplir con los procedimientos establecidos ni con los objetivos sociales previstos.

El proceso se desarrolla bajo la coordinación del Ministerio Público de Panamá, que en las últimas semanas ha intensificado las diligencias relacionadas con el uso de fondos de descentralización.

Las autoridades han señalado que las investigaciones buscan determinar posibles responsabilidades penales por delitos como peculado, malversación y uso indebido de recursos estatales, en casos que involucran a exautoridades locales electas por votación popular.

En Panamá, los fondos de descentralización fueron creados para fortalecer a los gobiernos locales, permitiendo que juntas comunales y municipios ejecuten proyectos de infraestructura social, mantenimiento, apoyo comunitario y servicios básicos.

Estos recursos provienen del presupuesto general del Estado y son transferidos a los corregimientos con el objetivo de acercar la inversión pública a las comunidades.

Los fondos provienen principalmente de la recaudación de Impuesto de Bien Inmueble (IBI), gestionado a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y transferidos a los municipios y juntas comunales mediante el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios (PIOPS).

Según la información disponible, la investigación contra Rodríguez se centra en el período en el que ejerció como alcalde de Arraiján, distrito que en la última década ha experimentado un rápido crecimiento poblacional, urbano y comercial. Precisamente, ese aumento de la demanda de infraestructura y servicios convirtió al municipio en uno de los mayores receptores de transferencias públicas, lo que elevó el volumen de recursos administrados por sus autoridades.

La detención del exalcalde se suma a una serie de acciones judiciales registradas en lo que va de 2026. A inicios de esta semana, la Fiscalía confirmó la aprehensión de tres exfuncionarios de juntas comunales en el distrito de San Miguelito, vinculados a investigaciones por presunto peculado relacionado con fondos asignados para obras sociales.

En esos casos, las auditorías detectaron inconsistencias en la ejecución de proyectos, pagos sin respaldo técnico y contrataciones sin sustento documental.

De acuerdo con datos oficiales, las pesquisas abiertas durante este año apuntan a una red de irregularidades en distintos municipios y corregimientos, donde se habrían utilizado mecanismos similares para desviar recursos públicos. Entre las prácticas detectadas figurarían contratos con empresas sin experiencia comprobada, facturación inflada, proyectos inconclusos y transferencias a proveedores sin relación directa con las obras aprobadas.

Las autoridades judiciales han explicado que gran parte de estas investigaciones se originaron a partir de informes de auditoría de la Contraloría General, denuncias ciudadanas y revisiones internas realizadas por entidades fiscalizadoras. Estos documentos permitieron identificar patrones repetitivos en la administración de fondos, lo que derivó en la apertura de expedientes penales contra exalcaldes, representantes de corregimiento y funcionarios administrativos.

Lista que crece

El caso de Arraiján reviste especial atención por el volumen de recursos involucrados y por el peso político y económico del distrito dentro de la provincia de Panamá Oeste. Con una población en constante crecimiento y una alta demanda de infraestructura vial, educativa y sanitaria, el municipio ha sido considerado estratégico en la planificación territorial, lo que incrementó su presupuesto y su exposición a riesgos de corrupción.

Desde el Ministerio Público se ha reiterado que las investigaciones seguirán avanzando sin distinción de cargo, afiliación política o trayectoria pública. Las autoridades han subrayado que el objetivo es establecer responsabilidades individuales, recuperar fondos públicos y fortalecer los mecanismos de control, en un contexto donde la descentralización ha sido cuestionada por debilidades en la supervisión y en la rendición de cuentas.

Durante 2025, el Ministerio Público informó sobre la judicialización de decenas de exrepresentantes y extesoreros, en el marco de las investigaciones por descentralización. Solo en ese año, más de 60 personas fueron llevadas ante los tribunales, con medidas que incluyeron detención provisional, arresto domiciliario y reportes periódicos. A esto se sumaron auditorías que detectaron afectaciones millonarias al patrimonio del Estado.

Hasta el momento de la detención del exalcalde de Arraiján, las cifras oficiales indicaban que se habían imputado cargos contra al menos 13 exrepresentantes y 11 extesoreros por delitos vinculados a peculado. Además, en noviembre de 2025, la Fiscalía entregó un listado con más de 70 personas —entre exfuncionarios, representantes y alcaldes— que debían ser localizadas por su presunta vinculación con el manejo irregular de estos fondos.