Las recientes decisiones judiciales en Panamá reflejan un endurecimiento punitivo, una mayor presión social contra el crimen violento y una estrategia clara del Ministerio Público de Panamá para buscar sanciones más severas en casos de alto impacto.
La condena más reciente, de 49 años de prisión, marca uno de los castigos más altos impuestos en el país en los últimos años y reabre el debate sobre los límites de la pena máxima, la función disuasiva del sistema penal y la aplicación del concepto de pena líquida.
En este caso, un ciudadano de 25 años fue sentenciado como autor de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio, tras un ataque armado ocurrido en mayo de 2023 en Santa Ana, que dejó un joven muerto y dos menores heridos.
El tribunal impuso una pena líquida de 49 años, es decir, una condena que debe cumplirse íntegramente, sin posibilidad de reducción por beneficios penitenciarios, trabajo, estudio o redenciones anticipadas, salvo las excepciones estrictamente reguladas por ley. En el Código Penal panameño, este tipo de sanción busca asegurar un cumplimiento real y efectivo de la condena.
La legislación nacional establece que la pena máxima en Panamá es de 50 años de prisión, incluso cuando se acumulen varios delitos graves. Esto significa que, aunque una persona sea condenada por múltiples homicidios u otros crímenes graves, el límite legal impide superar ese tope.
En la práctica, una condena de 49 años equivale casi a una cadena perpetua encubierta, especialmente para personas jóvenes, y representa el máximo reproche penal permitido por el sistema jurídico actual.
El hecho que motivó esta condena ocurrió en un entorno urbano concurrido, cuando el sentenciado disparó sin mediar palabras contra las víctimas. La Fiscalía logró probar dolo directo, uso de arma de fuego y la existencia de circunstancias agravantes.
Además de la pena principal, se impuso una inhabilitación para ejercer funciones públicas por 10 años una vez cumplida la condena, reforzando el componente de responsabilidad social y jurídica.
Otra sentencia relevante fue la impuesta a un hombre condenado a 16 años de prisión por robo agravado, tras un asalto violento ocurrido en mayo de 2023. Durante el ataque, la víctima fue golpeada con un arma de fuego, lo que le provocó fracturas en la mandíbula.
La Fiscalía Metropolitana sustentó el caso con pruebas periciales, testimoniales y materiales, logrando demostrar la comisión del delito y la responsabilidad penal del acusado, quien también recibió una pena accesoria de inhabilitación.
En paralelo, la Sección de Homicidio y Femicidio de Herrera obtuvo una victoria procesal en segunda instancia, luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones reformara una condena inicial de 21 años por homicidio agravado y la elevara a 30 años de prisión como cómplice primario.
El caso estuvo vinculado a un asesinato ocurrido en una gallera en Pesé, donde el acusado participó activamente en la logística y huida, utilizando un vehículo adquirido previamente en La Chorrera.
El tribunal consideró que la sentencia original no aplicó correctamente los criterios del artículo 79 del Código Penal, que regula la individualización de la pena.
Al reexaminar las circunstancias agravantes y la participación del imputado, concluyó que su conducta fue necesaria y determinante para la ejecución del crimen, lo que justificaba una sanción más severa. Este fallo refuerza la tendencia de los tribunales superiores a corregir decisiones consideradas indulgentes.
También se registró una condena de 10 años de prisión por posesión ilícita de armas de fuego, tras un acuerdo validado ante un juez de garantías. Durante un allanamiento en Pedregal, se incautaron pistolas, un fusil, proveedores y municiones sin permisos legales, todos certificados como funcionales por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Además de la pena principal, se impuso una multa económica, reforzando el enfoque preventivo frente al tráfico y tenencia ilegal de armas.
En conjunto, estas decisiones muestran una política criminal orientada a elevar el costo penal del delito, especialmente en casos de violencia, homicidio y uso de armas.
La imposición de penas cercanas al máximo legal, la aplicación de penas líquidas y la revisión en apelación de sentencias consideradas leves apuntan a fortalecer la confianza ciudadana en la justicia, aunque también plantean interrogantes sobre la capacidad del sistema penitenciario para manejar condenas tan extensas.
Otra de las condenas recientes fue impuesta en la provincia de Colón: un hombre de 26 años recibió 35 años de prisión, luego de que la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala demostrara ante el Tribunal de Juicio su responsabilidad por homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio.
Durante el juicio oral, el Ministerio Público sustentó su teoría del caso con la práctica de pruebas y los alegatos de clausura, lo que derivó en un veredicto condenatorio.
El tribunal también ordenó como pena accesoria la prohibición de portar armas de fuego por el mismo periodo de la sanción principal, una vez concluida la pena. El caso se relaciona con un hecho ocurrido la noche del 3 de noviembre de 2022 en Altos de Santa Cruz, corregimiento de Guásimo, distrito de Donoso, cuando el sentenciado atacó con un arma punzocortante a dos hombres, causando la muerte de uno y dejando al otro como víctima de tentativa de homicidio.
En paralelo al endurecimiento de las condenas impuestas por los tribunales, la Asamblea Nacional abrió en octubre del año pasado el debate sobre la posibilidad de incorporar la cadena perpetua al sistema penal panameño.
Con votación unánime, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aprobó el prohijamiento de un proyecto de ley presentado por la diputada Walkiria Coba, que busca modificar el Código Penal para ampliar el rango de las penas y permitir sanciones de por vida en casos de delitos de extrema gravedad.
La iniciativa plantea reformar el artículo 52 para que la pena de prisión pueda extenderse hasta cadena perpetua y crear el artículo 132-C, aplicable a homicidios con ejecución atroz, uso de fuego, asfixia, extracción de órganos vitales o crímenes múltiples.
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