El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, advirtió este martes que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que anuló la concesión de dos puertos operados por CK Hutchison “erosiona la confianza de los inversores” y afecta la seguridad jurídica del país centroamericano, según declaraciones difundidas por EFE.
Antes de la reunión semanal de su Consejo Ejecutivo, Lee expresó la “fuerte insatisfacción” de su gobierno y alertó que la decisión obligará a revisar la exposición económica de Hong Kong en Panamá.
El dirigente asiático sostuvo que la resolución es “lesiva” para la percepción del clima de negocios y reclamó a las autoridades panameñas que protejan con “seriedad” los intereses legítimos de las empresas extranjeras.
Además, anunció que se evaluarán tanto los proyectos en marcha como los planes de expansión futura, en un contexto marcado por la creciente incertidumbre regulatoria en torno a las inversiones estratégicas.
El pronunciamiento se produce luego de que la Corte declarara inconstitucional la ley que sustentaba la concesión otorgada a Panama Ports Company para operar las terminales de Balboa y Cristóbal, ubicadas en los extremos del Canal de Panamá.
La concesión, firmada en 1997 y prorrogada en 2021 por 25 años, fue cuestionada tras una auditoría oficial que detectó presuntas irregularidades financieras y administrativas, lo que detonó un amplio debate político y jurídico en el país.
La tensión aumentó cuando la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado chino calificó el fallo como “absurdo” y “ridículo”, advirtiendo que Panamá podría pagar un “alto precio político y económico” si mantiene la decisión.
El organismo acusó a las autoridades panameñas de ceder a presiones externas y cuestionó la independencia judicial, en alusión indirecta a la influencia de Estados Unidos en temas vinculados al Canal.
En paralelo, el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera, volvió a expresar su respaldo al fallo durante una visita al Colegio Nacional de Abogados, donde abordó temas como la posible exención de visas para panameños, la cooperación bilateral y el caso de PPC.
Cabrera reiteró que la decisión fortalece el Estado de derecho y envía una señal positiva sobre el respeto a las instituciones democráticas.
El diplomático ya había señalado anteriormente que el fallo contribuye a reforzar la transparencia y la confianza internacional en Panamá.
Estas declaraciones se alinean con la postura sostenida por la administración del presidente Donald Trump, que en múltiples ocasiones calificó la presencia de empresas chinas en terminales portuarias cercanas al Canal como un riesgo para la seguridad nacional, llegando incluso a afirmar que China “controlaba” las operaciones de la vía interoceánica.
Tales señalamientos fueron rechazados por el Gobierno panameño y por la Autoridad del Canal de Panamá, que desmintieron cualquier injerencia extranjera en la administración del Canal.
Estas acusaciones provocaron roces diplomáticos entre Panamá y Washington y reavivaron el debate sobre la soberanía logística y el control de infraestructuras estratégicas en la región.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, respondió a las críticas provenientes de China señalando que Panamá es un país de derecho, donde el Ejecutivo no interviene en las decisiones del Órgano Judicial ni de los demás poderes del Estado.
Mulino subrayó que el fallo es producto de un proceso institucional y no de presiones externas, y defendió la separación de poderes como base de la estabilidad democrática.
Mientras tanto, Panama Ports Company inició un proceso de arbitraje internacional, alegando ser víctima de una “campaña dirigida” en su contra y reclamando una indemnización millonaria. La empresa sostiene que ha invertido más de 1,800 millones de dólares y generado miles de empleos, por lo que considera que la anulación vulnera el espíritu contractual.
El conflicto se desarrolla en medio de la pugna geopolítica entre Pekín y Washington y de la paralización del traspaso de la concesión a un consorcio liderado por BlackRock, consolidando uno de los mayores desafíos recientes para la imagen internacional de Panamá.
Una vez que el fallo de la Corte Suprema quede ejecutoriado —un trámite que puede prolongarse por varios meses si Panama Ports Company presenta solicitudes de aclaración o ampliación— el Estado panameño activaría un esquema de administración transitoria para las terminales de Balboa y Cristóbal.
En ese lapso, el objetivo sería sostener la operación sin interrupciones, minimizar impactos sobre el comercio exterior y preservar el rol de Panamá dentro de la cadena logística regional.
Concluida la etapa judicial, la transición contemplaría que APM Terminals Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asuma de forma temporal la gestión de ambos puertos mientras se define el nuevo esquema concesionario.
Bajo esta figura provisional, la meta sería mantener los estándares de servicio, asegurar estabilidad laboral y facilitar un traspaso ordenado hacia el modelo que se adopte posteriormente.
El presidente José Raúl Mulino ha adelantado que, en el mediano plazo, Balboa y Cristóbal no seguirán operando bajo una misma estructura, como ha ocurrido desde 1997.
Según lo expresado por el mandatario, el Gobierno evalúa concesionarlos por separado, con reglas más estrictas de supervisión y transparencia, con la intención de incentivar mayor competencia, reducir riesgos de concentración y reforzar la posición de Panamá como plataforma logística global.
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