
Durante los últimos años, las pruebas Aprender y las PISA fueron el certificado oficial de lo mal que venía la educación en la Argentina. Cada nueva publicación confirmaba lo que ya intuíamos. La noticia nunca era una mejora, sino la constatación de cuánto habíamos retrocedido, o en el mejor de los casos, estancado. Sin embargo, los resultados de Aprender 2025 sugieren que el dispositivo podría empezar a convertirse en otra cosa: en una herramienta que muestra el primer indicio serio de una política pública que podría estar funcionando.
En el sistema educativo argentino suele darse una paradoja estructural: la coexistencia de compartimentos estancos que, sin embargo, poseen clavijas sumamente sensibles a lo que ocurre en el resto del engranaje. Es un ecosistema complejo donde, con demasiada frecuencia, lo que parece diseñado para transformar la realidad termina funcionando como un mecanismo para mantener las cosas como están, y donde la batalla ideológica suele ganarle a los hechos. En ese escenario, la decisión del Estado Nacional de echar luz sobre una problemática olvidada en la práctica marca un punto de inflexión. Por primera vez en mucho tiempo, la alfabetización dejó de ser un diagnóstico bienintencionado o una bandera discursiva para convertirse en una política que empieza a mostrar resultados tangibles.
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¿Es cien por ciento atribuible a la Secretaría de Educación? No, eso sería un análisis poco riguroso. ¿Se puede negar el rol de la Secretaría de Educación en esta mejora? En un sistema federal, la Nación no enseña a leer; esa tarea recae en los docentes, dentro de cada aula, bajo la conducción de las provincias. Sin embargo, reducir el papel nacional a esa obviedad es desconocer el ABC de las políticas públicas. Al principio de su gestión, el Secretario Carlos Torrendell sentó a los responsables de las 24 jurisdicciones, fijó prioridades, creó un área específica, destinó presupuesto y se acordó el Plan Nacional de Alfabetización. Se tocaron las clavijas que había que tocar y la maquinaria comenzó a funcionar.
Por eso, el éxito (Sí, considero Aprender 2025 un éxito) es por definición compartido. Las provincias recogieron el guante y presentaron sus planes, muchas veces articulando esfuerzos con universidades, especialistas, organizaciones de la sociedad civil y el financiamiento de empresas del sector privado. Discutir si esto hubiera ocurrido sin la decisión política de la Nación es un ejercicio contrafáctico; lo real es la asimetría de la responsabilidad: el éxito hoy se distribuye entre múltiples actores, pero el fracaso hubiese sido un costo exclusivo de la gestión nacional.
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Este escenario nos invita a dar una discusión más exigente, vinculada a lo que el especialista Alejandro Morduchowicz señala como la falta de debate sobre la eficacia de las políticas educativas en Argentina. El debate público suele empantanarse en el presupuesto, las estructuras institucionales o las meras intenciones, dejando de lado la pregunta fundamental: si una política logra o no el objetivo para el cual fue diseñada.
Al analizar los planes de alfabetización de las 24 jurisdicciones, queda en evidencia que el secreto de las provincias que muestran mejores resultados no radica meramente en la elección de un paradigma pedagógico o un método de enseñanza aislado. Lo que comparten las experiencias exitosas es algo más profundo: comparten foco, continuidad, formación docente, materiales comunes, evaluación y un esquema real de acompañamiento a las escuelas. Muestran, en definitiva, que no alcanza con un buen eslogan o un método académico; lo crucial es la capacidad política y de gestión para implementarlo y sostenerlo en el tiempo.
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Por todo esto, la gran noticia de Aprender 2025 no es la distribución de medallas ni solamente que mejoraron los resultados. De hecho, el propio informe oficial enciende una alarma que obliga a la prudencia y recuerda que matemática sigue siendo una deuda pendiente. La mejor noticia es que la alfabetización comenzó un recorrido virtuoso que toda política pública debería hacer: pasar de ser un problema público, para pasar a la agenda pública, para luego convertirse en una política pública prioritaria, con una estrategia de implementación y, ahora, un instrumento que nos permite evaluarla.
Los datos no prueban por sí solos una causalidad plena, pero sí muestran algo que hace años no veíamos: una política pública con foco, coordinación, evaluación y primeros resultados positivos. Si esa cultura logra consolidarse, el verdadero legado de Aprender 2025 no serán los puntos porcentuales de mejora en Lengua, sino haber empezado a discutir la educación con el estándar que debería exigirse a cualquier acción del Estado. Las políticas públicas no deben medirse por las promesas que formulan ni por los recursos que movilizan, sino por su capacidad de transformación. El mayor avance de este año es haber demostrado que, cuando el Estado coordina, las provincias ejecutan con foco y la sociedad civil acompaña, el sistema educativo puede abandonar el lamento del fracaso crónico y empezar a rendir cuentas por lo único que verdaderamente importa: que los chicos aprendan a leer y escribir.
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