El Golfo Pérsico: el laberinto sin salida de la política exterior norteamericana del siglo XXI

Entre 1990 y 2026 tres administraciones republicanas estadounidenses protagonizaron (y protagonizan actualmente) tres grandes operaciones militares en el Golfo Pérsico. Cada una de ellas ha tenido su desarrollo bajo un liderazgo presidencial muy diferente, y las tres estuvieron fundamentadas en doctrinas estratégicas que demostraron una amplia diversidad política en el seno del Partido Republicano.

La Guerra del Golfo de 1990-1991, ordenada por George H. Bush, fue una operación de recuperación del statu quo territorial con un amplio respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La invasión de Irak de 2003, decidida por su hijo George W. Bush, fue una guerra de naturaleza preventiva que apuntó a un cambio de régimen político, pero que careció de la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Y la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán desde febrero de 2026, en el marco de la segunda administración de Donald Trump, es una ofensiva conjunta ejecutada con el objetivo declarado de lograr la destrucción total del programa nuclear iraní.

El 2 de agosto de 1990, las fuerzas del dictador Saddam Hussein invadieron y ocuparon Kuwait sin resistencia en pocas horas, alegando reclamos históricos sobre el territorio a partir de disputas relacionadas con la producción petrolera y la deuda contraída por Irak durante su guerra de ocho años contra Irán (1980-1988).

La invasión tuvo lugar casi en simultáneo a uno de los sucesos más trascendentales del siglo XX: la caída del Muro de Berlín había ocurrido nueve meses antes provocando la desintegración de la Unión Soviética. Estos hechos marcaron el final de la Guerra Fría iniciada a fines de 1945 y dieron nacimiento a la era de la globalización económica.

George H. W. Bush, exvicepresidente de Ronald Reagan entre 1980 y 1988, había asumido la presidencia en enero de 1989 tras una larga carrera política edificada básicamente a partir de su experiencia en política exterior (había sido director de la Agencia Central de Inteligencia en 1976 y embajador ante la ONU). Los principales estrategas del gobierno republicano (el secretario de Estado James Baker, el asesor de Seguridad Nacional Brent Scowcroft y el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, Colin Powell) interpretaron la crisis de Kuwait como la primera experiencia militar en simultáneo al final de la Guerra Fría.

Washington buscó y obtuvo el visto bueno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, culminando en la Resolución 678, que autorizaba el uso de “todos los medios necesarios” para expulsar a Irak de Kuwait si Bagdad no se retiraba antes del 15 de enero de 1991. Esta cobertura legal internacional permitió a Bush conformar una coalición de más de treinta países, incluyendo a potencias árabes como Arabia Saudita, Egipto y Siria, algo que ninguna operación militar estadounidense posterior en la región lograría replicar con la misma amplitud.

La operación Tormenta del Desierto, lanzada el 17 de enero de 1991 y seguida de una ofensiva terrestre de apenas cien horas en febrero, tuvo como único propósito declarado la liberación de Kuwait, no así el derrocamiento de Saddam Hussein ni la ocupación de Irak. Bush afirmó años después que la intervención militar tenía como objetivo restaurar el orden internacional violado, descartando la injerencia estadounidense en los asuntos políticos internos de Irak.

A pesar de los resultados favorables en la operación militar y el bajo número de víctimas estadounidenses, Saddam Hussein permaneció en el poder, reprimiendo con dureza las rebeliones chiitas y kurdas que buscaban sin éxito el fin de su dictadura política que recién llegaría una década después. Bush no pudo lograr su reelección en 1992 tras ser derrotado por el demócrata Bill Clinton.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York transformaron el tablero geopolítico global y determinaron un giro radical en la percepción estadounidense sobre las amenazas a su seguridad nacional. El entonces presidente George W. Bush (hijo) y los cerebros neoconservadores (representados en las figuras del vicepresidente Dick Cheney y del secretario de Defensa Donald Rumsfeld) acuñaron la idea de que los Estados Unidos tenían derecho a actuar preventivamente contra otros países y actores que pudieran representar una amenaza futura, aún sin la evidencia de un ataque inminente.

Esta doctrina, formalizada en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002, marcó un quiebre profundo con el enfoque de la contención y la disuasión que había predominado durante la Guerra Fría, y que el propio Bush padre había aplicado en 1991. La administración republicana sostuvo que el régimen de Saddam Hussein poseía o estaba desarrollando armas de destrucción masiva y mantenía vínculos con redes terroristas, incluida Al Qaeda. Ambas afirmaciones no pudieron ser probadas en la realidad.

Los inspectores internacionales de la ONU no hallaron programas activos de armamento no convencional, y las agencias de inteligencia estadounidenses reconocieron poco después fallas graves en la evaluación previa a la guerra que no contó con una autorización explícita del Consejo de Seguridad de la ONU.

Francia, Alemania y Rusia se opusieron abiertamente a una nueva resolución que habilitara el uso de la fuerza, lo que llevó a la administración Bush a actuar al margen del organismo. El gobierno de Bush hijo sólo contó con el apoyo de la administración británica encabezada por el laborista Tony Blair. Esta ausencia de respaldo multilateral amplio convirtió a la invasión en uno de los episodios más cuestionados, desde el punto de vista del derecho internacional, de la política exterior estadounidense contemporánea.

La operación militar, iniciada el 20 de marzo de 2003, derrocó al régimen de Saddam Hussein en pocas semanas. Pero, a diferencia de la guerra de 1991, el objetivo declarado esta vez buscaba el cambio de régimen suní que había actuado históricamente como contrapeso del expansionismo de Irán.

El vacío de autoridad y la crisis socioeconómica producida por la ocupación también crearon las condiciones para el surgimiento posterior de Al Qaeda en Irak y, años más tarde, del Estado Islámico. En este sentido, la guerra de 2003 puede leerse como el episodio que, paradójicamente, más fortaleció la posición regional de Irán, el gran protagonista que sería el objetivo de la tercera gran guerra de esta secuencia histórica iniciada en 1990. A pesar del fracaso militar, y a diferencia de su padre, Bush hijo lograría su reelección en el año 2004.

En junio de 2025 estalló la llamada Guerra de los Doce Días, en la que Estados Unidos bombardeó de manera directa tres instalaciones nucleares iraníes, constituyéndose en el primer ataque militar estadounidense directo contra Irán desde 1980. Ese episodio concluyó con un alto el fuego anunciado por Trump, pero dejó sin resolver la disputa de fondo sobre el programa nuclear iraní y el destino de su uranio enriquecido.

A comienzos de 2026, mientras Irán enfrentaba protestas antigubernamentales internas, Trump advirtió públicamente que podría bombardear el país si el gobierno continuaba con la represión, aunque en ese momento Washington aún no contaba con el despliegue militar necesario en la región.

El 28 de febrero de 2026, mientras se desarrollaban negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán, fuerzas de Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva aérea sorpresiva de gran escala contra infraestructura militar iraní. El resultado más significativo de esa primera oleada fue la muerte del líder supremo Ali Jamenei, además de decenas de altos funcionarios del régimen.

Irán respondió con ataques de misiles y drones contra Israel y contra bases militares estadounidenses distribuidas en Barein, Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak, además de imponer un cierre selectivo del Estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que transitaba, antes de la guerra, aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. El conflicto se extendió también al Líbano, donde se reactivaron los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá.

Las consecuencias económicas fueron inmediatas y globales: el cierre parcial de Ormuz y los ataques a instalaciones energéticas dispararon los precios internacionales del petróleo, que llegaron a superar los 120 dólares por barril, muy por encima de los cerca de 72 dólares previos al inicio de la guerra.

Estados Unidos debió liberar decenas de millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo y coordinar, junto con otros países, la incorporación de cientos de millones de barriles adicionales al mercado global para contener el impacto inflacionario, hecho clave para las elecciones parlamentarias del próximo mes de noviembre.

Tras meses de combates, Estados Unidos e Irán avanzaron hacia un memorando de entendimiento negociado con mediación de Qatar, que buscaba poner fin a las hostilidades y sentar las bases de un acuerdo más amplio. Trump declaró en más de una ocasión que consideraba roto el alto el fuego, para luego moderar esa postura horas o días después, en un patrón de escalada y contención deliberada que, según funcionarios estadounidenses, buscaba dar espacio a la diplomacia sin renunciar a la presión militar.

La sucesión del liderazgo iraní tras la muerte de Jamenei con la designación de su hijo Mojtaba como nuevo líder supremo, (una figura que ha evitado casi por completo la exposición pública) añadió un elemento de incertidumbre interna al conflicto, en un régimen cuyas fisuras internas se han hecho visibles bajo la presión de la guerra.

A diferencia de lo actuado por Bush padre, que buscó legitimidad en el accionar militar en el multilateralismo, y de Bush hijo, que apeló a una doctrina de guerra preventiva articulada más con sustancia ideológica que jurídica, la administración Trump ha ofrecido para esta guerra justificaciones múltiples y cambiantes a lo largo de los meses. La principal es la prevención de una amenaza nuclear inminente y la destrucción de capacidades militares iraníes.

La ausencia de un marco doctrinal estable constituye en sí misma un rasgo distintivo de esta tercera guerra, y ha sido señalada aún por algunas figuras republicanas como una operación militar de legalidad discutible bajo el propio derecho estadounidense al no contar con una autorización expresa del Congreso equivalente a las que respaldaron las dos guerras anteriores contra Irak.

En el plano geopolítico, existe además una relación de causalidad histórica difícil de ignorar: la guerra de 2003, al debilitar a Irak como contrapeso regional de Irán, contribuyó directamente al fortalecimiento de Teherán como potencia regional durante las dos décadas siguientes, fortalecimiento que la guerra de 2026 busca ahora revertir por la fuerza. Vista en conjunto, la secuencia de 1990, 2003 y 2026 puede leerse como una larga negociación, alejada del multilateralismo, sobre quién debe ejercer la hegemonía militar y energética en el golfo Pérsico.

Muchos académicos y analistas no terminan de entender los fundamentos y la motivación política del presidente Trump para continuar las hostilidades contra el régimen teocrático de Irán que pueden hacer peligrar el resultado electoral de noviembre próximo, clave para el final de su mandato. Sería bueno revisar lo expresado por el teniente general Colin Powell cuando recordaba su actuación en la Guerra del Golfo de 1991: “Evita que tu ego esté muy cerca de la posición que defiendes, pues si cae tu posición puede arrastrar a tu ego”.