Cuba bajo presión: energía, sanciones y poder

Cuba atraviesa un momento crítico que excede largamente la lógica de una crisis económica cíclica o de una disputa ideológica persistente con Estados Unidos. La isla enfrenta apagones prolongados, escasez de combustibles que afectan transporte y aviación civil, y un deterioro acelerado de su principal fuente de ingresos: el turismo. La combinación de sanciones estadounidenses más estrictas, restricciones a terceros países que podrían suministrar petróleo y la reducción del apoyo externo ha colocado a Cuba en una situación de extrema vulnerabilidad. Ya no se trata solo de un problema interno: la política de la administración de Donald Trump ha convertido el suministro energético cubano en un eje central de la estrategia estadounidense en el Caribe, con consecuencias económicas, sociales y geopolíticas de gran alcance.

El colapso energético que atraviesa la isla es profundo y estructural. Las autoridades cubanas han reconocido que las reservas de combustible alcanzan apenas para sostener el sistema durante unas pocas semanas, lo que ha obligado a racionar actividades básicas, suspender vuelos y reorganizar el funcionamiento del Estado. La electricidad se ha transformado en el principal cuello de botella del sistema: sin energía no hay transporte, no hay conectividad, no hay producción ni servicios. En una economía altamente dependiente del petróleo importado, la interrupción del suministro no genera solo incomodidades, sino una parálisis sistémica.

En paralelo, el turismo —que desde los años noventa había reemplazado a los subsidios soviéticos como principal fuente de divisas— se desplomó. Antes de la pandemia, el sector generaba alrededor de 3.300 millones de dólares anuales; en 2025, los ingresos apenas alcanzaron los 92 millones. Esta caída no es un fenómeno coyuntural, sino el reflejo de una pérdida estructural de atractivo, conectividad y capacidad operativa. Sin vuelos, sin combustible y con infraestructura deteriorada, Cuba queda fuera de los grandes circuitos turísticos internacionales, lo que impacta directamente en la capacidad del Estado para sostener servicios públicos e infraestructura crítica.

El deterioro económico no se limita al turismo. La escasez de jet fuel y la falta de electricidad han colapsado el transporte público, los aeropuertos y numerosos servicios esenciales. Hoteles y restaurantes operan al mínimo, la producción de azúcar —históricamente el corazón económico del país— se encuentra en su nivel más bajo en más de un siglo, y las remesas, vitales para la alimentación y la agricultura, se reducen bajo el endurecimiento de las restricciones estadounidenses. Lo que comenzó como un problema energético se ha convertido en un colapso sistémico que afecta producción, ingresos, movilidad y vida cotidiana.

En este contexto, el vínculo histórico con Venezuela vuelve a adquirir relevancia. Durante años, Caracas garantizó el suministro de petróleo y derivados que sostenían la electricidad y el transporte cubanos. Esa relación no ha desaparecido, pero se ha vuelto cada vez menos confiable, tanto por las dificultades internas venezolanas como por la presión de Washington para bloquear envíos. Cuba ya no puede contar con un socio energético estable, lo que la obliga a moverse en un mercado internacional condicionado por sanciones, riesgos financieros y amenazas de represalias.

La política estadounidense ha elevado la presión a un nivel inédito. La administración Trump ha reforzado sanciones extraterritoriales destinadas a disuadir a cualquier proveedor potencial de combustible, mientras sostiene una narrativa que presenta al régimen cubano como una amenaza extraordinaria que justifica medidas excepcionales. La amenaza de aranceles y castigos económicos condiciona incluso a países aliados, generando un aislamiento energético que multiplica la presión interna y reduce los márgenes de maniobra de La Habana.

A pesar del deterioro económico y del impacto social de los apagones, el régimen cubano mantiene una política de represión sistemática. Activistas, periodistas independientes y creadores de contenido han sido encarcelados o hostigados, mientras organizaciones opositoras como las Damas de Blanco o la Unión Patriótica de Cuba operan bajo vigilancia permanente. En paralelo, grupos del exilio articulados en plataformas como la Asamblea de Resistencia Cubana han ganado peso en la política estadounidense, especialmente dentro del electorado cubanoamericano, y buscan utilizar la crisis como palanca para forzar cambios políticos.

El impacto geopolítico de la crisis trasciende la isla. Estados Unidos ha reforzado su influencia en el Caribe, demostrando que la presión energética puede funcionar como un instrumento de poder hemisférico. Rusia, histórico aliado de Cuba, enfrenta severas limitaciones: ha reducido el envío de turistas y evacuado personal diplomático, mientras su propio contexto económico restringe la capacidad de asistencia sostenida. Otros actores regionales, como Mexico, han optado por la cautela, reduciendo envíos de combustible para evitar represalias económicas. Cuba queda así atrapada en un aislamiento creciente, con escasos aliados dispuestos o capaces de sostenerla materialmente.

Este escenario plantea un dilema central: ¿cómo pensar una transición en Cuba cuando el régimen mantiene un control casi absoluto sobre las instituciones, las fuerzas armadas y los canales de información? La experiencia venezolana ofrece una referencia útil, aunque imperfecta. Allí, años de crisis económica y presión internacional no produjeron un cambio político rápido, en parte porque el régimen logró preservar el control del aparato estatal y negociar selectivamente su supervivencia. En Cuba, esa lógica es aún más rígida: el sistema político se ha consolidado durante más de seis décadas como un entramado cerrado, con una cohesión institucional superior y menos fisuras visibles.

La comparación también revela los límites de la presión externa y de la diáspora. En ambos casos, la oposición en el exilio puede influir en la agenda internacional y en la política estadounidense, pero no alcanza por sí sola para provocar una transformación interna sin quiebres dentro del régimen. Cuba, además, cuenta con una larga experiencia en la administración del aislamiento y en la construcción de una narrativa de resistencia que le permite justificar la represión y prolongar el statu quo, aun frente al deterioro económico.

En este sentido, Cuba funciona hoy como un laboratorio de geopolítica regional. La isla muestra cómo un Estado pequeño, dependiente de recursos externos y sometido a sanciones puede convertirse en un punto de fricción internacional, donde se cruzan intereses energéticos, estratégicos y políticos. Para Washington, la presión sobre Cuba no solo busca debilitar al régimen, sino enviar una señal más amplia sobre los costos de desafiar su influencia en el hemisferio. Para La Habana, la crisis expone una vulnerabilidad estructural que limita severamente su capacidad de adaptación.

El interrogante final permanece abierto. ¿Puede Cuba sostener este nivel de presión sin reformar su modelo económico y político? ¿Hasta dónde puede extenderse la capacidad de control del régimen mientras la población enfrenta apagones, escasez y caída de ingresos? La historia reciente de América Latina sugiere que los regímenes autoritarios consolidados pueden resistir durante años, pero también que la combinación de aislamiento, desgaste económico y presión social termina generando cambios graduales, fragmentados y costosos. En la encrucijada actual, cada decisión tomada en Washington, La Habana o en las capitales aliadas tendrá efectos que resonarán durante años en la región.