¿Economía popular? La trampa conceptual que divide a los trabajadores

Durante años, el debate público en Argentina estuvo inundado por un término que, bajo una apariencia de reivindicación, esconde una trampa conceptual: la “economía popular”. Nos dividieron. Nos convencieron de que existe un compartimento estanco, una suerte de universo paralelo donde residen quienes no encajan en la concepción de trabajo del siglo XX. Pero la economía es una sola. Segmentarlo sólo sirvió para sacar un rédito político.

Empecemos por lo fundamental: ¿A qué llamamos trabajador? Porque si hay algo que necesitamos entender es que existe una sola clase de hombre: la que trabaja. Y esta clase incluye al empleado registrado, al vendedor ambulante, al empresario, al empresario pyme, al comerciante del barrio, al emprendedor que arriesga sus ahorros, al creador de contenido digital, al repartidor de aplicaciones, al programador freelance. Todos, desde distintos roles y circunstancias, aportan valor y esfuerzo a la misma economía nacional.

Cuando usamos el término “economía popular”, trazamos una frontera invisible. De un lado, el trabajo registrado con derechos y seguridad social. Del otro, pareciera ser un universo de subsistencia condenado a la informalidad perpetua. Y aquí está la paradoja: nos dicen que los trabajadores de la “economía popular” son los marginados, pero al mismo tiempo, son sus pseudo representantes quienes los marginan de la sociedad en busca de beneficios políticos propios.

¿Dónde quedan en esta discusión los creadores de contenido? ¿Dónde ubicamos a quienes trabajan desarrollando software? ¿Qué lugar tienen los que prestan servicios en plataformas digitales? ¿Y qué pasa con aquellos profesionales independientes? El término pone el foco en unos pocos y excluye a cada vez más trabajadores. Si analizamos las nuevas modalidades de trabajo, el concepto de “economía popular” ni siquiera los contempla.

No sirve dividir la economía solo porque circunstancialmente a algunos les tocó ocupar un rol en la, usualmente llamada, informalidad -ya sea repartiendo pedidos, generando contenido o vendiendo en la calle- mientras otros accedieron a un empleo registrado. Esa circunstancia no los convierte en integrantes de economías distintas. Todos operamos bajo las mismas leyes de mercado, sufrimos la misma inflación, contribuimos al mismo PBI. Dividir es excluir.

Para entender la magnitud del problema, basta mirar los números y analizar la realidad local y global frente a los nuevos desafíos laborales.

Los informes más recientes de 2026 muestran una estructura fragmentada que desmiente cualquier intento de romantizar la informalidad. La tasa alcanzó el 43,2% de la población activa. Mientras el sector privado registrado sostiene apenas 7,2 millones de personas, más de 5,6 millones operan en la informalidad, sin red de contención. Esta masa de argentinos no representa un modelo alternativo. Representa los fracasos de nuestra dirigencia política y la incapacidad de buscar soluciones para contrarrestar esta situación.

El concepto tiene un sesgo analógico que ignora la realidad moderna. La expulsión del sistema formal hoy incluye a cientos de miles de argentinos en plataformas digitales -más de 160.000 solo en delivery y transporte- además de creadores de contenido, vendedores de cursos y prestadores de micro-tareas. Este ecosistema, donde el algoritmo determina las condiciones laborales, los deja en un limbo: ni empleados tradicionales ni empresarios con autonomía real.

Merecemos tener una discusión seria sobre este tema. Así como el término “economía popular” margina a un sector que aporta como lo hace cualquier otro trabajador, también las nuevas formas de trabajo quedan fuera de esa discusión.

Ante los avances tecnológicos y estas nuevas formas de trabajo, necesitamos discutir una reforma laboral que proteja a todos los trabajadores. La última en Argentina fue en 1974 -hace más de 50 años-, en un contexto donde no existían las plataformas digitales, el teletrabajo masivo, ni las formas de contratación que hoy atraviesan millones de argentinos. ¿Vamos a seguir regulando el trabajo del siglo XXI con leyes del siglo XX?

Necesitamos actualizar nuestro marco regulatorio para que contemple estas realidades, sin importar el formato de su trabajo. Llamar “popular” a la precariedad es romantizar la pobreza. La pobreza es circunstancial, no una identidad permanente. El esfuerzo de quienes trabajan merece ser valorado, no encasillado en categorías que perpetúan la exclusión.

No podemos clasificar el trabajo en categorías de primera y segunda. Si alguien genera valor -cosiendo ropa, manejando un auto por una aplicación, desarrollando un software o dictando un curso por Zoom- es parte indisoluble de nuestra economía nacional. Todos aportan desde el lugar que les tocó, desde la circunstancia que atraviesan. Todos forman parte del mismo sistema económico.

El desafío no es crear etiquetas para un universo aparte. El desafío es reformar la estructura laboral y tributaria, actualizar nuestras leyes a los tiempos que corren, y garantizar que esa masa del 43% deje de ser una estadística de excluidos e invisibles. ¿Estaremos a la altura de este desafío?