Argentina 2026, otra vez “tiempos difíciles”

La historia reciente de nuestro país muestra una sucesión de crisis, ajustes y políticas de excepción, en un contexto donde la deuda externa y la pobreza condicionan el futuro

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Monseñor Eduardo Pironio
Monseñor Eduardo Pironio

“Os digo esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis que sufrir, pero tened ánimo; yo he vencido al mundo” (Jn 16, 33).

El entrecomillado que sirve de título recuerda un libro breve del hoy beato monseñor Eduardo Pironio, titulado Meditación para tiempos difíciles. Fue un signo de sensatez y esperanza y un pedido de paz publicado en 1975. Fue escrito y publicado en el marco de una crisis económica y política grave provocada por las drásticas medidas de ajuste de Celestino Rodrigo, ministro de Economía de la presidenta Isabel Martínez. Ajuste que desató una intensa y extendida violencia social, paros, tomas de fábricas y ollas populares en el conurbano, el Gran Rosario y Córdoba.

Las crisis económicas argentinas fueron cíclicas y profundas a partir de 1955 en adelante. La Libertadora ingresó al FMI en 1956 y Frondizi contrató el primer préstamo a cambio de drásticas medidas de ajuste frente al desbarajuste del gobierno de facto anterior. Tres dictadores militares vinieron después del derrocamiento de Arturo Illia, sucesivamente: Juan Carlos Onganía (1966-1970), con las gestiones en el campo económico de Álvaro Alsogaray y Adalbert Krieger Vasena —único gobierno militar que llevó a cabo una política de estabilidad—; en cambio, Roberto Marcelo Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973) debieron realizar ajustes y entregaron el poder político al exiliado general Perón, dejando una situación económica y política en extremo crítica. Los ajustes de los años de las dictaduras de la Junta Militar que sucedieron al breve y efímero gobierno de Isabel Martínez en 1981-82, y después la hiperinflación sufrida por el radicalismo y la relativa estabilidad insustentable que logró Menem gracias a las privatizaciones —consistentes en “vender las joyas de la abuela”— derivaron en la crisis de 2001.

Durante los posteriores gobiernos democráticos predominaron los altos índices de inflación y el enorme crecimiento de la deuda interna y externa. Se alternaron políticas erráticas de apoyo a la industria y períodos de desindustrialización, aumento de la pobreza media y extrema, desconfianza en la moneda y respuestas como el corralito (2001) y los controles cambiarios.

Los regímenes de excepción

Ahora bien, las crisis económicas desde 1955 en adelante sucedieron con regímenes de excepción (dictaduras militares) o estados de emergencia económica y social. Regímenes que, con las diferencias del caso, se extendieron por toda Latinoamérica hasta el retroceso del comunismo en el mundo (caída del Muro de Berlín).

La inestabilidad política agravaba los problemas económicos estructurales y la dependencia de factores externos como el FMI. En la actualidad, y desde el gobierno de Fernández hasta hoy, la deuda externa creció en forma exponencial, siendo en total de entre 280 y 290 mil millones de dólares, un 42% del PBI.

Democracia y régimen de excepción

Los regímenes de excepción no solo suceden durante los gobiernos militares o de facto. Un claro ejemplo lo constituye el actual gobierno. No podemos hacer sino una breve mención a los decretos 70/23, la Ley Bases 27.742, el RIGI, las reformas al régimen nacional de inteligencia, el sistema de jubilaciones y pensiones, el sistema de telecomunicaciones e internet, los feroces recortes, el abuso de las facultades indelegables delegadas por el Congreso, las proyectadas reformas a la LCT, la Ley de Abastecimiento, la Ley de Tierras, etcétera. Este viernes, en el Boletín Oficial, el Ejecutivo publicó el DNU 941/25, que modifica la Ley de Inteligencia.

Disposiciones aberrantes

El constitucionalista Daniel Sabsay, entre otras críticas a la nueva norma (DNU 941/25), afirmó que —dictada a poco de terminar las sesiones extraordinarias del Congreso— no responde a ninguna “necesidad ni urgencia” y calificó su contenido como una “aberración” por la disposición que autoriza a un funcionario de la SIDE a detener personas por su sola consideración. Roberto Gargarella dijo que son conductas enemigas de la democracia y de la Constitución. Se trataría de imponer una democracia comisarial o del primer paso hacia una dictadura.

La Asociación Argentina de Juristas consideró que el DNU es inconstitucional y que daría pie a un “Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina”, al conceder a los espías atribuciones que, a excepción de la flagrancia, son exclusivas de los magistrados, como la orden de detención de personas sospechadas de cometer delitos. La SIDE pasa a ser legalmente un organismo ilegal, portador de un poder propio de las “policías secretas” de una dictadura con fachada liberal.

Distintos recursos legales o ilegales son administrados para lograr el dominio sobre el poder legislativo y el poder judicial, para legitimar el ejercicio excepcional de ese poder y transferir la soberanía del pueblo a la más alta “autoridad” del César.

¿Una concepción schmittiana? Digamos que Carl Schmitt sostenía que el soberano se define por el poder sobre la excepcionalidad del mismo y la capacidad de ejercer ese poder sobre la excepción ante lo imprevisible y peligroso para el Estado. El orden jurídico se suspende pero no desaparece el Estado. En cambio, Milei o sus ideólogos sostienen la excepcionalidad con el declarado propósito de reducir al Estado a su mínima expresión hasta hacerlo desaparecer. Schmitt refería a regímenes totalitarios. Nosotros tenemos una mixtura de dictadura del Estado contra el Estado y régimen iliberal, es decir, dictadura suicida con fachada liberal.

La paradigmatización de la excepción

La paradigmatización de la excepción parece ser el telón de fondo de la historia política argentina de las últimas décadas. Esa característica destaca en un gobierno nacional que es la expresión de figuras que se parecen y se excluyen: un Estado que emplea su libertad contra sí mismo y que, con el fin de violar la propia Constitución que lo funda y legitima, decide suspender o derogar la vigencia de derechos humanos.

Claro que la excepción declarada ha sido de aceptación voluntaria por vía del consenso electoral y del órgano legislativo, cuando en reiteradas oportunidades las primeras minorías se sometieron al poder soberano del Ejecutivo y levantaron las manos.

Aun cuando las fuerzas profanas de la política del no-Estado, como las escandalosas maniobras de las criptomonedas, por citar un ejemplo, o la celebración de pactos o alianzas con naciones extranjeras sin el consenso del Congreso (art. 75 inc. 28 CN), son sostenidas por el Estado demo-teo-crático. El derecho es reducido a puro hecho, ilegal e inconsistente. Vaciado de la eticidad que lo funda en la suspensión de normas constitucionales por meros decretos o reglamentos y que garantiza su existencia.

Derogaciones de derechos en los hechos

La suspensión de las garantías constitucionales referidas al trabajo y la previsión y seguridad social, donde de hecho, indirectamente, se ha instaurado la no distribución del ingreso justo o, dicho en términos más vulgares, el “reparto de la torta”, la caída de los haberes, la no prestación de los servicios de salud, por el diferimiento de turnos para intervenciones quirúrgicas o la demora sine die en la entrega de medicamentos oncológicos o de medios a discapacitados.

La voluntad del soberano decide sobre la vida y la muerte de los más débiles. Moderna forma callada e indirecta de condenar a los pobres a la muerte.

La única democracia está en la opinión del pueblo que sirve al pueblo y tiene fe

Las marchas de los jubilados de los miércoles, la resistencia de los médicos y personal auxiliar del Hospital Garrahan y del Clínicas, de los científicos e investigadores del CONICET, aquella primera movilización de la sociedad en defensa de la educación universitaria, las procesiones a Luján, a los santuarios de la Virgen de Caacupé, a San Cayetano y otras manifestaciones, fueron durante los últimos meses un gran signo de la presencia concreta del encuentro supremo del Señor y del pueblo. Puede decirse que la democracia no está muerta. Sobrevive en la opinión pública, en las misas, en las calles, en las esquinas de las barriadas, en los Hogares de Cristo, en los comedores, en las parroquias que desbordaban de fe y de entusiasmo en la noche en que celebramos el nacimiento de Jesús.

Fuera de ese movimiento y manifestación de la voluntad popular y amor interhumano, la democracia se estructura en una representación y/o delegación falsa, que está corrompida por el dinero y el interés banal del ateísmo perdulario. Al margen, claro está, de algunas voces y acciones de políticos valerosos que viven para servir. Como decía el papa Francisco: “el que no vive para servir, no sirve para vivir”.

La espera y la esperanza crean los tiempos nuevos

Decía monseñor Eduardo Pironio: “En los tiempos difíciles hay una fácil tentación contra la esperanza: ponerse inútilmente a pensar en los tiempos idos o soñar pasivamente en que pase pronto la tormenta, sin que nosotros hagamos nada para crear los tiempos nuevos.

La esperanza es una virtud esencialmente creadora; por eso cesará cuando, al final, todo esté hecho y acabado. El cielo será el reposo conseguido por la búsqueda de la fe, la constancia de la esperanza y la actividad del amor (1 Ts 1,3). La felicidad eterna será eso: saborear en Dios para siempre la posesión de un bien intuido por la fe, perseguido en la esperanza y alcanzado por el amor. Pero la fortaleza no es poderío ni agresividad.

Hay pueblos que no tienen nada, que esperan todo, y son inmensamente felices. Porque son providencialmente fuertes en el espíritu. Poseen a Dios y gustan en el silencio de la cruz su adorable presencia. Para ser hombre de paz hay que ser fuerte: solo los que poseen la fortaleza del Espíritu pueden convertirse en operadores de la paz (Mt 5,5). La fortaleza es necesaria para asumir la cruz con alegría, como el gran don del Padre, que prepara la fecundidad para los tiempos nuevos…”