Un Presupuesto para un país en recuperación

Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, decía que la inflación se parece al alcoholismo; cuando se imprime demasiado dinero, como cuando se empieza a beber, los efectos positivos llegan primero y los negativos más tarde. Por eso, la tentación a exagerar es enorme. La cura, en cambio, exige lo opuesto -dejar de beber o de emitir- implica un esfuerzo que antecede a los beneficios. Friedman, concluía que esa era la razón por la cual resulta tan difícil persistir en la cura.

En la presentación del Presupuesto Nacional 2026, el presidente Javier Milei fue categórico: “El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y un principio no negociable. Hoy el futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”. Con esa definición, reafirmó que la baja de la inflación y el crecimiento sostenido dependen de una sola condición: el déficit cero.

La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 8, establece que el Congreso debe sancionar un presupuesto anual que refleje el programa general de gobierno y el plan de inversiones públicas. El problema es que, en cuatro de los últimos seis años —2020, 2022, 2024 y el actual— la Argentina funcionó sin una ley de presupuesto.

Lo que pasó esta semana en el Congreso también tiene que ver con esta cuestión. Cada vez que se aprueban iniciativas sin financiamiento genuino no se hace justicia, sino que se repite la lógica del populismo. No se trata de discutir objetivos. Todos queremos jubilaciones dignas, salarios justos y más recursos para educación y salud, sino de entender que sin recursos no hay derechos sostenibles. Por eso, la Argentina necesita un presupuesto equilibrado que ordene la discusión y devuelva certidumbre.

Carlos Nino, en su libro Un país al margen de la ley, hablaba de “anomia boba” para referirse a esa propensión argentina de trasgredir las reglas para obtener una ventaja inmediata que, a la larga, termina perjudicando a toda la sociedad. Es así, que las normas, en lugar de ordenar la vida democrática, se perciben como obstáculos a sortear y terminan vaciándose de sentido.

La imposibilidad recurrente de aprobar un presupuesto y la persistencia en aprobar leyes que aumentan el gasto público sin respaldo real, son síntomas de una patología institucional que erosiona nuestras instituciones. Y como señalan Daron Acemoglu y James Robinson en Por qué fracasan los países, el desarrollo depende de la calidad de las instituciones. Cuando las reglas son claras, previsibles y respetadas, se generan incentivos para invertir, innovar y crecer. En cambio, cuando se las usa para beneficios de unos pocos, el resultado es el subdesarrollo.

Aprobar el presupuesto y defender el déficit cero no es una obsesión contable, es la condición para terminar con el populismo que nos empobreció y nos sumergió en una profunda decadencia. Solo así podremos dejar atrás la inflación y abrir, de una vez por todas, el camino hacia una economía sana y próspera.