En plena crisis social, la reforma judicial de Santa Cruz costará $4.500 millones

La Legislatura de Santa Cruz aprobó la Ley 3949 que amplía el Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve miembros. No se trata de un simple ajuste institucional: es una jugada política que, en el peor contexto económico y social de la provincia, supone un gasto anual de al menos 4.500 millones de pesos en salarios para nuevos vocales, secretarios y relatores. Y lo más grave: se trata de cargos vitalicios, que la provincia deberá soportar de por vida, aun en medio de su crisis más profunda.

El número no es menor. Mientras los hospitales reclaman insumos, las escuelas se caen a pedazos y miles de trabajadores estatales ven cómo sus sueldos se licúan con la inflación, destinar semejante monto a crear cargos de máxima jerarquía judicial resulta, cuanto menos, un despropósito.

A esto se suma otra realidad: las defensorías, fiscalías, juzgados de primera instancia y de paz se encuentran en un estado deplorable en toda la provincia, una realidad que no es nueva y que venimos atravesando desde hace más de 20 años. Estos son los espacios donde la ciudadanía tiene el primer contacto con la Justicia, y sin embargo se trabaja en edificios deteriorados, sin recursos suficientes y con personal desbordado. En lugar de fortalecer esa primera línea de atención, la Legislatura elige inflar la cúpula judicial con más cargos de elite.

El gremio de judiciales ya advirtió que esta ampliación no responde a una necesidad real de la Justicia, sino a una voluntad de alinear al Poder Judicial con los intereses políticos del gobernador. El proyecto se gestó sin debate público, sin consultar a sindicatos, colegios de abogados ni trabajadores judiciales. La ausencia de diálogo solo alimenta la sospecha de que la decisión no busca fortalecer el servicio de Justicia, sino reforzar el poder político en los estrados más altos.

Uno de los principales argumentos para ampliar el Tribunal es el crecimiento poblacional: Santa Cruz tiene alrededor de 337.000 habitantes. Como punto de comparación, podemos señalar que la Corte Suprema de la Nación tiene cinco miembros para una población de más de 45 millones; y si vamos más allá, en los Estados Unidos, con más de 340 millones de habitantes, la Corte Suprema está integrada por sólo nueve magistrados. Esto evidencia que el crecimiento de la población por sí sola no constituye un criterio suficiente para justificar la creación de cargos judiciales si no se acompaña de eficiencia funcional y control institucional.

¿Fortalecer la Justicia? Eso se logra con salarios dignos, infraestructura adecuada y acceso real al servicio judicial para cada ciudadano. No con más sillones en la cúpula.

El contraste es brutal: mientras se recorta el presupuesto judicial en un 38% —de 169 mil millones a 106 mil millones de pesos en un año—, se pretende aumentar el gasto en cargos de elite que poco aportan al funcionamiento cotidiano de tribunales y juzgados. El mensaje es claro: se privilegian los acuerdos de poder antes que las necesidades de la sociedad.

La Legislatura tiene ahora la oportunidad de enmendar el error. Derogar la Ley 3949 no es ir contra la Justicia, es salvarla de convertirse en un apéndice del poder político y de un gasto obsceno en tiempos de ajuste. Porque en Santa Cruz, hoy, la verdadera justicia sería priorizar hospitales, escuelas, salarios y la primera línea de defensorías, fiscalías y juzgados que sostienen el servicio diario, antes que blindar la mesa chica del gobernador.