
La presencia naval de Estados Unidos en aguas internacionales cercanas a Venezuela parece ser una operación multifacética que combina disuasión geopolítica, lucha antidrogas y presión diplomática. No sería la primera vez que Washington recurre a una estrategia de estas características para contener adversarios o marcar límites a potencias extranjeras en puntos neurálgicos del planeta. Desde el bloqueo a Cuba en 1962 hasta las operaciones de patrullaje en el Golfo Pérsico frente a Irán, las áreas marítimas han sido utilizadas como tablero de advertencia. El Caribe, ahora, se vuelve a convertir en escenario de influencia, rivalidad y presencia militar.
A diferencia de Irak en la década del 90 o Siria en tiempos más recientes, Venezuela no parece representar una amenaza militar convencional directa para Estados Unidos. La lucha contra el narcoterrorismo es la justificación del despliegue naval para interceptar cargamentos de drogas y cortar rutas marítimas utilizadas por el crimen organizado y en particular por la red de tráfico del llamado Cartel de los Soles, integrado por altos mandos del Ejército venezolano y figuras centrales del gobierno chavista. La declaración de terrorismo al narcotráfico pone de manifiesto que las implicancias son serias tanto a nivel internacional como interno del país involucrado.
Sin embargo, en esta instancia la decisión de Washington parece responder a un patrón clásico de presión donde la demostración de fuerza busca condicionar los movimientos del régimen de Nicolas Maduro al tiempo que envía un mensaje claro de disuasión a otros actores internacionales que desafían la hegemonía norteamericana en América Latina. También por el creciente acercamiento de Caracas con China, Rusia, Irán y Corea del Norte, algunos con presencia operativa en el territorio venezolano. Lo mismo en lo que hace a limitar el papel venezolano en el Caribe y en particular controlar el punto geoestratégico de acceso al Atlántico.
Consecuentemente, la presencia naval parece ser más un gesto calculado de presión y contención que la antesala a un conflicto militar. En ese orden, la acción naval estadounidense tendería a cumplir el doble propósito de vigilar movimientos geopolíticos y actuar contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico. Esta proyección de poder tiende a marcar límites y líneas que no se deberían cruzar y, al mismo tiempo, pretende modificar comportamientos con la mera presencia de poder naval, aunque no se dispare una sola bala.
No obstante, como en otros momentos de tensión internacional, la historia enseña que la militarización de zonas sensibles se puede convertir en escenarios de escalada o desencadenar un ciclo de represalias si no va acompañada de canales diplomáticos efectivos. La posibilidad de errores de cálculo, incidentes no previstos o reacciones desmedidas siempre están latentes. En el caso venezolano, un espiral de inestabilidad podría tener consecuencias regionales aumentando la polarización y arrastrando a vecinos o países aliados. También un deterioro militar podría impactar en el problema de desplazados y que algunos actores no estatales, como las guerrillas o los Carteles de droga, aprovechen las circunstancias.
En paralelo, el régimen de Nicolás Maduro podría capitalizar la situación a su favor con una narrativa anti imperialista y como una muestra de “persecución’ política, reforzando el control interno, justificando medidas represivas o consolidando alianzas con actores como Moscú o Teherán, que podrían responder con gestos propios de apoyo. Por lo tanto, la clave del éxito del ejercicio de poder encarado por Estados Unidos frente a Venezuela estará principalmente en el equilibrio entre la fuerza militar y la diplomacia.
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