La transición energética solo será viable si es justa para las comunidades

Hoy en día, energía y medio ambiente ya no pueden pensarse por separado. Hablar de energía implica hablar de sostenibilidad, y eso nos lleva directamente a las energías renovables y a la eficiencia energética. La sostenibilidad, junto con la seguridad del suministro y la competitividad, es uno de los tres grandes pilares de la política energética moderna. Pero lograr una energía más limpia y sostenible exige transformar el modelo actual, que todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles. Para que esta transición tenga éxito, debe ser también justa con las comunidades y segura para el sistema energético de cada país.

En las últimas semanas, dos decisiones importantes a nivel internacional han reforzado este llamado a una transición energética justa. La primera es una histórica opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Por unanimidad, los jueces reconocieron que la crisis climática representa una amenaza urgente y existencial, y afirmaron que los Estados tienen la obligación legal de cooperar para prevenir daños ambientales y proteger los derechos humanos. Es un documento de gran peso simbólico y jurídico que fortalece la discusión global sobre el cambio climático.

La segunda es la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, centrada específicamente en la relación entre cambio climático y derechos humanos. Esta opinión subraya que los Estados deben proteger a las personas frente a los impactos del cambio climático, garantizar servicios básicos como salud e infraestructura, y considerar los saberes indígenas y locales en las soluciones. Además, destaca el deber de los Estados de prevenir y sancionar actividades empresariales que afecten los derechos humanos, lo que abre la puerta a exigir mayor rendición de cuentas a actores no estatales. Este enfoque es fundamental para lograr una verdadera transición energética justa.

Estas decisiones se suman a otras iniciativas en el derecho internacional, como la reciente postura del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre las obligaciones de los Estados ante la crisis climática y la protección de los océanos. En conjunto, están dando forma a una nueva arquitectura legal que respalda acciones más decididas frente a la emergencia climática.

En este contexto, la transición energética no es solo un cambio tecnológico o económico, sino un proceso global que busca transformar la manera en que producimos y usamos la energía para reducir emisiones y combatir el cambio climático. Es, en cierto sentido, la “cuota” que debe asumir el sector energético en esta transformación global. En la práctica, la transición se materializa en proyectos de energía solar y eólica, eficiencia energética, e inversiones en tecnologías limpias. Pero también requiere regulaciones claras, estables y alineadas con estándares internacionales, centradas en la descarbonización, la digitalización y la descentralización del sistema.

En Colombia, este proceso ya ha comenzado, aunque con retos importantes. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) lanzó un tablero de control que permite hacer seguimiento a los proyectos de energías renovables no convencionales, incluyendo su capacidad de generación, emisiones evitadas y estado de avance. Según los datos disponibles, actualmente hay 7 proyectos eólicos, 26 solares y 21 líneas de transmisión en proceso de licenciamiento, aunque solo se incluyen los proyectos bajo la competencia directa de la ANLA. Faltan datos de otras autoridades ambientales, por lo que el panorama sigue siendo parcial.

Colombia ya cuenta con una matriz energética mayoritariamente renovable: más del 80% de su capacidad instalada proviene de fuentes hidroeléctricas. Según la asociación ACOLGEN, esto le da al país un gran potencial para avanzar en la transición energética. Además, cerca del 7% de la capacidad instalada corresponde a proyectos solares, y en lo que va de 2025, alrededor del 5% de la energía generada ha sido solar. Sin embargo, estas cifras deben analizarse junto a la diversidad cultural del país, ya que muchas comunidades han planteado reparos legítimos frente a los impactos de estos proyectos.

Uno de los principales reclamos tiene que ver con los efectos acumulativos de múltiples proyectos en un mismo territorio, especialmente en términos sociales. Se ha hablado de la necesidad de obtener una “licencia social para operar”, es decir, el consentimiento informado de las comunidades. Para lograrlo, es clave que las empresas realicen procesos de debida diligencia que incluyan estudios serios sobre la población local, planes para mitigar impactos sociales, y mecanismos de diálogo y monitoreo permanente con las comunidades.

La transición energética puede traer grandes beneficios: mejorar las condiciones de vida, ampliar el acceso a la energía y fortalecer la democracia energética. Pero también conlleva riesgos si no se hace de manera equitativa y participativa. Una transición verdaderamente justa debe poner a las personas en el centro, especialmente a los grupos más vulnerables, como pueblos indígenas, mujeres, campesinos, niños niñas y adolescentes. Los gobiernos deben elaborar hojas de ruta inclusivas, con enfoques diferenciales por etnia, territorio y género.

También deben garantizar beneficios concretos para las comunidades, como empleos locales, inversión social y distribución justa de los ingresos.

Además, es fundamental promover la educación energética comunitaria. Las comunidades deben conocer sus derechos y entender los impactos positivos y negativos de los proyectos. Solo así podrán tomar decisiones informadas y participar activamente en la transformación energética del país.

Por último, el impulso desde la justicia internacional es una oportunidad para que los Estados reactiven su compromiso climático y construyan marcos regulatorios sólidos, justos y seguros.

Necesitamos avanzar hacia reglas simples, claras y efectivas, que integren la seguridad energética y la justicia social y ambiental como elementos centrales. Solo así podremos garantizar una transición energética que no deje a nadie atrás y que contribuya de verdad a enfrentar la emergencia climática.