La relación entre Justicia y política

El debate sobre el número de jueces que deben integrar el Máximo Tribunal fue noticia en las últimas semanas debido a que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado discutió proyectos que buscan ampliar la CSJN.

En los orígenes de la República, los constituyentes de 1853 establecieron en el entonces art. 91 de la Constitución que serían 9 los jueces que integraran la Corte Suprema de Justicia, inspirándose en el modelo estadounidense. No obstante, la reforma de la CN en 1860 eliminó (desafortunadamente) esta disposición, y delegó en el Congreso la potestad de fijar por ley el número de magistrados, que ha variado a lo largo de la historia.

Durante 100 años se mantuvo en 5 ministros; luego, en la década del ‘60, se aumentó a 7, y al poco tiempo se redujo nuevamente. En los años 90 se conformó la famosa “mayoría automática” de 9 jueces del Presidente Carlos Menem, y adentrados en el siglo XXI la ley 26.183 volvió gradualmente a 5 magistrados, reformando el art. 21 del Decreto-Ley 1285/58, que organiza al Poder Judicial de la Nación (PJN).

Cubrir los puestos vacantes de la Corte no es una tarea simple, pues la Constitución exige para ello una mayoría de dos tercios de los miembros presentes del Senado. En este contexto, el pasado diciembre Juan Carlos Maqueda renunció a su judicatura tras alcanzar la edad límite de 75 años impuesta por el art. 99, inc. 4 de la CN. Su vacancia se sumó a la causada por la dimisión de Elena Highton de Nolasco, en noviembre de 2021. Así, nuestro Máximo Tribunal cuenta hoy con sólo 3 jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El 40% de la Corte Suprema se encuentra pendiente de nominación.

Similar número suman las vacantes dentro del PJN (+30%), lo que constituye una grave problemática, pues los procesos demoran más de lo debido y los funcionarios y jueces subrogantes ven su capacidad laboral considerablemente sobrepasada debido al inmovilismo del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Consejo de la Magistratura.

Durante 2024 y el inicio de este año, el Gobierno impulsó la candidatura del juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla para cubrir las vacantes de la CSJN. Tras meses de inacción por parte de los senadores, el Presidente Javier Milei decretó nominarlos en comisión hasta tanto el cuerpo se expidiera sobre los pliegos. La cámara alta finalmente rechazó esa decisión.

En este último tiempo, las bancadas opositoras en el Senado desarchivaron algunos proyectos de ley con la intención de aumentar el número de jueces de la CSJN y de negociar con el oficialismo el nombramiento de candidatos apadrinados por ellos. Otra vez la puja de poder intenta alcanzar a la Justicia, con iniciativas que van desde los 7 y 9 miembros hasta los 15, normando también la paridad de género, pero siempre buscando cooptar políticamente al último garante de la ley fundamental.

Aunque las propuestas son variadas, todas tienen un denominador común: ignoran el problema central, que es la falta de integración del Poder Judicial en general, que ralentiza la resolución de las causas y daña la efectividad del sistema.

Justicia tardía es justicia denegada, ¿pero cómo podría ser ella rápida si quienes deben completarla discuten cómo politizar al Máximo Tribunal?

Decir que la política está alejada de la realidad social no es ninguna originalidad, empero la forma con la que se utiliza como fachada la ampliación de la CSJN cuando los tribunales inferiores operan por encima de sus capacidades resulta ética e institucionalmente objetable. Sería esperable que nuestros gobernantes revisaran su posición, pero más que una posibilidad, pareciera ser sólo una utópica reflexión.