Es indiscutible que el sistema previsional argentino es complejo y está constantemente en debate debido a sus numerosos problemas. En un contexto donde el Gobierno busca recortar cualquier tipo de gasto público, sin considerar destinatarios o necesidades esenciales, es crucial contar con suficientes elementos para la discusión, ya que hay derechos en juego.
No hay dudas sobre la necesidad de generar una reforma integral del sistema previsional para hacerlo más ordenado, equitativo y sostenible a largo plazo. Lejos de proponer reformas para beneficiar a los jubilados, el Presidente no ha presentado propuestas que lleven a un mejor ordenamiento del sistema previsional. Todas sus iniciativas en el Congreso han apuntado solamente a la reducción del gasto previsional.
La realidad de los jubilados es alarmante: sus haberes no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria. La propuesta del Presidente para lograr el déficit fiscal cero se ha hecho en gran parte a expensas de la licuación de los haberes jubilatorios.
Desde que asumí la presidencia de la Comisión de Previsión y Seguridad Social en Diputados, me he enfocado en que podamos generar una respuesta sólida desde lo técnico y responsable desde lo fiscal. Cuando comenzó el debate para resolver el problema de la fórmula de movilidad, tal como lo exige la Constitución Nacional, el Gobierno emitió el DNU 274/24, que incorporaba el Índice de Precios al Consumidor. Aunque fue una buena iniciativa, resultó precaria desde lo legal e insuficiente desde lo económico. Por ello, continuamos el debate para subsanar el DNU y dotarlo de seguridad jurídica.
Gracias a la participación de 40 especialistas, se evidenció la necesidad de corregir las deficiencias de ese decreto. Aunque incorporaba la inflación como mecanismo de actualización, omitía la variable salarial, lo que generaba un gran riesgo de litigiosidad al incumplir fallos de la Corte Suprema de Justicia. Además, no abordaba la problemática de los bonos paliativos introducidos por Alberto Fernández, no establecía un mecanismo coherente de actualización de las remuneraciones, y no cubría el 20% de inflación sufrida en enero, sino solo un 12%.
Para evitar la judicialización de estos errores, y por ende, un mayor gasto público, se votó la propuesta que hoy el Presidente planea vetar. Esta propuesta garantiza a los jubilados ese 8% faltante de enero, establece como piso del haber el valor de la Canasta Básica Total por adulto, asegura un aumento anual acorde a la suba de salarios, implementa mecanismos de transparencia en los regímenes especiales, y prioriza el pago de juicios a jubilados y las deudas con las cajas provinciales.
Previmos acusaciones y agravios como los que hemos recibido esta semana. Por ello, durante el debate en comisiones, solicitamos a la Oficina de Presupuesto del Congreso (un organismo técnico y profesional) que cuantificara el impacto fiscal de nuestra propuesta. Determinó que era un 0,43% del PBI por encima de lo que ya estaba gastando el gobierno con el DNU, el mismo monto que el Presidente dijo haberse ahorrado con la licuación de las jubilaciones en el primer trimestre.
Por lo tanto, le propusimos al Gobierno no reducir el déficit a costa del empobrecimiento de los jubilados, sino revisando otros gastos, como los beneficios tributarios y los regímenes especiales, y estableciendo mejores prioridades. Es decir, los recursos deben volver al lugar de donde se los sustrajo.
Gracias a la amplitud del debate, el abordaje técnico realizado, y la racionalidad de la medida, se aprobó en ambas Cámaras con dos tercios de los votos, la misma mayoría que nos exige la Constitución Nacional para insistir frente al veto presidencial. Voces muy diversas, de todos los partidos políticos y representando las diferentes realidades de Argentina, se expresaron de manera pacífica y racional, reconociendo que la propuesta convertida en ley es superadora.
Es crucial dar vuelta la página y comenzar a trabajar en la necesaria reforma integral del sistema previsional. El contexto es propicio, la predisposición existe, solo falta la voluntad política del presidente.
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