Ahora que bajó un poco la espuma, vale la pena reflexionar un poco más sobre la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán por la inhabilitación de Sergio Uñac y Juan Manzur. Es que, más allá de la renuncia de Manzur, los fallos podrían tener un enorme impacto hacia el futuro. ¿Qué pasará con las reelecciones indefinidas de Formosa y Santa Cruz? ¿Qué límites tienen las provincias para definir el alcance de nuestros derechos constitucionales?
Como ocurrió en el caso de Santiago del Estero, la renuncia de Manzur podría no ser suficiente para evitar que la Corte se pronuncie sobre el fondo. Gerardo Zamora también renunció a su candidatura después de una cautelar del tribunal en 2013. La Corte resolvió de todos modos por la situación de gravedad institucional y porque allí, al igual que ahora, se hablaba de injerencias del tribunal en la autonomía provincial. No podemos no responder a eso, dijeron los jueces. Es posible que con Manzur ocurra lo mismo, visto y considerando las barbaridades que les han dicho, empezando por “antidemocráticos”.
Pero volvamos a las cautelares de esta semana. Hay que analizar dos aspectos distintos. Por un lado, lo procedimental y político (para mí, muy problemático). Por otra parte, los estándares sustantivos que, aun sin haber decidido todavía sobre el fondo, dejó entrever (y que considero muy auspiciosos). Hoy arrancamos por lo que no me gustó. Mañana hablaremos de lo que sí.
Primero, una aclaración: que los cuestionamientos se dirijan a aspectos procesales y políticos no quiere decir que sean menos significativos. Para nada. Lo sustantivo (en este caso, los límites republicanos a los deseos re-re-re-re-reeleccionistas de dos ciudadanos) no es necesariamente lo único ni lo más importante. Las formas y los procesos son más bien cruciales.
De hecho, paradójicamente, la parte sustantiva de la decisión de la Corte es buena porque se mete, justamente, con la fragilidad de los procesos democráticos de San Juan y Tucumán. Mirá si no serán importantes las formas. Y, por cierto, qué transversal terminó siendo la jugarreta de racionalizar las violaciones procedimentales como temas “menores” al lado de todo lo bueno que se supone que trae sustantivamente una decisión. Pensé que eso era cosa de kirchneristas.

Bueno, vamos a lo que no me gustó. La Corte hizo tal vez lo más grave que podría hacer cualquier jueza o juez en una democracia constitucional: suspender elecciones. Esto no quiere decir que no se pueda hacer. De hecho, hay casos en los que se debe hacer (el de Zamora de 2013 me parece el más claro). Hablaremos de esa cuestión sustantiva mañana. Pero que se deba hacer no quiere decir que se pueda hacer de cualquier manera. Y así, de cualquier manera, fue como lo hizo la Corte.
Para empezar porque tuvo casi un mes para resolver, pero lo terminó definiendo apenas cinco días antes de los comicios. Es más, según explicó en Twitter el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en el caso de Tucumán hubo una demanda previa que entró a la Corte el 1 de diciembre de 2022 y que volvió con dictamen de la Procuración General el 16 de febrero. Algunos dicen que la Corte no resolvió porque, al no estar oficializadas las candidaturas, técnicamente no había “caso”.
Pero lo de Manzur se oficializó el 19 de abril y, sin embargo, el tribunal tampoco entonces actuó. De hecho, el expediente en el que finalmente resolvió es posterior (se inició el día 20). Rari. Y súper importante. Porque si hubiera definido con tiempo, podría haber inhabilitado a los candidatos sin necesidad de suspender las elecciones. Es más: insiste con la suspensión aun cuando Manzur ya se bajó. Rari bis.
Sigo. Las cautelares. ¿La Corte no podía definir el fondo del asunto en el mismo tiempo que se tomó para dictar la suspensión cautelar? No hay cuestiones de prueba, no hay cuestiones de hecho. Eran casos, como les gusta decir a los bogas, “de puro derecho”. No digo que no fueran complejos, pero tampoco es que no se pudieran resolver sentando el traste en el sillón de juez supremo toda la madrugada. ¿Era mucho pedir que se tomaran el tema en serio y le dedicaran un par de noches sin dormir para brindarle a la ciudadanía, y en especial a los sanjuaninos y tucumanos, esa certeza jurídica que tanto les gusta prometer en eventos internacionales como el que hizo esta semana la AmCham?
¿Algo más? Sí, claro. Los escuetos fundamentos. Le tengo una fe bárbara a la capacidad de decir cosas importantes en pocas líneas, pero ¿cinco páginas para suspender elecciones en una provincia? ¿Cinco páginas (bueno, a Uñac le dedicaron 10) para justificar la excepcionalísima competencia originaria de la Corte, la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y el radical cambio de opinión de Carlos Rosenkrantz desde su disidencia en el caso de Weretilneck en 2019 hasta hoy?
Y, por último, lo político. Por momentos, la Corte parece tomar decisiones en el vacío, en un cono de silencio, como si el derecho fuera ciencia nuclear y como si sus decisiones no tuvieran mayor impacto que el de una clase en la facultad. Tal vez incluso menos. Sentí lo mismo con el fallo “Muiña” que le concedió el beneficio del 2x1 a los delitos de lesa humanidad. ¿No hubo un amigo, un secretario, una novia, alguien que les dijera “amigo, date cuenta”? Digo, ¿antes de que se les llenara la plaza de gente pidiendo sus cabezas metafóricas o de que los miraran con desdén en congresos académicos?
Ahora lo hicieron de nuevo. Dictaron dos cautelares de un par de páginas para suspender elecciones en dos provincias argentinas como si estuvieran debatiendo cuestiones filosóficas o constitucionales en una cátedra. No importa si el partido que iba a ganar esas elecciones lidera un juicio político contra ellos en la Cámara de Diputados.
No importa si el país se incendia. No importa si las dos principales coaliciones crujen frente al avance de un antisistema secundado por la hija de un militar que se negó a jurar por la Constitución, una mujer que niega la cifra de desaparecidos y refiere que no hacía falta el matrimonio igualitario porque ya había unión civil. No importa si más del 80% de la gente desconfía del Poder Judicial. No importa si es la Corte con menos espalda para tomar decisiones difíciles desde la reconstrucción post-menemista del tribunal.
No importa nada más que la República. De ella hablaremos mañana.
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