
Mientras la crisis política que vive el Perú continúa sin solución, con un gobierno aún endeble frente a la arremetida violenta de los sectores que buscan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, los recientemente juramentados alcaldes y gobernadores tienen también en sus manos parte de la solución a la problemática nacional, si es que se ponen a trabajar, de manera rápida, eficiente y oportuna.
Hay que recordar que el gasto público en las regiones del país se realiza mayormente a través de los gobiernos descentralizados. Sin embargo, paradójicamente, son estos mismos los que menos ejecutan su presupuesto, o terminan destinándolos a proyectos o iniciativas de poca o ninguna relevancia para el desarrollo de sus pueblos. Peor aún, si éstas se desarrollan por intereses subalternos o vienen manchados de corrupción.
Quiere decir que, por un lado, el gobierno central y los organismos de control de la correcta ejecución del presupuesto público tienen en su poder la posibilidad de ejercer mayor presión sobre los gobiernos regionales para la ejecución de obras y proyectos con beneficios reales para la ciudadanía; y por otro lado, gobernadores y alcaldes tienen la oportunidad de oro para iniciar su gestión dando señales de eficiencia y transparencia, ejecutando sus obras y colaborando con el retorno a la paz social, política y económica que tanto necesitamos.
Sin embargo, una tara que arrastra la política peruana y que se lleva de encuentro a la gestión pública es la pésima costumbre de iniciar un nuevo mandato edil o regional, destruyendo o anulando todo proyecto que dejaron en planes o en marcha los antecesores, creyendo que de esta forma destruyen la imagen y legado que dejaron en los vecinos.
Esta política del borrón y cuenta nueva es una práctica efectista al inicio de un mandato, pero resulta siendo un peligroso boomerang para quien la adopta, porque la realidad es que la ciudadanía suele aplaudir y valorar la continuidad de las obras y proyectos. Las personas aprecian que se priorice el desarrollo de sus ciudades y regiones y suelen darle más crédito al que las culmina más que a quien las inicia. El planeamiento y la prospectiva estratégica en la gestión pública están justamente diseñados para que las autoridades y funcionarios continúen una línea de desarrollo, en vez de paralizarla.
Un ejemplo claro de esta situación se viene dando en el distrito de Miraflores, en Lima, donde el nuevo alcalde parece no saber o no entender estos principios básicos, y ha hecho más anuncios de paralizaciones y suspensiones de obras que acciones concretas de continuidad y mejoras. Así lo percibe un 87% de la población de los vecinos cuando en una encuesta, realizada hace unas semanas reclama la continuidad en las obras dejadas por el anterior alcalde, destacando principalmente el Proyecto Smart City o Ciudad Inteligente y la remodelación del estadio Manuel Bonilla, entre otros.
En un clima de inestabilidad política y social como el que vivimos, la confianza se convierte en un pilar básico y estratégico para atraer inversión privada. Iniciar sus mandatos, cancelando proyectos o modificando ordenanzas, por la simple razón de querer golpear políticamente a sus antecesores, los muestra más bien poco audaces y desconectados con la necesidad de urgencia que tienen los ciudadanos para ver concretadas las obras y proyectos en su ciudad.
La estrategia del borrón y cuenta nueva en la gestión pública, que responde a intereses privados o políticos, es una afrenta a los principios y objetivos de la planificación estratégica y prospectiva. La experiencia en nuestro país nos demuestra que quien opta por este camino es quien al final termina siendo borrado de la memoria, el reconocimiento y la credibilidad ciudadana.

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