En marzo de este año, el presidente Alberto Fernandez afirmó: “El viernes arranca la guerra contra la inflación, vamos a terminar contra los especuladores y vamos a poner las cosas en orden”.
Esta frase, que sonaba muy linda, intentaba disimular el fracaso de la actual gestión en lidiar con una problemática económica de nuestro país que impacta de lleno en el bolsillo de los trabajadores. Los precios aumentan cada vez más, las paritarias intentan empatar, pocas lo consiguen, el ahorro se desploma y el consumo también.
Esta situación angustiante que vivimos los argentinos no es azarosa, es producto de un sinfín de malas decisiones de gestión. De la confusión de Estado con Gobierno, de la irresponsabilidad permanente en el manejo de las finanzas públicas, de agrandar cada vez más la estructura estatal para paliar las consecuencias de la incapacidad de lograr un modelo productivo que genere fuentes de empleo.
Quedó claro con estos tres años del cuarto mandato del kirchnerismo que no entienden cómo gestionar de manera eficiente, sin desatender las demandas sociales pero siendo responsables con el futuro de nuestra población. Si no, analicemos el déficit que se anunció recientemente en Aysa, casi ochenta mil millones de pesos que debemos pagar los argentinos.
El próximo gobierno, que estoy convencida que será de Juntos por el Cambio, tiene el gran desafío por delante de sentar las bases para el progreso de nuestro país, que impulse el desarrollo productivo y tecnológico, que le dé certidumbre a nuestra población y al sector privado, que brinde seguridad jurídica y condiciones aptas para generar inversiones.
Fundamentalmente que entienda que el único camino para combatir la pobreza es con mejor educación y trabajo en conjunto entre sector público y privado, dejar de estigmatizar a las empresas y empezar a apoyarlas. Es necesario cambiar el paradigma de Estado asfixiante y recaudador, a un Estado presente y eficiente.
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