Más de 20 organizaciones exigen que el Gobierno garantice la igualdad de género en la Justicia

El techo de cristal del Poder Judicial es aplastante. Según el último Mapa de Género de la Justicia Argentina (2021) que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, el 57% de los cargos son ocupados por mujeres, pero solo el 31% son las máximas autoridades de la institución. Si se suman otros puestos jerárquicos (jueza, fiscal o defensora) la cifra asciende al 45%, pero sigue debajo de la paridad. En cambio, las mujeres son mayoría entre las funcionarias y el personal administrativo (61%). Es el conocido piso pegajoso, que deja a las mujeres atadas a la base de la pirámide.

Hay tribunales estratégicos que no tienen ninguna jueza mujer. Por ejemplo, las Cámaras Federales de La Plata y Mar del Plata, la Cámara Nacional Electoral y la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, que revisa las decisiones de los 10 jueces y 2 juezas que conforman esa liga hermosa a la que hemos dado en llamar Comodoro Py.

¿Qué se hace para cambiar este escenario? Poquito y nada.

En 2019 el Consejo de la Magistratura modificó el reglamento de concursos y estableció un cupo femenino mínimo. ¿Cómo funciona? Con el puntaje del examen y de la evaluación de los antecedentes se conforma un orden de mérito. Los/as mejores seis pasan a la etapa de la entrevista personal (donde se corta el bacalao). Si en esa lista reducida no hay mujeres, se debe agregar a dos de las postulantes que sigan en el orden de mérito general, siempre que hayan obtenido los puntajes mínimos requeridos en la prueba y los antecedentes.

Además, en la terna (los/as tres finalistas entre quienes el Presidente elegirá a uno/a para enviar su pliego al Senado) debe haber al menos una mujer. O sea, si son tres varones, el último debe ser reemplazado. Pero para eso la entrevista personal de la mujer debe haber sido satisfactoria. Y, como sabemos, la entrevista es un canto a la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque permite modificar a dedo el orden de mérito original que resulta después del examen y de la evaluación de antecedentes. ¿Qué gane el mejor? Nah. Política mata concurso. Y a nadie le parece mal. Ni siquiera a quienes dicen que el cupo femenino rompe los criterios de idoneidad.

Como si fuera poco, el reglamento no se cumple. A principios de 2021, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), la Asociación de Abogadas Feministas de la Argentina (ABOFEM), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Poder Ciudadano y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) presentaron un amparo colectivo por violación del cupo en tres concursos.

La jueza Rita María Ailán, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4, lo rechazó. Dijo que lo del cupo femenino es muy lindo, pero que bueno, en fin, los concursos habían empezado antes del nuevo reglamento y no podemos cambiar las reglas a mitad de camino. De este modo, la jueza dejó a salvo no solo los tres concursos objetados, sino todos los que estaban en trámite pero se habían iniciado antes de que el Consejo de la Magistratura estableciera el cupo. Y no eran pocos: 25 concursos para cubrir 77 vacantes. O sea, 77 nuevos jueces varones. Garantizado. Por suerte la magistrada reconoció que la discriminación es una cosa muy fea.

Una de las ONGs (ACIJ) apeló, pero a principios de este año la Sala II de la Cámara, con las firmas de los jueces Luis Márquez y José Luis López Castiñeira, confirmó que el Poder Judicial tiene pocas ganas de romper el techo de cristal. ¿Qué dijeron? Que el caso no podía resolverse solo entre las ONGs y el Consejo de la Magistratura, sino que se tendría que haber convocado a los varones que integraban las ternas impugnadas por falta de mujeres. Bien. Buen argumento. Preguntémosles qué piensan a los varones que se benefician de un sistema estructuralmente desigual sostenido por un Estado que, violando sus obligaciones internacionales, mira para otro lado. Preguntémosles a los muchachos de la terna si no les jode bajarse para que entre una mujer. Dale.

El acceso desigual que rige en la selección de juezas y jueces también se observa en los concursos de fiscalas/es. El caso de las defensoras/es es algo distinto. Según una investigación que presentó el Ministerio Público de la Defensa de la Nación a fines de 2021, el 79% de las ternas enviadas al Poder Ejecutivo entre 2008 y 2019 incluyeron mujeres, pero solo fueron designadas el 33% de las veces.

¿Qué quiere decir esto? Que, más allá de las reformas obvias que deben hacer el Consejo de la Magistratura y los Ministerios Públicos (también a nivel provincial), una parte crucial del problema es la decisión final que, en el sistema federal, toma el Presidente (o la Presidenta) cuando decide seguir priorizando significativamente a los varones al seleccionar los pliegos que envía al Senado.

Esta decisión distributiva desigual no debería sorprender, pues los presidentes hacen lo mismo con las designaciones de sus colaboradoras/es. Consultada por Infobae, Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva de ELA, dice que “el Poder Ejecutivo debe hacer una autocrítica respecto de sus propias acciones en el nombramiento de funcionarios y funcionarias en distintos ámbitos de la administración pública, donde se declama más de lo que se cumple”. En su investigación “Sexo y Poder: ¿quién manda en la Argentina?” (2020), ELA demostró que, comparado con la Justicia y el Congreso, el Poder Ejecutivo tiene los peores índices de participación de mujeres en espacios de decisión.

Antes este sombrío panorama, a las organizaciones que demandaron al Consejo de la Magistratura se les sumaron otras (de todos los wines) y, hace unos días, hicieron una presentación ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.

¿Qué proponen? Que Alberto Fernández apruebe un decreto limitando su facultad de designar juezas/ces, fiscalas/es y defensoras/es en función de las desigualdades de género existentes para acceder a esos cargos. El mecanismo de la autolimitación es similar a lo que hizo Néstor Kirchner en 2003 (el actual Presidente era su Jefe de Gabinete) cuando, a propuesta de varias de estas mismas ONGs, decretó un sistema de participación ciudadana para designar a las juezas y jueces de la Corte.

En este caso, las autolimitaciones serían:

-Devolver las ternas remitidas por las instituciones judiciales cuando estén conformadas solo por varones.

-Designar mujeres en los órganos colegiados que actualmente están conformados solo por varones (cámaras, tribunales orales, etc.).

-Determinar un porcentaje mínimo de cargos judiciales que deberán ser ocupados por mujeres y, si no se cumple, remitir al Senado solo pliegos de candidatas mujeres hasta cubrir el piso establecido.

No parece mucho, ¿no? Y, sin embargo, más allá de la indignación ante las injusticias de género y la cháchara del fin del patriarcado, los poderes del Estado no reaccionan. Se quejan, les duele y se afectan como si fueran meros observadores. Entre tanto, las políticas públicas concretas no aparecen. Como la reemplazante imaginaria de Elena Highton de Nolasco. El plazo para que el Presidente proponga una candidata venció el 1 de diciembre de 2021. ¿Van a llegar al año de incumplimiento mientras despotrican por la Corte de cuatro, el lawfare y la sarasa? ¿No les da un poquito de vergüenza?

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