Semana del clima en América Latina: riesgos y oportunidades de los mercados de carbono

La crisis climática y de biodiversidad que atraviesa la humanidad requiere de una acción urgente. La ola de calor que atraviesa Europa, los aludes que dejan a los Alpes sin su cotizada nieve, los incendios que abrasan trenes, autos y biodiversidad en Portugal y España son apenas muestras de cómo será el mundo desde ahora. ¿Qué planes tienen los gobiernos del mundo para lidiar con estos fenómenos?

El Acuerdo de París, el tratado internacional firmado por 195 países, despliega una herramienta para ayudar a trazar ese camino: los mercados de carbono. Pero, ¿es este mecanismo el que se necesita para ponerle un freno al termómetro? No necesariamente.

Los mercados de carbono son sistemas en los que países, empresas y otras organizaciones comercializan reducciones de emisiones ya alcanzadas para compensar su contaminación. Pueden funcionar bajo normas o acuerdos internacionales, o por fuera, permitiendo a empresas privadas y particulares “neutralizar” sus emisiones de forma voluntaria, en lo que se conoce como el Mercado de Carbono Voluntario (MCV).

Y estos mercados ya están funcionando y creciendo a pasos agigantados: el año pasado, el MCV superó los 1000 millones de dólares, más del doble de su valor en 2020.

América Latina y el Caribe –por sus extensas áreas boscosas y contexto socioeconómico– se posiciona como una de las principales regiones vendedoras de créditos para estos mercados. En 2021, la región representó el 22% del mercado voluntario de créditos de carbono e históricamente alrededor del 15% del mercado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Pero estos mecanismos, por sí solos, no aportan los beneficios climáticos que prometen. Esto puede ser ilustrado con una sátira que utilizó hace unos años Climate Watch a través del proyecto Cheat Neutral, que promovía un mercado para la fidelidad amorosa, en donde si una persona le es infiel a su pareja, puede comprar un bono a otra pareja que sí sea fiel para compensar su metida de pata.

Si bien puede aliviar su cargo de conciencia, el beneficio final es nulo. Bajo esta misma premisa, países, empresas y otras entidades que no reduzcan sus emisiones pueden comprar bonos de carbono para compensarlas, y presentarse como “carbono neutrales”.

En la Argentina, muchas provincias avanzan con acuerdos de venta de créditos de carbono en el MCV. El gobierno de Misiones firmó un acuerdo con la empresa suiza Mercuria Energy Trading S.A (que opera en Vaca Muerta) para la venta de bonos por la captura de carbono de la selva misionera.

Otras provincias, como Tucumán y Salta, también estarían analizando oportunidades para ingresar al mercado voluntario, principalmente a través de la venta de créditos de carbono forestal – créditos que son cuestionados por su calidad y riesgos socioambientales asociados.

Por su parte, el gobierno de Jujuy está impulsando un proyecto de ley para regular y promover iniciativas que generen bonos de carbono en el territorio provincial. En este, se establece que la reducción de emisiones forman parte del “dominio originario que posee la provincia sobre los recursos naturales” y en ese sentido, garantiza que los beneficios se deriven a la provincia y se computen en su inventario de GEI.

El avance de estas iniciativas plantea varios desafíos e interrogantes. Uno de ellos es que distintos actores privados y gobiernos subnacionales están vendiendo reducciones de emisiones a compradores extranjeros de manera descoordinada, sin considerar cómo esto repercute en el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de la Argentina a medio y largo plazo.

Además, la falta de regulación y la ausencia de procesos de consulta previa, libre e informada a las comunidades locales conlleva riesgos sociales y de gobernanza, como la violación de derechos humanos, la distribución desigual de los beneficios con las comunidades y conflictos de tenencia de la tierra, problemáticas que ya han sido ampliamente reportadas en nuestra región.

El proyecto de ley del gobierno de Jujuy, por ejemplo, no establece salvaguardas socioambientales ni criterios claros para evitar que estos proyectos infrinjan los derechos de personas y comunidades históricamente vulneradas. De sancionarse, Jujuy se transformaría en la primera provincia con normativa en la materia, por lo que la incorporación de salvaguardas sociales la participación, el consentimiento y el derecho al territorio de los actores locales y comunidades indígenas sentaría un fuerte precedente para el resto del país.

Finalmente, los mecanismos de compensación sólo deberían contemplarse en el marco de un plan de descarbonización genuino que priorice medidas para la reducción absoluta de las emisiones en el lugar donde se producen.

Por estos días en República Dominicana, se celebra la Semana del Clima de América Latina y el Caribe (LACCW 2022), un espacio de Naciones Unidas para que representantes de gobiernos, sector privado y organizaciones de la sociedad civil dialoguen sobre las respuestas necesarias para hacer frente al cambio climático. Este espacio puede ser decisivo para la discusión de nuevos acuerdos de mercados de carbono entre distintas instancias gubernamentales y privadas.

Si bien países como la Argentina necesitan flujos de financiamiento para atender sus necesidades climáticas y de desarrollo, el atractivo temporal de las inversiones relacionadas con los mercados de carbono puede suponer un riesgo para el cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales, a la vez que contribuye a legitimar la continuidad y expansión de actividades contaminantes –principalmente la explotación y quema de combustibles fósiles– de los países del Norte Global.

La participación de Argentina en los mercados de carbono conlleva una enorme responsabilidad. La necesidad de establecer marcos normativos e institucionales robustos, salvaguardas socioambientales que garanticen el pleno respeto de los derechos de acceso a la información pública, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos ambientales, y de asegurar la transparencia y trazabilidad de los créditos de carbono es una tarea compleja, pero necesaria. Sin estas condiciones mínimas, los mercados de carbono plantean graves riesgos para la ambición climática y muchas comunidades.

SEGUIR LEYENDO: